La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Con esa media sanción, el texto vuelve al Senado para su tratamiento definitivo y arrastra consigo cambios que tocan expropiaciones, desalojos, registro inmobiliario y tierras rurales.
El proyecto busca brindar mayores garantías jurídicas frente a expropiaciones, acelerar los procesos de desalojo y digitalizar el registro inmobiliario.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la restricción de las expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública debe ser interpretada de manera restrictiva, exigiendo que el fin sea específico, concreto, idóneo y proporcional. También prohíbe la transferencia del dominio de un bien sin el pago previo e íntegro de la indemnización.
La norma define que la indemnización incluirá el lucro cesante, hasta un 30% del daño emergente, y actualizaciones basadas en el IPC más tasas del Banco Nación. Con ese esquema, el texto busca asegurar la indemnización del propietario cuando el Estado declare la expropiación.
En materia de desalojos, la ley propone aplicar el proceso de juicio sumarísimo para inmuebles urbanos y rurales. Para los casos de falta de pago en alquileres habitacionales, se establece un procedimiento más ágil: tras una intimación de pago de al menos 10 días, el propietario podrá iniciar el desalojo, que deberá efectuarse en un plazo de 10 días hábiles.
El texto prevé la desocupación inmediata bajo caución juratoria, aunque impone multas severas si se demuestra que el actor ocultó información para obtener la medida. Ese mecanismo busca acelerar el desalojo, pero introduce un filtro para evitar abusos en la medida.
El proyecto también contempla una modernización tecnológica del Registro de la Propiedad Inmueble, señalada como Ley 17.801, impulsando la digitalización integral, el uso de firma digital y sistemas que garanticen la trazabilidad de la información para brindar mayor seguridad jurídica.
Por último, la iniciativa restituye la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que establece límites y mecanismos de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Para ello, deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, recuperando el régimen de protección al dominio nacional.
Con la media sanción de Diputados, la iniciativa deberá volver al Senado, donde se definirá su aprobación definitiva. El debate queda abierto sobre el equilibrio entre la protección de la propiedad privada, la agilidad procesal y la política de tierras.
Comentarios (10)
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Los plazos de 10 días hábiles para desalojar por falta de pago son el cambio más fuerte. Si funciona, alquila sin impunidad.
No es tan simple. El juicio sumarísimo puede acelerar cosas, pero también puede dejar a familias sin margen para pagar o buscar solución.
Igual, 10 días hábiles es poco cuando hay una familia. La ley tiene que tener filtros reales, no solo plazos cortos.
Me preocupa la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Hay que ver cómo se aplica en la práctica y si protege al inquilino.
Lo del registro digital es bueno, pero siempre queda la duda de si va a funcionar o va a ser otro sistema lento.
El registro digital sirve si hay trazabilidad, pero si no hay personal o capacitación, se queda en el papel.
Que la indemnización incluya lucro cesante y actualización por IPC más Banco Nación es un dato importante para quien tiene un bien expropiado.
Que se pague antes de transferir el dominio es lo mínimo. No puede ser que se expropie y después se discuta cuánto se paga.
Ahora a ver qué hace el Senado. En Diputados ya pasó, pero la sanción definitiva todavía no está.