La Legislatura de Santa Fe abrió el debate formal por el paquete de reformas de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
En un plenario de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la cámara baja, los diputados recibieron a representantes del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa y de la Corte Suprema de Justicia.
El Ejecutivo busca herramientas más duras para agilizar la actuación policial, mientras las máximas autoridades judiciales advirtieron sobre los riesgos inconstitucionales de ceder tantas facultades a las fuerzas de calle.
Según detallaron en Radiópolis (Radio 2), el mensaje del gobierno provincial implica la modificación de un paquetón de leyes provinciales. Entre los puntos más controversiales figuran los allanamientos sin orden judicial, la toma de declaraciones sin la presencia inmediata de abogados defensores, cambios en la ley de inteligencia y una reestructuración del sistema de recompensas para que operen sin necesidad de un pedido de los fiscales.
Al finalizar el primer encuentro interinstitucional, la diputada y presidenta de la comisión, Lionela Catalini, valoró la predisposición de las partes. "La verdad que fue una buena reunión, en términos muy respetuosos, todos abogando por la calidad institucional de la provincia y por defender la Constitución", señaló la legisladora.
Aun así, reconoció que hubo requerimientos concretos: "Tuvimos algunos planteos en ese sentido de que hay que adecuar algunas oraciones, algunos párrafos a la normativa internacional fundamentalmente y a la norma vigente en la provincia de Santa Fe".
El nudo de la disputa jurídica gira en torno al otorgamiento de mayores libertades procesales a los agentes de seguridad. El ministro de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, fue tajante al defender las garantías del sistema acusatorio y el rol ineludible de los jueces.
"A ellos (los fiscales) les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requieren de un control jurisdiccional", explicó el magistrado.
En esa misma línea, expuso el choque entre las modificaciones propuestas y la carta magna: "Lo que vemos en el proyecto es que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con en general los estándares internacionales".
Además de las observaciones constitucionales, Erbetta cuestionó la oportunidad y la urgencia de aplicar esta reforma extrema, argumentando que los índices actuales ya demuestran eficacia. "Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además, ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. Yo di un dato muy contundente, desde que está vigente el sistema acusatorio se triplicó la tasa de encierro", aseveró el ministro.
Postura que fue respaldada por su par Roberto Falistocco al exigir que las leyes se sustenten en estadísticas claras.
A pesar de las marcadas disidencias respecto al control policial, la diputada Catalini remarcó que existen ejes del proyecto en los que las tres instituciones judiciales manifestaron su aval.
El consenso más notorio se aglutinó en torno al programa específico para intervenir los mercados ilícitos de celulares robados y en las modificaciones de la ley de defensa, vinculadas a la creación de un cuerpo especial para asistir a policías involucrados en hechos violentos.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, y todo indica que el texto sufrirá modificaciones estructurales antes de su eventual aprobación.
Con información de: Rosario3, sobre el debate legislativo en Santa Fe.
Comentarios (10)
Deja tu comentario
Me parece bien que se discuta en comisión y no se apruebe a la carrera. La seguridad no se resuelve con más facultades para la policía sin control.
Coincido con la Corte: si la tasa de encierro se triplicó con el sistema acusatorio, hay que medir antes de cambiar reglas.
Que la Defensa y el MPA estén en la mesa es importante. No puede ser solo el Ejecutivo hablando de seguridad.
Los allanamientos sin orden judicial son el punto más peligroso. Si no hay juez, se abren las puertas a abusos.
Otro paquetón de leyes para ampliar el poder policial. Me parece que falta más control, no menos.
Me preocupa que se tomen declaraciones sin abogados. Los derechos no pueden quedar en segundo plano por urgencia.
El tema de los celulares robados es concreto. Ahí sí se ve un punto de acuerdo que puede bajar la reventa.
Lo de las recompensas sin pedido fiscal me parece un descontrol. ¿Quién controla?