El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal por las operaciones con derivados sobre oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina durante 2025 y pidió el allanamiento y secuestro, o la copia forense, de los servidores y correos institucionales del organismo.
La presentación apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y también contra Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio de la autoridad monetaria.
Dalbón solicitó que se investigue si las operaciones causaron un perjuicio para el Estado, cómo se eligieron las entidades que actuaron como contrapartes y si hubo comisiones, honorarios o beneficios indebidos. Entre las figuras penales mencionadas están la posible administración fraudulenta, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escrito también plantea una supuesta asociación ilícita, en caso de acreditarse una estructura estable destinada a cometer delitos. Uno de los ejes de la ampliación es la presunta participación del Deutsche Bank en las operaciones, según publicaciones periodísticas citadas por el denunciante.
Según esas versiones, las operaciones habrían funcionado como una cobertura frente a una eventual caída del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo a un valor de algo más de US$ 3.000 por onza, cuando la cotización superaba los US$ 4.000. El propio escrito aclara que esa descripción no surge del informe de auditoría de la AGN y debe ser confirmada mediante los contratos.
La presentación pone el foco en el dinero que pudieron haber percibido las entidades financieras que intervinieron. “No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado”, advirtió Dalbón. Señaló que se mencionó públicamente una cifra superior a los u$s60 millones, aunque pidió que ese dato sea verificado durante la investigación.
El abogado sostuvo que, de acuerdo con la información periodística citada, el BCRA se habría negado a entregar a la Auditoría General de la Nación copias de los contratos, documentos que permitirían conocer las condiciones pactadas y quiénes autorizaron las operaciones. Otro punto es que Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales con el Deutsche Bank. Esa circunstancia, por sí sola, no acredita una irregularidad, pero la denuncia solicita que se esclarezca cómo se seleccionó a la contraparte y qué controles se aplicaron.
Dalbón justificó el pedido de allanamiento en que la prueba principal de la causa es documental y electrónica y se encuentra en poder del propio organismo investigado. “La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”, sostuvo. Por eso, solicitó que la medida alcance a los correos de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del BCRA, además de los servidores y los registros de acceso y modificación de archivos.
El pedido comprende las comunicaciones intercambiadas durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras entidades vinculadas con las operaciones. El objetivo es preservar los registros y reconstruir quiénes participaron de las decisiones, cómo se negociaron los contratos y qué costos tuvieron las transacciones. El denunciante advirtió que la información electrónica puede ser modificada, ocultada o suprimida por quienes tienen acceso a ella.
Comentarios (10)
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Me preocupa que la prueba esté en poder de los denunciados. Ojalá el juez ordene la copia forense rápido.
Exacto, por eso piden allanar correos de Presidencia, Directorio y áreas de riesgos. Si no, se borra todo.
¿Y vos creés que van a aceptar allanar el BCRA? Con las máximas autoridades denunciadas, no va a ser fácil.
Si se mencionó una cifra superior a los 60 millones, hay que ver quién cobró comisiones o honorarios. No alcanza con que no se conozcan los montos.
¿Y por qué el BCRA no entregó los contratos a la AGN? Eso me parece lo más grave.
Eso mismo, si no entregaron copias a la AGN, la copia forense de los servidores es clave.
Ojo, el escrito aclara que la versión de US$3.000 por onza no sale del informe de auditoría. Hay que esperar los contratos.
Igual, si la cotización superaba los US$4.000, la operación de cobertura tiene que explicarse con los contratos.
Me parece bien que se investigue si hubo asociación ilícita, pero también hay que ver si hubo perjuicio para el Estado.
Al menos se está pidiendo reconstruir quiénes participaron de las decisiones y cómo se negociaron los contratos.