El debate por la reforma de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro se puso tenso en la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario se presentó ante las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales para advertir que varios artículos del paquete normativo podrían avanzar sobre garantías constitucionales.
El proyecto, denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, busca acelerar la capacidad de respuesta estatal frente al crimen organizado y equipar a las fuerzas de seguridad, al MPA y a las autoridades penitenciarias.
El punto más espinoso es la habilitación de allanamientos sin orden judicial previa cuando se hallan armas ilegales o explosivos en la vía pública, para luego someter el procedimiento a revisión del juez.
El oficialismo defiende la medida porque, según su lectura, los tiempos de tramitación podrían ocultar pruebas. Los penalistas, en cambio, sostienen que la inviolabilidad del domicilio exige autorización previa de un magistrado, salvo excepciones extremas ya contempladas por la ley.
Otro capítulo sensible es la posibilidad de realizar interrogatorios policiales sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Para el gobierno, la facultad sirve para recabar información crucial en los primeros minutos de una investigación. Para los críticos, esa flexibilización pone en riesgo la voluntariedad de los testimonios y el derecho de defensa.
La reforma también faculta al Ministerio Público de la Acusación a disponer medidas coercitivas que no impliquen privación de la libertad, como restricciones de circulación, mecanismos de vigilancia o cauciones, sin autorización judicial previa.
José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, advirtió que ese esquema reduce la figura del juez a un rol meramente posterior sobre decisiones que ya produjeron sus efectos.
El paquete normativo incluye además juicio en rebeldía para imputados notificados que no se presenten a la Justicia, un procedimiento por decreto penal para contravenciones menores, modificaciones en el sistema de inteligencia y excepciones a las reglas que excluyen pruebas obtenidas de manera irregular.
Las objeciones no vienen solo de abogados particulares. En jornadas previas, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y representantes de la defensa pública expresaron reparos similares sobre la delegación de atribuciones estrictamente judiciales.
Frente a las críticas, el oficialismo insiste en que el proyecto es compatible con la Constitución y busca modernizar la capacidad operativa del Estado. El diputado Martín Rosúa, referente en la defensa de la iniciativa, rechazó que se pretenda otorgar poderes irrestrictos a las fuerzas de seguridad.
El texto legislativo aún puede sufrir modificaciones antes de llegar al recinto. La intención de la bancada oficialista es consolidar acuerdos internos dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y someter el proyecto a votación en la Cámara de Diputados durante la sesión programada para el próximo 29 de octubre.
Con información de El Ciudadano, que registró la ronda de consultas y las posiciones de penalistas rosarinos.
Comentarios (10)
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Me preocupa que allanar sin orden previa y después revisar sea abrir la puerta a abusos. La garantía no puede ser un trámite posterior.
Totalmente de acuerdo. Si el juez llega después, ya no puede evitar el daño. Eso es lo que está en juego.
Entiendo la bronca por la inseguridad, pero si se flexibiliza el derecho de defensa, después se paga caro.
Con la policía sin control y el fiscal con más facultades, se arma un combo peligroso. Hay que frenar esto.
No es un combo, es una herramienta. Si hay armas en la calle, no se puede esperar horas por una orden.
No, si el imputado no tiene abogado, el interrogatorio puede volverse una confesión forzada.
Lo que no se puede es usar la inseguridad para achicar garantías. El MPA ya tiene facultades; esto las agranda.
El MPA necesita herramientas. Si no puede tomar medidas sin esperar al juez, se le escapa el caso.
Me parece bien el juicio en rebeldía para los que se dan al vuelo. No puede ser que no se presente y se quede tranquilo.
Ojalá se escuchen los penalistas. Si se aprueba así, después vamos a tener más denuncias por abusos.