La Universidad Nacional de Rosario se sumó al rechazo generalizado contra el proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei envió al Senado para reformar el sistema de pensiones por discapacidad. La iniciativa, bautizada como "Proyecto de Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", obliga a reempadronar a más de un millón de beneficiarios actuales y endurece significativamente los requisitos de acceso.
El antecedente de esta reforma se remonta al invierno de 2024, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni mostró con sorna una radiografía de la cola de un perro para denunciar supuestos fraudes en el otorgamiento de pensiones por invalidez. Esa imagen, que se viralizó como emblema de un Estado "descontrolado", fue posteriormente desmentida como pieza de propaganda para instalar sospechas sobre el sistema.
La propuesta modifica tres pilares normativos fundamentales: la Ley 13.478 de pensiones no contributivas, la Ley 24.901 del sistema de prestaciones básicas, y la Ley 27.793 de financiamiento extraordinario. El mensaje político que acompaña el texto es explícito: el Ejecutivo sostiene que el crecimiento del número de pensiones en las últimas dos décadas vuelve "inevitable" la sospecha sobre las condiciones en que fueron otorgados.
El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, quienes deberán volver a acreditar historia clínica, situación patrimonial, grupo familiar y condiciones de imposibilidad laboral. La ausencia de documentación o cualquier inconsistencia habilitará suspensiones preventivas y bajas del beneficio que no supera los $350.000 mensuales.
Una de las contradicciones más crueles del proyecto es que plantea incompatibilidad entre el cobro de una pensión y un empleo formal, obligando a elegir entre trabajar o conservar el beneficio. Esta dicotomía va contra el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a promover empleo en condiciones de igualdad.
La Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a las universidades públicas del país incluyendo la UNR, manifestó su "enérgico rechazo" al proyecto y advirtió que las medidas constituyen "un retroceso incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos".
Argentina adhirió en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional. Desde entonces, las personas con discapacidad dejaron de ser concebidas como objetos de asistencia para ser reconocidas como sujetos plenos de derecho. Este proyecto colisiona frontalmente con ese paradigma.
En un país donde el cupo laboral por discapacidad no llega a cumplirse, esta reforma estaría institucionalizando barreras más que derribarlas, contradiciendo el espíritu inclusivo que debería guiar las políticas públicas en esta materia.
Comentarios (10)
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Una vergüenza esta reforma. Mi hermano tiene discapacidad y trabaja medio tiempo, ahora lo van a obligar a elegir entre el laburo y la pensión que necesita para vivir.
Está bien que se controle, hay mucho vivo que cobra sin necesitarlo. Pero que no jodan a los que realmente lo necesitan.
¿En serio Carlos? ¿Vos sabés lo que es vivir con 350 lucas por mes? Nadie se hace rico con una pensión por discapacidad.
Como médico que evalúa discapacidades, puedo decir que el sistema actual ya tiene controles. Esta reforma es puro show político sobre las espaldas de los más vulnerables.
La UNR hace bien en rechazar esto. Las universidades públicas siempre defendieron los derechos humanos, no como estos fachos.
Mi vecina tiene síndrome de Down y trabaja en un supermercado. Con esta ley la van a obligar a dejar el trabajo que tanto le costó conseguir. Es una crueldad.
Hay que ser realistas, el Estado no puede mantener a todo el mundo. Pero que lo hagan bien, no a las apuradas.
Tano, una cosa es ser realista y otra es cagar a los discapacitados. ¿Vos te pensás que es fácil conseguir laburo teniendo una discapacidad?
Trabajo en ANSES y ya estamos desbordados. Imagínense reempadronar a un millón de personas... va a ser un caos total.
Milei prometió que no iba a tocar los derechos de los discapacitados. Otra mentira más del peluca.