Gobierno licitará 44% de Nucleoeléctrica Argentina y dejará 51% estatal

El Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial un edicto que modifica el estatuto de Nucleoeléctrica Argentina mediante asambleas y fija un capital de $6,69 billones. La medida prepara la venta parcial de la empresa que administra las tres centrales nucleares del país y habilita un esquema de propiedad participada para incorporar a los trabajadores como accionistas. El paso administrativo ordena la estructura de la compañía de cara a la licitación.

La iniciativa se apoya en la Ley Bases de julio de 2024, que autorizó la venta parcial de la compañía, y en el plan anunciado en septiembre de 2025. Según la Secretaría de Energía, la incorporación de capital privado permitirá obtener los fondos necesarios para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de Atucha I, con reingreso previsto para 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II.

Hoy, el paquete accionario de Nucleoeléctrica está distribuido entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el 20%; y Energía Argentina, que tiene el 1% restante. El plan del Gobierno contempla vender el 44% de las acciones en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional, y dejar el 51% en manos del Estado.

Nucleoeléctrica es la encargada de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país. Atucha I está fuera de servicio desde septiembre de 2024 para extender su vida útil, un proceso que requiere financiamiento adicional. El dato refuerza el peso de la energía nuclear en el mix eléctrico nacional.

Además de la venta del 44%, el esquema prevé un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, que permitirá incorporar a los trabajadores de la empresa como accionistas. El 51% restante quedará en manos del Estado, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Bases y como había adelantado el Gobierno a mediados de 2025.

Para la Secretaría de Energía, la inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva. En ese marco, la extensión de la vida útil de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II aparecen como proyectos estratégicos que podrían financiarse con los recursos obtenidos.