Treinta y dos años después de que una camioneta Renault Trafic cargada con 300 kilos de explosivos destruyera la sede de la AMIA en la calle Pasteur, la Justicia argentina dio este lunes uno de los pasos más contundentes de su historia en la causa: el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y les impuso a cada uno un embargo de 500 millones de dólares.
La decisión avanza en el marco del juicio en ausencia, un mecanismo habilitado por la Ley 27.784 para delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo. Los imputados permanecen prófugos fuera del país y, según la Justicia argentina, fueron debidamente notificados de las imputaciones y los pedidos de extradición sin presentarse ante los tribunales.
El fallo de Rafecas reconstruye con precisión quirúrgica la cadena de decisiones que terminó en la masacre del 18 de julio de 1994. Según la resolución, la orden de atacar fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní, y su ejecución fue encomendada a Hezbollah. La organización operó con una red de apoyo regional que tuvo como nodo clave a la Triple Frontera, el área que comparten Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, zona históricamente señalada por los servicios de inteligencia occidentales como corredor de financiamiento terrorista.
La reconstrucción judicial es detallada: la camioneta fue adquirida el domingo 10 de julio de 1994, acondicionada con una mezcla de amonal y TNT, y estacionada el viernes 15 a pocas cuadras del edificio. Permaneció allí hasta la mañana del lunes 18, cuando fue trasladada para detonar en el horario de mayor concurrencia. El resultado fue 85 muertos y más de 300 heridos, el peor atentado terrorista de la historia argentina.
Rafecas procesó como autores mediatos a cuatro exfuncionarios de alto rango: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, excanciller; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds. Para el juez, los cuatro participaron desde sus estructuras de poder en la decisión y organización del ataque.
Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, quien era embajador iraní en Argentina al momento del atentado; Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada y referente religioso radicado en Buenos Aires; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Según Rafecas, los tres realizaron aportes esenciales al plan desde el ámbito diplomático y a través de la estructura local vinculada con Irán.
La Justicia dispuso la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Quedaron fuera del análisis el exlíder supremo Alí Khamenei y el dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh, ambos fallecidos, en 2026 y 2008 respectivamente. También murió antes de ser juzgado Alí Hussein Abdallah, en 2020.
Uno de los puntos más significativos del fallo es la calificación jurídica: Rafecas consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y también lo encuadró como genocidio en los términos del derecho internacional. Los delitos atribuidos incluyen homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el empleo de medios capaces de generar peligro común, más daño agravado por motivos discriminatorios.
La resolución se apoya en años de trabajo de la UFI AMIA, conducida por el fiscal Sebastián Basso, quien ya había solicitado el procesamiento y la aplicación del juicio en ausencia. ¿Cuánto tardará la comunidad internacional en tomar nota de esta decisión? Esa es la pregunta que nadie quiere responder.
Lo que está claro es que, aunque los condenados no pisarán una cárcel argentina en el corto plazo, el fallo tiene un peso simbólico y jurídico enorme: por primera vez, un juez argentino establece con nombre y apellido quiénes ordenaron matar a 85 personas en Buenos Aires. Eso no es poca cosa. Es, al menos, el principio de una verdad que tardó más de tres décadas en tomar forma legal.
Comentarios (13)
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Treinta y dos años esperando esto. Mi tía perdió a su marido en ese atentado. No alcanza, pero al menos alguien puso nombre y apellido a los asesinos. Gracias Rafecas.
¿Y de qué sirve procesar a gente que está en Irán y nunca va a venir? Es todo teatro judicial para que parezca que algo pasa. 32 años y cero presos.
Rodrigo, establecer la verdad jurídica no es teatro. Es lo que permite que en el futuro, si alguno sale del país, pueda ser detenido. Además, las familias de las víctimas merecen al menos eso.
500 millones de dólares de embargo cada uno jajaja como si fueran a pagar algo. Esto es un chiste.
El embargo tiene sentido jurídico aunque no se ejecute hoy. Si alguno de estos tipos tiene bienes en países que cooperan con Argentina, se pueden trabar. No es un chiste, es derecho internacional.
Rabbani estuvo en Argentina años, comiendo asados, y nadie lo paró. Ahora lo procesan desde lejos. El Estado argentino tiene una deuda enorme con las víctimas de la AMIA.
Hay que entender que la Ley de juicio en ausencia es relativamente nueva. Antes no existía este mecanismo. Rafecas está usando las herramientas que tiene. Criticar sin contexto es fácil.
Martín, entiendo lo que decís, pero 32 años de impunidad no se explican solo con falta de herramientas legales. Hubo encubrimiento, hubo pactos. Eso también es parte de la historia.
Que se califique como genocidio y lesa humanidad es fundamental. Eso significa que nunca prescribe. Que tarden 32 años es una vergüenza, pero que llegue es un paso.
Me parece bien que avance la causa pero me pregunto por qué tardó tanto. Rafecas lleva años en esto. ¿Qué frenó el proceso durante tanto tiempo?
Lo que frenó el proceso se llama Memorándum con Irán, firmado en 2013. Eso es lo que pasó. Y hay gente que todavía defiende a quienes lo firmaron.
Que Khamenei haya muerto en 2026 sin ser juzgado es una de las injusticias más grandes de este caso. Murió libre. Eso duele.
Fallo histórico. Que quede registrado en la Justicia argentina quiénes fueron los responsables. Las 85 víctimas y sus familias merecían esto desde hace décadas.