Gabriel Godoy salió a la calle el 4 de junio y vio algo que llevaba más de veinte años esperando: los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones, abandonando el barrio Los Fresnos de San Nicolás de los Arroyos. Se subió a la moto y los siguió durante varias cuadras gritando "¡Fuera Atanor!". Una escena que resume décadas de lucha popular contra una de las plantas de agroquímicos más cuestionadas del país.
Atanor, productora de glifosato, atrazina y 2,4D, pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos y presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa. La planta de San Nicolás era una de sus tres instalaciones en el país, junto a las de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Durante años, los barrios lindantes convivieron con olores nauseabundos, contaminación del agua y un aire que muchos vecinos describen como irrespirable.
El cierre no fue un regalo de la empresa: fue arrancado a fuerza de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y provinciales, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, la explosión de un reactor de atrazina en marzo de 2024 que terminó de exponer ante la opinión pública lo que los vecinos venían denunciando desde los años 90. Esto es lo que pasa cuando el Estado mira para otro lado durante veinte años: la gente paga con su salud.
La madrugada del 20 de marzo de 2024 quedará grabada en la memoria del barrio. Una explosión sacudió la zona y de inmediato los vecinos sintieron ardor en los ojos y la garganta. Durante horas, ninguna autoridad ni la empresa dieron explicaciones. Mientras tanto, una lluvia de partículas blancas —que luego se identificó como atrazina, un herbicida tóxico— caía sobre casas, veredas y patios. Miriam González, de 69 años, vecina del Barrio Química desde hace medio siglo, lo vivió en carne propia: "Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de 'nieve' enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua".
González también recuerda la "nube amarilla" de mediados de los 90, los primeros olores ácidos, y cómo con los años empezaron a multiplicarse los casos de cáncer de colon, esófago y mama en el barrio. "Se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra", describe. Ella misma va por su quinta operación de riñón por cálculos que los médicos no logran explicar. El cuerpo de los vecinos lleva escrita la historia de la contaminación.
Ahora, con el desmantelamiento en marcha, la justicia avanza. El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de Atanor, en el marco de una de las causas por contaminación. En ese mismo expediente también están imputados funcionarios bonaerenses, lo que confirma que la complicidad con el poder político fue parte del problema durante años.
Pero el cierre de la planta no cierra el problema. El desmantelamiento abre una nueva etapa, quizás la más compleja: determinar la dimensión real del daño ambiental acumulado durante décadas, definir qué tareas de remediación serán necesarias y, sobre todo, establecer quién pagará esa remediación. Porque si algo enseña la historia de los pasivos ambientales en Argentina es que las empresas se van y los vecinos se quedan con el suelo contaminado, el agua envenenada y las enfermedades.
La lucha de los vecinos de San Nicolás es un espejo de lo que ocurre en decenas de comunidades de la región pampeana, donde la expansión del modelo agroquímico se hizo a costa de la salud popular. Que una multinacional haya tenido que retroceder después de veinte años de resistencia es una victoria que hay que reconocer. Pero la victoria real llegará cuando haya remediación efectiva, cuando los responsables sean condenados y cuando ningún barrio obrero vuelva a ser el patio trasero de una empresa que produce veneno.
Comentarios (15)
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Veinte años tardaron. Veinte años de gente enfermándose, de cáncer en los barrios, de agua contaminada. Y la empresa se va tranquila, sin pagar un peso de remediación. Esto no es justicia, es apenas el primer paso.
Lo mismo que pasa en los barrios de acá con los fumigadores. Mientras la soja deja plata, los vecinos se mueren. El modelo agro-exportador tiene víctimas concretas y nadie las nombra.
Hay que ser cuidadosos con los datos. La atrazina tiene estudios contradictorios sobre su toxicidad en humanos. No digo que no haya que regular, pero mezclar todo como si fuera veneno puro tampoco ayuda al debate serio.
Martín, decile eso a Miriam González que va por la quinta operación de riñón. O a las familias de los que murieron de cáncer en el barrio. Los 'estudios contradictorios' no les devuelven la salud.
Claudia, entiendo el dolor y no lo minimizo. Pero la causalidad directa entre una sustancia y una enfermedad específica requiere evidencia epidemiológica. Sin eso, la empresa gana en los tribunales. Por eso digo que hay que ser precisos.
che y los funcionarios bonaerenses imputados quiénes son? eso me parece lo más importante y acá no se dice nada
Una empresa yanqui produciendo glifosato en un barrio obrero argentino durante 20 años. Eso es el extractivismo en la cara más cruda. Y encima hay que agradecer que se vayan.
Yo trabajo en agroindustria y entiendo que hay que regular mejor, pero si cerramos todas las plantas de agroquímicos del país, ¿quién produce los insumos para el campo? ¿Los importamos y le damos trabajo a Brasil?
Jorge la pregunta no es si producir o no producir. Es si producir en el medio de un barrio residencial sin controles. Hay una diferencia enorme.
Que emotivo lo de Gabriel Godoy siguiendo los camiones en la moto. Eso es lo que se llama resistencia popular. Veinte años sin bajar los brazos. Respeto enorme.
y ahora quien paga la remediacion?? seguro que no la empresa, seguro que lo pagamos todos con impuestos mientras los directivos siguen cobrando sus sueldos en dolares
Trabajo en salud pública y los testimonios de los vecinos son consistentes con exposición crónica a organoclorados. El problema es que el sistema de salud no registra estos casos como cluster ambiental, entonces la evidencia queda dispersa y es difícil de usar en juicio.
Miriam González 69 años, quinta operación de riñón, 50 años en el barrio. Eso es todo lo que necesito saber. Que se pudran en la cárcel los directivos.
Ojalá que esto sirva de precedente para otras comunidades que están peleando lo mismo en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe. La lucha de San Nicolás abre un camino.
Lo que me preocupa es que la empresa se va pero el suelo queda contaminado para siempre. ¿Alguien sabe si hay algún plan concreto de remediación o es todo promesas?