Lo dijo sin rodeos y con la voz de quien ya no tiene margen para las medias tintas. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lanzó esta semana una advertencia que debería preocupar a cualquiera que tenga un hijo en una facultad pública: "Vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene". No es retórica sindical. Es matemática.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las 60 universidades públicas del país entró esta semana en una nueva fase de tensión. El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que asigna $7,3 billones al sistema universitario. Los rectores, reunidos en el CIN ante diputados y senadores, presentaron sus propios números: necesitan $11 billones para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios. La diferencia es de casi un 33%, y nadie parece dispuesto a ceder.
¿De dónde viene esa brecha? Ahí está el nudo del problema. Los rectores incluyen en su cálculo la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario, esa norma que el Congreso aprobó y que Javier Milei vetó en 2024, pero que luego fue parcialmente reactivada por una cautelar judicial. El Gobierno, en cambio, dice que ese cálculo es "injustificado" porque incorpora una interpretación sindical de los aumentos y la vigencia total de una ley cuya cautelar, según el oficialismo, solo habilitó ajustes en becas y salarios.
La disputa judicial es tan importante como la presupuestaria. El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dictó en diciembre pasado una cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre, ese mismo juez rechazó el pedido del Gobierno de levantar la medida y ratificó su vigencia. Pero los rectores denuncian que los abogados del Estado presentan escritos que dilatan el pago efectivo. Bartolacci fue directo: "Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple".
Desde el oficialismo, la respuesta fue tan política como técnica. Aseguraron que las diferencias "se producen porque hay rectores que actúan como sindicalistas o influidos por la izquierda" y que el funcionamiento universitario está garantizado. También destacaron que con el aumento salarial del 3% de octubre, el Gobierno estaría "1,15% arriba" de lo que exige el fallo judicial. Las universidades, sin embargo, sostienen que aún se les adeuda un 31,2% de recomposición para cumplir la ley, más allá del acuerdo paritario del 21,3% firmado en junio.
El dato que más preocupa en Rosario es concreto: la UNR es una de las universidades más grandes del país, con más de 80.000 estudiantes y una oferta académica que abarca desde medicina hasta bellas artes. Un inicio de clases en riesgo no es una abstracción política: es el futuro de decenas de miles de familias santafesinas que apostaron a la educación pública como ascensor social.
Los rectores, además, ya escalaron el conflicto judicial: presentaron escritos reclamando multas a funcionarios e intimaciones penales por desobediencia, luego de que la Corte Suprema dejara firme la cautelar el 25 de junio. La pelea, entonces, ya no es solo en el Congreso ni en la mesa de negociación. Es en los tribunales, en las aulas y, cada vez más, en la calle.
Queda por verse si los legisladores introducen modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 antes de que sea demasiado tarde. Bartolacci y el CIN ya presentaron sus números ante diputados, senadores y en las próximas semanas lo harán ante los gobernadores. La presión política se acumula. Y el reloj corre.
Comentarios (15)
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Tengo dos hijos en la UNR y esto me preocupa muchísimo. No es un juego político, son años de estudio y sacrificio familiar los que están en riesgo. El Estado tiene que garantizar la educación pública, punto.
Los rectores llevan años manejando las universidades como feudos propios y ahora se quejan de que no hay plata. Que rindan cuentas primero.
Che, cuervo_central, ¿viste que la Corte Suprema le dio la razón a las universidades? No es capricho de los rectores, hay un fallo judicial que el Gobierno no cumple. Eso se llama desobediencia.
Y la Corte también falla a favor de los chorros a veces. Que haya un fallo no significa que el reclamo sea justo o que los números sean reales.
Bartolacci tiene razón en alertar, pero también hay que ver cómo se gasta lo que ya se asigna. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Mis sobrinos estudian en la Facultad de Medicina de la UNR. Si no pueden arrancar las clases en marzo, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos a una privada que no podemos pagar? Esto es un desastre.
La diferencia entre lo que piden y lo que dan es de casi 4 billones de pesos. Eso no es un ajuste, es desfinanciar el sistema universitario de manera deliberada.
Igual che, 90% del presupuesto universitario se va en salarios. Algo de razón tiene el Gobierno cuando dice que el conflicto es salarial. No digo que tengan razón en todo, pero ese dato es real.
El dato del 90% en salarios no es un escándalo, es lo normal en cualquier institución educativa del mundo. Las universidades son personas, no ladrillos. Los sueldos son el gasto principal porque es lo que sostiene la calidad académica.
Milei vetó la ley, la Corte lo obligó a cumplirla, y sigue sin cumplirla. En cualquier otro contexto eso se llama autoritarismo. Pero acá algunos lo defienden igual.
Soy docente universitaria en la UNR hace 20 años. El deterioro salarial es real y documentado. No es cuento de sindicalistas: perdimos más del 30% del poder adquisitivo en dos años. Que el Gobierno diga que estamos bien es una mentira descarada.
igual si no hay clases los que pierden son los estudiantes, no los rectores ni el gobierno. como siempre los de abajo pagando el pato
Bartolacci es un político disfrazado de rector. Siempre con el mismo discurso. Que presente los balances de la UNR y después hablamos de transparencia.
Pablo, la UNR presenta balances ante la Auditoría General de la Nación todos los años. Eso es público. Antes de acusar, googleá un poco.
Lo que más bronca me da es que hay un fallo de la Corte Suprema y el Gobierno lo ignora. Si yo ignoro una orden judicial me meten preso. A ellos, nada.