El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a la expartera Dolly Viale de Garrido por la supresión o alteración de la identidad de un menor y la falsedad ideológica de un documento público. La medida se enmarca en la denuncia presentada por Roberto Fargioni, quien en noviembre de 2023 inició el reclamo que hoy llega a una resolución judicial.
Según la resolución, la mujer de 88 años es considerada “autora” del delito previsto en el artículo 139 inciso 2 y el artículo 293 del Código Penal, en función de lo establecido por el artículo 292. El juez la vinculó con la supresión o alteración de la identidad de un menor de 10 años y con la falsificación de un acta de nacimiento.
La causa arrancó cuando Roberto Carlos Fargioni denunció que, tras un examen de ADN de 2014, no tenía vínculo genético con sus padres criadores, Nélida Leporatti y Roberto Nazareno Fargioni. Su madre le confesó que acudieron a una partera de la zona sur para conseguirlo porque no podían concebir.
El expediente, que comenzó en la provincia de Santa Fe, pasó al fuero federal en mayo de 2024 porque los hechos se vinculan con el período de la última dictadura militar y podrían configurar delitos de supresión de identidad y de lesa humanidad. Ese cambio de fuero le dio a la investigación un alcance más amplio y una mirada más estricta sobre la verdad.
La imputación central apunta a que Viale de Garrido habría certificado falsamente el acta de nacimiento N° 898, señalando que Leporatti y Fargioni eran los padres biológicos del niño nacido en septiembre de 1978. Con ese accionar, el juez sostiene que se alteró la filiación, se permitió la obtención del DNI y quedó suprimida la identidad de la víctima, que aún no fue resuelta.
En paralelo, el análisis de ADN de 2014 excluyó la paternidad y maternidad biológica de ambos padres criadores. Declaraciones de vecinos y conocidos afirmaron que la madre criadora jamás estuvo embarazada. Además, un testimonio señaló la intervención del médico ginecólogo Dr. Capitane Funes, quien habría dicho que el bebé provenía de una joven estudiante del norte que dio a luz en el Hospital Baigorria.
En el domicilio de la procesada se secuestraron certificados de “Nacido Vivo” en blanco con sellos de la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña y recetarios oficiales a su nombre. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad remitió información sobre al menos otros siete casos análogos de personas con dudas de identidad cuyos certificados figuran firmados por Viale.
El juez también dispuso trabar embargo sobre los bienes de la procesada hasta cubrir la suma de pesos diez millones, monto que se estima suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso. Respecto de la libertad provisional, fijó una caución real de pesos cinco millones en un plazo de cinco días.
La resolución judicial deja en evidencia una herida que sigue abierta: la búsqueda de una identidad que fue alterada, la necesidad de que la justicia avance con firmeza y la obligación de que cada persona pueda saber de dónde viene. En un país que todavía procesa las consecuencias de la dictadura, esta causa no es solo un expediente: es la lucha por la verdad de una familia y de otros casos que esperan respuesta.
Comentarios (11)
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Por fin una resolución. La identidad no es un trámite, es un derecho. Que sigan investigando los otros siete casos que remitió la CONADI.
Me preocupa que la mujer tenga 88 años. La justicia debe avanzar, pero también hay que ver si puede responder por los hechos.
Tardaron años en procesar. La impunidad siempre llega tarde para las familias que buscan a sus hijos.
No es tarde. La verdad no prescribe. Mejor que nada, y con el embargo al menos hay una consecuencia concreta.
Con 88 años y una caución de 5 millones, esto se vuelve un trámite. La verdad no alcanza si no hay prisión efectiva.
Lo del Hospital Baigorria y el ginecólogo es clave. Ojalá se investigue a fondo si hubo más personas involucradas.
Que la CONADI haya mandado otros siete casos muestra que no fue un hecho aislado. Eso tiene que abrir más causas.
Siempre son otros casos. Lo que falta es que se procese a todos los responsables, no solo a la partera.
Me parece importante que se mencione la dictadura. En ese contexto, la causa tiene un peso mayor para la búsqueda de la verdad.
Embargo de 10 millones suena fuerte, pero hay que ver si realmente tiene bienes. Que no quede en papel.
Al menos hay una medida patrimonial. Si no hay bienes, la justicia tiene que seguir investigando. Lo importante es que el expediente avance.