Una historia de memoria, justicia y abandono institucional llegó esta semana a instancias internacionales. Carlos Razzetti, hijo de Constantino Razzetti —víctima de la Triple A que fue secuestrado en el tristemente célebre Pozo de la ex Jefatura de Policía de Rosario y cesanteado de la Municipalidad de Rosario durante la última dictadura cívico-militar—, interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado municipal.
Según surge de la presentación, el recurso fue motivado por lo que Razzetti describe como una triple afrenta: la asfixia económica a la que lo sometió el municipio, la denegación de justicia en el ámbito local y el grave riesgo de vida generado por las conductas de la administración comunal. Una acumulación de agravios que, tras agotar las instancias internas, lo obligó a buscar amparo en el sistema interamericano de protección de derechos.
El caso tiene raíces profundas en la historia del terrorismo de Estado en Rosario. Constantino Razzetti fue una de las tantas víctimas de la Triple A —la Alianza Anticomunista Argentina, organización paraestatal de ultraderecha que operó antes y durante la dictadura iniciada en 1976— que además sufrió la persecución laboral sistemática: fue cesanteado de su cargo en la Municipalidad como parte del aparato de represión que no solo encarcelaba y torturaba, sino que también destruía la vida económica y social de sus víctimas y sus familias.
El Pozo de la ex Jefatura de Policía, ubicado en el centro de Rosario, fue uno de los principales centros clandestinos de detención de la región. Por sus instalaciones pasaron cientos de detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado, y su historia es parte fundamental de la memoria colectiva rosarina. Hoy funciona allí el Espacio para la Memoria, aunque la lucha por justicia de muchas familias continúa décadas después.
La decisión de Carlos Razzetti de recurrir a la CIDH —organismo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington que recibe peticiones de personas que consideran que sus derechos fueron violados por un Estado— implica que, a su entender, la justicia argentina agotó sus posibilidades sin darle una respuesta satisfactoria. El sistema interamericano exige precisamente que se hayan agotado los recursos internos antes de admitir una petición, lo que da cuenta del largo camino recorrido por esta familia.
El caso pone en tensión la relación entre la memoria histórica y las obligaciones concretas del Estado municipal hacia las víctimas del terrorismo de Estado y sus descendientes. Más allá de los homenajes y los espacios de memoria, la situación de Carlos Razzetti plantea una pregunta incómoda: ¿qué hace el municipio por quienes siguen pagando en carne propia las consecuencias de aquella persecución?
La presentación ante la CIDH abre un nuevo capítulo en una causa que lleva décadas y que ahora tendrá visibilidad internacional. El organismo interamericano podrá, en caso de admitir la petición, solicitar información al Estado argentino, emitir medidas cautelares si considera que hay riesgo para la integridad del peticionante, y eventualmente derivar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para las organizaciones de derechos humanos de Rosario, este tipo de casos recuerda que la reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado no es solo una cuestión del pasado: tiene consecuencias materiales y jurídicas que siguen sin resolverse en el presente.
Comentarios (13)
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Esta familia lleva décadas buscando justicia y el municipio mirando para otro lado. Que tenga que ir a la CIDH dice todo sobre cómo tratamos a las víctimas del terrorismo de Estado en este país.
¿Y Monteverde qué dice? Porque si esto pasó bajo su gestión, algo tiene que responder. No alcanza con los actos del 24 de marzo.
Hay que aclarar que esto viene de gestiones anteriores también. La deuda con las víctimas no es de un solo intendente, es estructural. Igual el municipio actual tiene la obligación de resolverlo.
Sí, puede ser que venga de antes, pero si Monteverde lleva años en el cargo y no lo resolvió, la responsabilidad también es suya. No se puede escudar siempre en la gestión anterior.
Mi viejo también fue cesanteado en esa época. Sé lo que significa crecer con esa historia familiar. Fuerza Carlos, ojalá la CIDH le dé la respuesta que la justicia argentina no le dio.
La Triple A no fue solo la dictadura, fue el Estado persiguiendo trabajadores mucho antes del 76. Eso hay que decirlo fuerte.
Abogada acá. El recurso ante la CIDH es un paso serio, no es algo que se hace de un día para el otro. Significa que agotó todas las instancias locales sin resultado. Eso es gravísimo para el Estado municipal.
Che, ¿alguien sabe en qué consiste exactamente la 'asfixia económica' que menciona? ¿Le deben plata de la cesantía del padre o es otra cosa?
No está del todo claro en la nota, pero generalmente en estos casos implica falta de reparación económica, pensiones no reconocidas o beneficios laborales que nunca se restituyeron a la familia. Es una deuda histórica del Estado.
Cuántas familias más estarán en la misma situación y no tienen ni los recursos ni el conocimiento para llegar a la CIDH. Este caso es la punta del iceberg.
Ojalá esto sirva para que otros municipios del país también empiecen a tomarse en serio la reparación a las familias. No puede ser que en 2026 sigamos así.
Respeto el dolor de la familia, pero me pregunto si la CIDH realmente puede obligar al municipio a hacer algo concreto. Estos organismos internacionales a veces emiten resoluciones que nadie cumple.
Diego, puede que tengas razón en que el cumplimiento es difícil, pero la presión internacional importa. Muchos avances en derechos humanos en Argentina vinieron por condenas internacionales.