La CGT, las dos CTA y la UTEP convocaron para este jueves 20 de agosto una marcha al Ministerio de Economía en reclamo de medidas ante el creciente endeudamiento de las familias argentinas. La movilización, impulsada principalmente por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, apunta directamente al Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, en el corazón del microcentro porteño.
La concentración comenzará a las 14 horas desde dos puntos: Paseo Colón y Estados Unidos, y la intersección de Independencia y Paseo Colón. Desde allí, las columnas convergerán sobre el ministerio que conduce la política económica del gobierno de Javier Milei.
El reclamo central gira en torno a los hogares que acumulan deudas por créditos tomados, en su mayoría, para cubrir gastos de alimentación, medicamentos y servicios básicos. Según datos citados por las propias organizaciones, más de 5,5 millones de familias atraviesan situaciones de créditos impagos o atrasos graves. Los números del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son aún más contundentes: la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024. En términos absolutos, 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un incremento del 132% desde febrero de 2024.
El fenómeno no se limita al sistema bancario tradicional. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en monederos electrónicos y fintech el salto fue aún más pronunciado: del 7,3% al 29,6% en el mismo período. La Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó en un 33% la proporción de deudores morosos en el segmento de billeteras virtuales, un sector que creció exponencialmente en los últimos años como alternativa crediticia para sectores de menores ingresos.
Un relevamiento de la misma Defensoría reveló que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, entre ellos, el 73,5% todavía mantiene deudas activas. Por su parte, un sondeo de Management & Fit indicó que más del 50% de las familias enfrenta dificultades de ingresos y que el 71,9% de esos hogares recurre a algún mecanismo de endeudamiento, formal o informal.
La marcha se produce en un contexto de rechazo explícito del Gobierno a cualquier forma de intervención estatal. El presidente Javier Milei sostuvo el 2 de agosto, en una entrevista en La Nación+, que las deudas contraídas constituyen una operación entre privados y que el Estado no tiene por qué resolverlas. Al día siguiente, en declaraciones a Radio Mitre, reiteró la misma postura. El vocero presidencial Adrián Ravier también descartó el 11 de agosto cualquier asistencia estatal para personas en situación de mora.
La posición del Ejecutivo es coherente con su filosofía de no intervención en contratos privados, aunque los números de morosidad plantean una tensión real: cuando el endeudamiento masivo responde no a decisiones de consumo discrecional sino a la necesidad de pagar la comida o los remedios, la distinción entre lo privado y lo social se vuelve más difusa. El desafío para el Gobierno es sostener la consistencia doctrinaria sin que el problema escale a una crisis de consumo que afecte la recuperación económica.
Desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió el 8 de agosto un informe elaborado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que vincula el aumento de la morosidad con la insuficiencia de los ingresos para cubrir gastos básicos. El documento fue utilizado como munición política en el debate sobre el rol del Estado.
Tras la movilización del jueves, la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, prevé continuar con un plan de acciones que incluye una concentración durante la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada— y actividades vinculadas con la Semana Social de la Iglesia y el Día de la Industria, previsto para el 2 de septiembre. La organización también planea participar de actividades durante la eventual visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, junto a la CGT, con una convocatoria a una misa en Luján y el pedido de una audiencia privada con el pontífice.
Con información de: El Ciudadano Web / Conclusión
Comentarios (15)
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La gente se endeudó para comer, no para comprarse un plasma. Eso no es irresponsabilidad financiera, es una emergencia social. El Estado tiene que hacer algo.
Milei tiene razón en que el Estado no puede salir a pagar las deudas de todos. Pero sería bueno que expliquen cómo piensan que la gente va a salir de esto sola cuando el salario no alcanza ni para la canasta básica.
CGT marchando... ¿los mismos que firmaron paritarias por debajo de la inflación durante años? Ahora se acuerdan de los laburantes.
Respondo al que dice que la CGT no representa a nadie: puede ser que tengan sus problemas, pero 5,8 millones de personas con atrasos de más de 90 días es una crisis real que alguien tiene que visibilizar.
Visibilizar sí, pero marchando al Ministerio de Economía no se le baja la deuda a nadie. Es puro show político, Luciana.
Totalmente de acuerdo con la marcha. Mi familia tuvo que sacar un préstamo para pagar la medicación de mi mamá. No somos irresponsables, somos víctimas de un sistema que no funciona.
El 132% de aumento en la morosidad desde febrero de 2024 no es un dato menor. Eso no lo explica la 'irresponsabilidad individual', eso es una política económica que aplastó el poder adquisitivo.
Che, y la UTEP qué propone exactamente? ¿Que el Estado condone las deudas? ¿Con qué plata? Siempre marchan pero nunca dicen cómo se financia lo que piden.
Lo que más me llama la atención es el dato de las fintech: mora del 29,6%. Eso es una bomba de tiempo. Mucha gente accedió a crédito fácil sin entender las tasas y ahora no puede pagar.
yo soy de las que debe plata en mercadopago y en el banco. no llego a fin de mes hace un año. no soy vaga, trabajo todos los dias. que alguien me explique como salgo de esto sin ayuda
El Gobierno tiene una postura filosóficamente coherente: los contratos son entre privados. El problema es que cuando el 56% de los hogares tomó crédito para sobrevivir, ya no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de una crisis estructural.
Acá en Rosario la situación es igual o peor. Los vecinos del barrio deben en el almacén, en el banco y en las apps. Y los políticos discutiendo si es 'transacción privada' o no. Una vergüenza.
Kicillof usando esto para hacer política mientras la provincia de Buenos Aires tiene una deuda descomunal. Que arregle su casa antes de opinar.
Ojalá que la marcha sirva para algo. Aunque sea para que se enteren que la gente no puede más.