El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que declara la emergencia hídrica en la totalidad del territorio santafesino, en el marco del fenómeno climático conocido como El Niño. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley, tendría vigencia hasta abril de 2027, con posibilidad de prórroga por seis meses adicionales si persisten las condiciones del fenómeno.
La declaración de emergencia funciona, en términos prácticos, como un paraguas jurídico que le otorga al Estado provincial herramientas extraordinarias para actuar con mayor velocidad ante las consecuencias de las lluvias intensas y las eventuales crecidas de los ríos Paraná y Salado, los dos grandes cursos de agua que históricamente condicionan la vida de miles de santafesinos.
El artículo 2 del proyecto es el más sustancial: faculta al Poder Ejecutivo a adoptar todas las medidas que estime convenientes para la prevención y atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestimenta y sanitaria de las personas afectadas. En términos concretos, eso significa que los organismos bajo su órbita podrán proyectar, contratar y ejecutar obras hidráulicas de diversa índole: movimiento de suelos, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones y endicamientos de cursos de agua, entre otras intervenciones.
Uno de los ejes más sensibles de la norma es el régimen de contrataciones de emergencia. La ley habilitaría al Ejecutivo a adquirir bienes de uso, servicios y equipamiento mediante procedimientos especiales de carácter urgente, cuya reglamentación quedará en manos del propio gobierno provincial. El texto aclara que dichos procedimientos deberán garantizar «la transparencia, la igualdad, la concurrencia y debida competencia entre los oferentes», aunque la historia argentina de las emergencias —de todo tipo— invita a leer esa cláusula con atención.
En materia de control, el proyecto establece que el Tribunal de Cuentas tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para fiscalizar los actos y procedimientos derivados de la emergencia, y deberá comunicar sus conclusiones a ambas cámaras legislativas dentro de los 10 días de emitido el informe. Un artículo adicional precisa que el organismo de control deberá «tener en cuenta el carácter excepcional de la presente norma que prioriza la agilidad de los trámites y contrataciones», una frase que, bien leída, es una señal de alerta sobre los márgenes que se abren cuando el Estado actúa en modo emergencia.
Los hechos y actos realizados por el Ejecutivo y sus funcionarios en el marco de la emergencia serán considerados dentro de los poderes explícitos e implícitos de la situación de excepción, y deberán comunicarse a las cámaras legislativas dentro de los 5 días de la entrada en vigencia de la ley.
La provincia de Santa Fe tiene una larga y dolorosa historia con las inundaciones. La catástrofe de 2003, cuando el Salado desbordó y anegó gran parte de la ciudad de Santa Fe dejando más de 20 muertos y decenas de miles de evacuados, marcó un antes y un después en la política hídrica provincial. Desde entonces, cada ciclo de El Niño reactiva la urgencia de contar con marcos legales que permitan actuar sin los tiempos burocráticos habituales.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para completar el trámite legislativo. Dado el consenso que suelen generar las emergencias climáticas en el recinto, no se esperan grandes resistencias. La pregunta que queda abierta, como siempre, es si la velocidad del Estado para gastar en emergencias será igual a la velocidad para rendir cuentas después.
Comentarios (13)
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Necesario y urgente. Quien vivió la inundación del 2003 sabe lo que es quedarse sin nada mientras el Estado tarda semanas en reaccionar por los trámites. Si esto agiliza la respuesta, bienvenido sea.
Emergencia hídrica, emergencia económica, emergencia sanitaria... en este país siempre hay una 'emergencia' para saltear los controles. Y después nos preguntamos por qué hay corrupción.
Exacto. La palabra 'emergencia' en Argentina es sinónimo de caja sin control. Que alguien me explique por qué el Tribunal de Cuentas tiene que 'tener en cuenta el carácter excepcional' para hacer su trabajo. Eso es una invitación a mirar para otro lado.
No es tan así. El Tribunal de Cuentas sigue controlando, solo que con plazos más cortos. En una emergencia real no podés esperar 6 meses para que te aprueben la compra de una bomba de agua. Hay que ser prácticos.
Me preocupa que la ley dure hasta abril del año que viene. El Niño puede terminar antes y el gobierno seguir usando los poderes de emergencia para lo que se le ocurra. Eso hay que mirarlo de cerca.
Che, ¿y Diputados cuándo lo trata? ¿Hay fecha? Porque si viene una crecida del Paraná en septiembre y todavía están debatiendo, de nada sirve.
Yo soy de Reconquista y acá el Salado nos tiene de rehenes cada vez que llueve fuerte. Ojalá esto sirva para que por fin hagan los terraplenes que prometieron hace años.
El problema no es la ley, es quién la ejecuta. Con este gobierno provincial o con cualquier otro, las obras hidráulicas siempre terminan siendo negocio para los mismos contratistas de siempre.
Bue, al menos esta vez el Senado votó algo útil en vez de aumentarse el sueldo. Pequeños milagros.
Lo que me llama la atención es que el propio Ejecutivo va a reglamentar los procedimientos de contratación de emergencia. O sea, se pone las reglas él mismo. Eso no me cierra.
Patricia, en cualquier emergencia del mundo funciona así. No podés legislar cada detalle de una crisis en tiempo real. Lo importante es que el Tribunal de Cuentas y el Congreso tengan acceso a la información en tiempo y forma.
Ojalá sirva para algo. Mi barrio en el sur de Rosario se inunda con cualquier lluvia fuerte y nunca viene nadie. A ver si ahora con la emergencia declarada mandan a alguien a limpiar los canales de una vez.