El debate sobre la regulación de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe tiene fecha en el calendario: el Senado provincial se apresta a tratar una sesión clave sobre el tema, y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ya marcó la cancha con una postura clara: sanciones rápidas, sin juicios y sin derrochar recursos del sistema penal.
En declaraciones a Aire de Santa Fe, Cococcioni definió la actividad de los trapitos como un factor criminógeno que eleva el nivel de riesgo en la vía pública. "Es una situación que provoca un contacto social no solicitado por la persona y, en principio, es un factor de riesgo", sostuvo el funcionario, quien conduce la cartera de Seguridad en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Sin embargo, el ministro introdujo un matiz importante: no todas las realidades locales son iguales. Hay municipios que, en lugar de prohibir la actividad, optan por otorgar tiqueteras a los cuidacoches como forma de regulación informal. Por eso, Cococcioni planteó que la futura ley debería penalizar la actividad únicamente en los distritos donde los gobiernos locales la hayan prohibido expresamente, respetando la autonomía municipal.
El punto más contundente de su intervención apuntó directamente al diseño operativo de la norma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. "No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", disparó Cococcioni con una franqueza que difícilmente deja lugar a interpretaciones.
La alternativa que propone el Ministerio de Seguridad es concreta: implementar un "decreto penal de prohibición de concurrencia", una herramienta contravencional que permitiría a la policía retirar al infractor del lugar y restringir su reingreso a la zona afectada, sin privación de la libertad y sin activar el costoso engranaje judicial.
La lógica detrás de la propuesta es coherente con una visión de gestión eficiente: si el Estado puede resolver un problema de orden público con una herramienta administrativa ágil, cargar el sistema penal con fiscales, juicios y expedientes es un lujo que la provincia no debería darse. El debate en el Senado dirá si los legisladores comparten esa mirada o prefieren un esquema más garantista —y más caro— para abordar una problemática que en ciudades como Rosario tiene una presencia cotidiana y conflictiva en barrios comerciales y zonas de alta circulación vehicular.
La discusión sobre los cuidacoches no es nueva en Santa Fe. Desde hace años, vecinos y comerciantes de distintas ciudades de la provincia denuncian situaciones de extorsión y hostigamiento por parte de personas que cobran de manera compulsiva por "cuidar" vehículos estacionados en la vía pública. La problemática se agudizó en el contexto de crisis social y fue objeto de múltiples proyectos legislativos que nunca lograron avanzar hasta esta instancia.
Comentarios (13)
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Por fin alguien con sentido común. ¿Para qué gastar en fiscales y juicios por un trapito? Que el policía lo saque y listo. Así de simple.
Vivo en Pichincha y todos los días me paran tres trapitos distintos. Esto tiene que terminar ya, no importa cómo lo resuelvan, pero que lo resuelvan.
Me parece bien la propuesta de Cococcioni, pero me preocupa que sin un proceso mínimo se puedan cometer abusos policiales. ¿Quién controla que el policía no use eso para perseguir gente por otras razones?
Valentina, entiendo la preocupación pero si esperamos el juicio perfecto no resolvemos nada. El garantismo extremo es lo que nos trajo hasta acá.
No es garantismo extremo pedir controles básicos. Una cosa es agilizar el proceso y otra es darle carta blanca a la policía sin ningún tipo de supervisión.
Jajaja el tano diciendo que el garantismo nos trajo hasta acá... ¿y la falta de trabajo, la pobreza, eso no tiene nada que ver? Fácil echarle la culpa a los derechos.
Trabajo en un comercio en el centro de Rosario. Los trapitos son una extorsión diaria. Mis clientes no quieren venir porque les cobran apenas bajan del auto. Apoyo cualquier medida que los saque.
Lo de las tiqueteras en algunos municipios no lo sabía. Interesante que no sea todo blanco o negro.
¿Y los que viven de eso qué hacen? No digo que esté bien lo que hacen, pero si no tienen otra opción es un problema social, no policial.
Lucho, el problema social lo resuelve el Estado con políticas de empleo, no permitiendo que te extorsionen en la calle. Son cosas distintas.
Cococcioni tiene razón en una cosa: meter fiscales y jueces para sacar a un trapito es un despropósito. Pero el decreto de prohibición de concurrencia también necesita algún tipo de registro para que no se abuse.
en rosario hay trapitos hasta en las esquinas de los hospitales, una verguenza, que los saquen de una vez
Me parece bien que el Senado finalmente trate esto. Años de proyectos cajoneados y recién ahora se mueven. Ojalá no sea solo para la foto.