A poco más de dos semanas de que entre en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que reduce la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años, el gobierno de Santa Fe sale a despejar dudas: la Provincia no parte de cero y tiene preparada buena parte de la estructura para comenzar a aplicar el nuevo sistema el 5 de septiembre.
Así lo aseguró este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones al programa De boca en boca de Radio 2. El funcionario salió a responder, con nombre y apellido institucional, las advertencias que días atrás había lanzado el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, quien había expresado dudas públicas sobre la existencia de recursos, instituciones y equipos profesionales suficientes para implementar integralmente la reforma.
La respuesta de la Casa Gris es contundente en las formas, aunque reconoce que todavía restan ajustes. Santa Fe cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil estructurado bajo los principios del sistema acusatorio, el mismo que ya funciona para adultos en la provincia. A eso se suma una ley de ejecución de la pena, sancionada en diciembre de ese año, con disposiciones aplicables de manera supletoria a menores. Lo que falta, según explicaron desde el Ministerio, es un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que termine de establecer qué tipo de establecimiento corresponde para cada medida judicial. Un decreto que, a dos semanas del vencimiento, todavía no está firmado.
El nuevo régimen, que derogó la normativa que regía desde 1980, alcanzará a adolescentes de entre 14 y 18 años y tiene como finalidad declarada la educación, la resocialización y la reintegración social, además de la atribución de responsabilidad penal. Un punto clave que Cococcioni se encargó de aclarar: las penas no se equiparan a las de los adultos. «La pena aplicable tiene una reducción y tiene un tope. En el caso de los menores no es aplicable por ley la perpetua, tiene un tope de 15 años», explicó el ministro en Radio 2.
Para la implementación concreta, la Provincia proyecta una estructura de tres niveles según la gravedad del hecho y el perfil criminológico de cada adolescente. El primer escalón será la prisión domiciliaria, con control mediante tobilleras electrónicas. El segundo nivel contempla establecimientos de puertas abiertas, una instancia intermedia sin funcionamiento penitenciario propiamente dicho, a cargo de personal civil. Y en el extremo más grave, para delitos violentos o de mayor complejidad, entrarán en juego los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), establecimientos cerrados con régimen similar al penitenciario pero exclusivamente para adolescentes, separados de los adultos tal como exige la ley nacional.
El sistema también prevé medidas alternativas a la prisión, similares a las intervenciones que hoy realiza el área de Niñez. La ejecución de las medidas de carácter estrictamente penal, en cambio, quedará bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, marcando una separación clara entre la lógica tutelar y la lógica punitiva que el nuevo régimen busca establecer.
La discusión no es menor en Rosario, ciudad que concentra buena parte de la violencia juvenil de la provincia y donde el debate sobre la imputabilidad tiene una carga política y social enorme. La baja de la edad de punibilidad fue una de las banderas del gobierno de Javier Milei y generó rispideces con sectores del peronismo y organismos de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza sin resolver las causas estructurales. Desde la vereda opuesta, sectores de la sociedad civil y fuerzas de seguridad venían reclamando herramientas legales para actuar frente a menores que participan en hechos de extrema violencia.
Lo que queda claro es que Santa Fe llega mejor parada que otras provincias a esta transición, gracias al trabajo legislativo e institucional de los últimos años. Pero el decreto de Pullaro, los equipos especializados y la infraestructura de los CERPJ son deudas que el calendario aprieta. El 5 de septiembre no espera.
Comentarios (14)
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Ya era hora. En Rosario tenemos pibes de 13, 14 años manejando armas para el narcotráfico y la ley los protegía como si fueran víctimas. Algo había que hacer.
Criminalizar a los pibes pobres no soluciona nada. ¿Dónde están las políticas de inclusión, la educación, el trabajo para las familias? Esto es populismo punitivo disfrazado de solución.
Che Valeria, y mientras esperamos las políticas de inclusión los pibes siguen matando gente en el barrio. ¿Qué le decís a la familia de las víctimas?
Le digo que meter a un pibe de 14 años en un centro cerrado no lo va a rehabilitar, lo va a terminar de destruir. Pero claro, eso no vende en los medios.
Lo que me preocupa es lo que dice el juez Cardinale: ¿tienen realmente los recursos? Porque anunciar el sistema es fácil, implementarlo es otra cosa. Espero que el decreto de Pullaro llegue antes del 5 de septiembre.
Hay que reconocer que Santa Fe viene trabajando esto desde 2023 con el código procesal juvenil. No es que arrancaron de cero con la ley de Milei. Eso habla bien de la gestión provincial.
15 años de tope máximo me parece bien. Al menos no van a meter a un adolescente con perpetua. Eso es lo mínimo de humanidad que se puede pedir.
El problema es que si no hay CERPJ suficientes van a terminar mezclando menores con adultos igual, como siempre. La ley dice una cosa y la realidad dice otra.
Exacto Diego. Acá en Rosario lo vimos mil veces: anuncian el sistema, firman el decreto, y después los pibes terminan en Piñero o en Coronda igual. Ojalá me equivoque esta vez.
Soy trabajadora social y lo que más me preocupa es quién va a atender a estos chicos en los centros. Personal especializado en adolescentes en conflicto con la ley no se forma de un día para el otro. Eso es lo que debería estar explicando Cococcioni.
Pullaro viene haciendo las cosas bien en seguridad. Si dice que están listos, le creo más a él que a los que siempre encuentran excusas para no actuar.
A mi me parece bien pero 14 años es muy chico igual. Hay pibes que a esa edad ni saben lo que hacen, los usan los grandes del narco. La ley debería ir más contra los que los reclutan.
Totalmente de acuerdo Braian. El problema es el adulto que manda al menor a hacer el trabajo sucio. Pero ese adulto ya tenía condena posible antes. Esto no cambia eso.
En mi barrio los pibes de 14 ya están en la calle con fierros. Si esto los frena aunque sea un poco, bienvenido sea. Cansado de vivir con miedo.