La Justicia federal dio un paso clave en una de las causas más dolorosas y escandalosas de los últimos años: el juez Ernesto Kreplak, con sede en La Plata, procesó y embargó por la suma de 500 mil millones de pesos a dos ex funcionarias implicadas en la causa del fentanilo contaminado, el medicamento adulterado que dejó un tendal de víctimas en el sistema de salud argentino.
Según la información judicial, la tragedia provocó la muerte de 43 pacientes en Rosario y un total de 90 fallecidos en el conjunto de la causa. Personas que fueron a un hospital o una clínica a recibir atención médica y terminaron muriendo por culpa de un fármaco que alguien adulteró, distribuyó y habilitó sin los controles que correspondían. Una masacre silenciosa que tardó demasiado en llegar a los tribunales.
A pesar de la gravedad de los cargos y la magnitud del daño causado, las dos imputadas continuarán en libertad. El procesamiento implica que el juez considera que hay mérito suficiente para llevarlas a juicio oral, pero no ordenó su detención preventiva. Una decisión que, para las familias de las víctimas, seguramente resulta difícil de digerir.
El fentanilo es un opioide sintético de uso médico, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, utilizado habitualmente como analgésico en cirugías y cuidados paliativos. Su contaminación o adulteración puede ser letal en dosis mínimas. La causa investiga cómo lotes de este medicamento llegaron a centros de salud sin los controles de calidad exigidos por la normativa sanitaria, y cuál fue la responsabilidad de funcionarios y funcionarias del sistema de regulación y distribución farmacéutica.
El escándalo del fentanilo contaminado estalló hace varios años y sacudió al sistema sanitario argentino, poniendo en evidencia las grietas en los mecanismos de control del ANMAT y de las autoridades provinciales de salud. Las víctimas fueron en su mayoría pacientes internados, personas vulnerables que dependían del sistema público y privado de salud para sobrevivir. Noventa familias que perdieron a un ser querido esperan desde entonces que alguien responda por lo que pasó.
El embargo de 500 mil millones de pesos es una cifra que impresiona en términos nominales, aunque en el contexto de la inflación argentina de los últimos años su valor real es materia de debate. Lo concreto es que la Justicia federal avanza, aunque con la lentitud que caracteriza a causas de esta complejidad.
El expediente continuará su curso hacia un eventual juicio oral, donde deberá determinarse con precisión el grado de responsabilidad de cada imputada en la cadena que permitió que un medicamento letal llegara a los pacientes. Las familias de las 90 víctimas siguen esperando justicia real, no solo procesamientos.
Comentarios (13)
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Noventa personas muertas y las imputadas en su casa tomando mate. Esto es una vergüenza. ¿Para qué sirve la Justicia si no manda presa a alguien que tiene responsabilidad en 90 muertes?
Procesamiento no es condena, gente. Hay que esperar el juicio oral. Pero sí, que sigan libres es un mensaje muy feo para las familias de las víctimas.
¿Esperar el juicio oral? ¿Cuántos años más? Ya pasaron años desde que empezó todo esto. Las familias no pueden esperar eternamente mientras ellas viven tranquilas.
Lo que me indigna es que esto pasó en hospitales, en clínicas, con gente internada que no tenía defensa. Los más vulnerables, como siempre, pagando los platos rotos de la corrupción y la desidia.
Yo perdí a mi tío en el 2023 internado en una clínica de acá de Rosario. Nunca supimos bien qué pasó. Cada vez que leo estas noticias se me revuelve el estómago.
500 mil millones de pesos de embargo suena impresionante pero con la inflación que tuvimos estos años no sé cuánto representa en términos reales. Igual, algo es algo.
Exacto lo que decís Marcos, con la inflación de Milei esa plata no alcanza ni para pagar los funerales de las 90 víctimas. Una burla.
Hay que ver bien quiénes son estas ex funcionarias, de qué gestión venían, qué organismo controlaban. Eso define mucho el contexto político de la causa.
Siempre lo mismo en este país. Los que mandan a la cárcel son los chorros de poca monta. Los que tienen poder y responsabilidad institucional zafan con el procesamiento y a seguir.
Al menos la Justicia avanza, aunque sea lento. Hace unos años ni siquiera había procesados. Ojalá llegue a juicio oral y haya condenas reales.
¿Juicio oral? ¿En qué año? ¿2035? Para entonces ya nadie se acuerda, los testigos se olvidaron y las imputadas se jubilaron tranquilas. Así funciona la Justicia argentina.
Lo más triste es pensar en las familias. Llevaron a su familiar al hospital confiando en el sistema de salud y el sistema los mató. Y ahora tienen que esperar años para ver si hay justicia. Inaceptable.
Buen paso el procesamiento, pero insuficiente. Que quede claro: esto no es justicia todavía. Justicia es condena firme.