La Justicia de Santa Fe ordenó a la empresa AR Zinc SA que remedie los daños ambientales en su predio de Fray Luis Beltrán. La medida apunta a evitar un posible colapso de la barranca sobre el río Paraná.
El juez Eugenio Romanini dictó la resolución tras una audiencia en los tribunales de San Lorenzo. El pedido fue impulsado por el fiscal Maximiliano Nicosia, quien alertó por el riesgo de contaminación del río.
La orden judicial exige el cese de estado antijurídico, es decir, la remediación de los daños ambientales. La situación se agravaría por el pronóstico del fenómeno El Niño, que amenaza con contaminar directamente las aguas del Paraná.
La fábrica operó desde 1950 bajo el nombre de Sulfacid en un predio de unas 50 hectáreas entre la Ruta Nacional 11 y el río. En 2005, su paquete accionario fue comprado por la multinacional suiza Glencore.
La producción se paralizó de forma conflictiva en febrero de 2016 tras una avería en un horno. Según la fuente, cientos de trabajadores quedaron sin empleo y la firma no diseñó un plan de saneamiento para las sustancias peligrosas usadas en la producción de zinc electrolítico y ácido sulfúrico.
En 2021, la compró Integra Capital, grupo que preside José Luis Manzano. Ese grupo nuclea inversiones del grupo Vila-Manzano en petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica a través de la distribuidora Edenor. Con la compra, asumió también la responsabilidad del pasivo ambiental, que nunca fue remediado.
El conflicto judicial se centra en un pasivo ambiental que alcanzaría unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos. Se trata de residuos derivados del procesamiento de metales pesados, entre ellos jarosita, plomo, cadmio y arsénico.
La Fiscalía advirtió sobre el impacto ambiental catastrófico para toda la región. Exigió un plan integral que incluya el apuntalamiento del terreno, el cerramiento perimetral para evitar el ingreso de personas y la remediación del suelo contaminado.
La desidia empresaria no sería nueva. La firma ya tenía una orden previa dictada en 2022 por un Juzgado Civil, en el marco de un expediente iniciado en 2020. Esa orden exigía obras de apuntalamiento en la barranca, trabajos que nunca fueron realizados.
Ante la gravedad de la situación, el juez Romanini impuso a AR Zinc SA un cronograma perentorio de cumplimiento inmediato. La decisión judicial busca frenar el riesgo de derrumbe y evitar que los tóxicos lleguen al río Paraná y a las napas subterráneas.
Con información de: El Ciudadano
Comentarios (10)
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Que la barranca esté sobre el Paraná y con 800.000 toneladas de tóxicos es una bomba de relojería. Ojalá la Justicia haga cumplir la orden de verdad.
Lo que más me preocupa es que ya había una orden en 2022 y nunca hicieron las obras. Ahora van a tener que demostrar que no es solo papel.
Bancando la medida judicial. Si no apuntalan la barranca, el riesgo no es solo para Fray Luis Beltrán, es para toda la cuenca.
La parte de El Niño me tiene en alerta. Si vienen lluvias fuertes, el filtrado a las napas puede ser un desastre.
Que la empresa haya comprado el pasivo ambiental y no lo haya remediado es un dato duro. No puede ser que el riesgo lo paguen los vecinos.
Espero que no quede en una nota y después no se sepa más nada. La Justicia tiene que seguir de cerca el cumplimiento.
Que la fábrica haya operado desde 1950 y recién ahora se ordene remediar el pasivo ambiental da bronca. Tardaron demasiado.
Lo de Glencore y luego Integra Capital muestra que el problema pasó de mano en mano, pero la barranca y los tóxicos quedaron ahí.