Lo que salió a la luz en el Tribunal Oral Federal de San Martín no es una novedad para quienes conocen cómo funciona el negocio narco en el conurbano bonaerense: la droga no solo circula entre dealers y jefes de banda, sino que a veces los encargados de combatirla son los mismos que la roban para volver a venderla.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín dictó condenas de hasta 17 años de prisión contra 19 expolicías bonaerenses que prestaron funciones en delegaciones antidrogas de las zonas sur y norte del conurbano. Junto a ellos, otros 6 civiles —entre los que se cuentan dos abogados— también recibieron penas por su participación en una trama que combinó extorsión, falsedad documental y tráfico de estupefacientes.
El blanco de la operación era el clan narco de los Loza, una organización con presencia en el conurbano que fue víctima —si es que ese término aplica— de una extorsión sistemática por parte de quienes debían perseguirla. El mecanismo era tan simple como perverso: los policías se apoderaban de la droga secuestrada o directamente la robaban de los cargamentos de la organización, para luego reinsertarla en el circuito de comercialización ilegal. Un negocio redondo, financiado con el propio veneno que supuestamente combatían.
Los delitos por los que fueron condenados van desde falsas declaraciones testimoniales y falsedad de instrumentos públicos hasta extorsiones directas. La presencia de dos letrados entre los imputados agrega una capa más de podredumbre al expediente: no solo había uniformados corruptos, sino también operadores jurídicos que engrasaban la maquinaria.
¿Cuánto tiempo estuvo funcionando esta estructura antes de que alguien la desarticulara? Esa es la pregunta que debería incomodar a más de uno. Porque una red de 19 policías activos en delegaciones antidrogas no se arma de un día para el otro, ni opera sin que nadie en la cadena de mando lo sepa o lo sospeche.
El caso desnuda una vez más la doble cara del narcotráfico en el conurbano: una organización como los Loza, que opera en la ilegalidad, siendo extorsionada por quienes tienen el poder del Estado en sus manos. No hay buenos en esta historia. Pero sí hay responsabilidades muy distintas, y la de quienes juran proteger a la ciudadanía pesa más que cualquier otra.
Las condenas, con un máximo de 17 años, representan un golpe institucional significativo para la Policía Bonaerense, una fuerza que arrastra denuncias de corrupción estructural desde hace décadas. La pregunta que queda flotando es si estas sentencias son el principio de una limpieza real o apenas la punta de un iceberg que nadie tiene verdadero interés en derretir.

Comentarios (13)
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17 años el máximo para tipos que usaban el poder del Estado para traficar droga. Una vergüenza. Deberían pudrir en la cárcel a todos, incluidos los abogados cómplices.
Bien que los condenaron, pero me pregunto cuántos más siguen en actividad haciendo exactamente lo mismo. Esto es la punta del iceberg nomás.
Jajaja 'víctimas' los narcos de los Loza. El mundo al revés. Igual los canas son unos hdp.
Hay que reconocer que el sistema judicial funcionó en este caso. 19 condenados no es poca cosa. El problema es que tardó años en llegar a juicio.
Che, y los jefes que sabían todo y miraban para otro lado? Esos no aparecen nunca en las condenas.
Tenés razón en eso, la cadena de mando siempre zafa. Pero algo es algo, no?
Lo de los abogados me parece lo más grave. Son profesionales que juran defender la ley y terminan siendo parte de la red narco. Que les saquen el título además de la condena.
Acá en Rosario tenemos los mismos problemas con la fuerza, así que no me sorprende nada de lo que pasa en el conurbano. Es un problema nacional.
Ojo que los Loza tampoco son ninguna víctima. Son narcos. Que se peleen entre ellos, el problema es que en el medio queda la gente del barrio.
Exacto Diego. Nadie es inocente en esta historia. Ni los canas ni los narcos. Los que pagan son los vecinos de los barrios donde tiran toda esa droga.
Desde el punto de vista institucional, que el Poder Judicial llegue a una condena de esta magnitud —19 policías en actividad— es un hecho que no debe minimizarse. El problema estructural persiste, pero la sentencia sienta precedente.
precedente jajaja en este pais los precedentes no sirven para nada. el año que viene hay otros 19 haciendo lo mismo