El gobierno de la provincia de Santa Fe ejecutó este miércoles el decomiso de un edificio de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires al 1000, en el corazón del microcentro rosarino. El inmueble pertenecía al imputado Leandro Pérez, uno de los involucrados en la causa judicial conocida como la megaestafa inmobiliaria, y generaba ingresos ilícitos de hasta 20 millones de pesos por mes a través de alquileres temporarios.
El operativo fue encabezado por el secretario de Gestión en Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, y el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini. Ambos funcionarios del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro coordinaron la toma de posesión del edificio tras notificar a los inquilinos con más de un mes de anticipación. Según explicó Figueroa Escauriza, los ocupantes alquilaban en modalidad mensual o incluso quincenal, una dinámica que el Estado provincial identificó como una maniobra deliberada para seguir recaudando dinero ilícito.
Sin embargo, el operativo no estuvo exento de tensión. La noche previa al decomiso, más de 15 personas ingresaron violentamente al edificio, forzando puertas y barrotes con el objetivo de usurpar las instalaciones. "Por incentivo de que no sabemos todavía quién, ya nos vamos a enterar, vinieron más de 15 personas anoche que se metieron a las habitaciones, barroteando las puertas para poder usurpar la propiedad", describió Figueroa Escauriza. Todos fueron desalojados antes de que el operativo oficial tomara control del inmueble.
El funcionario fue contundente respecto a las motivaciones detrás del intento de usurpación: "Toda esa gente que vino de muy mala fe a querer usurpar la propiedad fue desalojada", para evitar que el edificio se convirtiera en un "aguantadero en pleno microcentro". Escauriza también advirtió que este tipo de reacciones son previsibles "cuando tocamos la plata de los delincuentes".
El secretario Angelini amplió el marco político de la acción, enmarcándola en una estrategia integral del gobierno provincial para desfinanciar a las organizaciones delictivas. "Vamos tras toda la cadena que cometen delitos. Desde aquel que vende en la calle, narcomenudeo, desde aquel que distribuye, del que tiene el búnker, del que tiene el arma de fuego, el que comete violencia lesiva, pero también de los delincuentes de guantes blancos, de los delincuentes que avanzaron y se enriquecieron muchísimo en todos estos años", enfatizó el funcionario.
La lógica es clara desde el punto de vista de la gestión: cortar el flujo de caja de las organizaciones criminales es tan eficaz como la detención de sus integrantes. Cada día que el edificio seguía operando bajo administración ilícita representaba dinero que engrosaba las arcas del delito. El decomiso y la posterior subasta son, en ese sentido, una herramienta de política criminal con impacto económico directo.
Respecto al destino del inmueble, las autoridades ya tienen un plan definido. Tras completar el desalojo y realizar un relevamiento exhaustivo de las condiciones edilicias, el edificio será cerrado y preparado para su subasta pública, prevista para marzo o abril de 2027. Los fondos obtenidos, en el marco de la normativa de extinción de dominio, deberían reingresar al Estado provincial.
La causa de la megaestafa inmobiliaria involucra a una red que habría defraudado a numerosas personas en operaciones de compraventa de propiedades en Rosario y la región, acumulando bienes que ahora el Estado busca recuperar para el patrimonio público.
Comentarios (15)
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Por fin el Estado hace algo concreto. Que se queden sin la plata es lo que más les duele a estos delincuentes. Ojalá sigan con más propiedades.
20 palos por mes en alquileres truchos en pleno centro... y nosotros pagando impuestos para que funcione el Estado. Una vergüenza que tardaron tanto en actuar.
Me pregunto quién mandó a esas 15 personas a usurpar justo la noche antes del operativo. Alguien les avisó. Hay que investigar eso también.
Claramente alguien filtró el operativo. Eso de que 'no saben quién los mandó' es un chiste, en Rosario todos saben cómo funcionan estas redes.
¿Y los inquilinos que alquilaban de buena fe qué hacen ahora? No todos los que estaban ahí eran cómplices. Eso no lo aclara nadie.
La nota dice que fueron notificados con más de un mes de anticipación, así que tuvieron tiempo de buscar otra cosa. No es que los dejaron en la calle de un día para el otro.
jaja los delincuentes de guantes blancos siempre zafaban, ahora les toca a ellos. bien ahí Pullaro
Angelini tiene razón en algo: el crimen organizado en Rosario no es solo el que vende en la esquina. Hay toda una estructura económica detrás que nadie tocaba. Esto va en la dirección correcta.
Subasta en marzo del año que viene... o sea que el edificio va a estar cerrado y vacío casi un año en pleno centro. Qué desperdicio, podrían usarlo para algo mientras tanto.
Coincido con LaFlaca, un año parado en Buenos Aires al 1000 es un año de deterioro del inmueble y de la cuadra. Que lo subasten rápido o que lo usen para vivienda social transitoria.
Vivienda social en un bien decomisado de una estafa inmobiliaria... la ironía sería perfecta.
Lo que me llama la atención es que la causa se llama 'megaestafa' pero poco se habla de las víctimas, los que perdieron su plata comprando propiedades. ¿Algo de lo que se recupere va a ir para ellos?
Esto es lo que pasa cuando el Estado llega tarde. Años y años de mirar para otro lado y ahora se llenan la boca con el decomiso. Bienvenido pero no alcanza.
Que bueno que por fin se aplica la extinción de dominio en serio. En otros países esto es moneda corriente para golpear al crimen organizado donde más duele: en el bolsillo.
¿Alguien sabe si hay más propiedades de esta causa que van a decomisar? Porque si este tipo tenía un edificio de 27 departamentos en el centro, no debe ser el único bien.