La discusión por los cuidacoches en Rosario entró en una nueva etapa. Con la ley provincial que prohíbe la actividad ya sancionada, el debate municipal empieza a concentrarse en cómo se aplicará ese régimen y qué herramientas tendrá el municipio para intervenir.
El Concejo Municipal realizó este viernes la cuarta mesa de trabajo sobre el tema. Uno de los datos centrales que dejó el encuentro fue el resultado del relevamiento: hay 1.395 cuidacoches identificados en la ciudad y 1.218 de ellos se concentran en el radio céntrico.
Además, durante 2025 se registraron 200 detenciones policiales vinculadas con la actividad. La concentración en el centro aparece así como uno de los principales elementos para pensar cómo será el despliegue de los controles una vez que el nuevo régimen quede operativo en la ciudad.
La normativa provincial establece la prohibición de la actividad y la incorpora al régimen contravencional. Ahora cada municipio debe establecer su propio marco local para hacer efectiva la prohibición.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, planteó durante la reunión la necesidad de avanzar con la correspondiente ordenanza de adhesión. Esa norma funcionará como herramienta municipal para aplicar la nueva legislación.
La nueva legislación considera la actividad una falta contravencional y no un delito. Para quienes ejerzan tareas de cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos en lugares donde la actividad esté prohibida, contempla sanciones de entre 10 y 20 días de arresto.
El juzgamiento de esas infracciones quedará a cargo de la Justicia de Faltas provincial. La implementación, además, contempla la posibilidad de que los municipios requieran la intervención de las fuerzas de seguridad, mientras que el abordaje deberá articularse con las áreas estatales vinculadas al control y las políticas sociales.
Durante la mesa también apareció una distinción sobre las distintas situaciones vinculadas a los cuidacoches. En concreto, se planteó la necesidad de diferenciar los casos en los que existe extorsión o control organizado de determinadas zonas de aquellos en los que una persona solicita voluntariamente una colaboración para obtener un ingreso.
El dato de 1.218 cuidacoches en el centro obliga a pensar un despliegue que no sea solo punitivo. Si la prohibición se aplica sin distinguir situaciones, puede terminar golpeando a quienes buscan un ingreso y dejando intactas las estructuras que controlan zonas.
La ordenanza de adhesión será clave para definir cómo se controlará la actividad. Ahí se decidirá si el municipio prioriza la Justicia de Faltas, la intervención de las fuerzas de seguridad o el acompañamiento social.
La diferencia entre extorsión y colaboración voluntaria no es un detalle menor. Si el municipio no la incorpora en el marco local, la prohibición puede quedar desdibujada y el control, inoperante.
Comentarios (10)
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1.218 en el centro es un dato duro. Si no hay protocolo claro, va a ser un desastre.
Ojalá que se separe a los que extorsionan de los que buscan un ingreso. No todo es igual.
La ordenanza de adhesión va a ser la clave. Ahí se define si se controla o se deja pasar.
El centro es el punto crítico. Ahí se nota más el control de zonas.
Y los 200 detenidos en 2025? Que no sea solo para la foto.
La Justicia de Faltas tiene que estar preparada. Si no, van a acumular causas.
10 a 20 días de arresto? Para algunos va a ser menos que una multa.
Me parece bien que se diferencie extorsión de colaboración. Pero que no quede en papel.
Que se articule con políticas sociales, no solo con la policía.
Espero que no termine siendo un problema de centro y se ignore el resto de la ciudad.