Lo que pasó en la comisaría Octava de Santa Fe no se olvida fácil. Un hombre de 35 años entró esposado a un calabozo y salió en una bolsa. Y hay seis policías que, según la Justicia, son los responsables.
Mauro Daniel González estaba atravesando una crisis subjetiva el sábado 17 de enero de este año cuando alguien pidió presencia policial en las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú. Lo que vino después fue una secuencia de brutalidad documentada por el fiscal Ezequiel Hernández ante la jueza Cecilia Labanca en una audiencia realizada este viernes en los tribunales de la capital provincial.
Los primeros en llegar fueron los agentes Lucas Aranda y Melisa Díaz, del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I. Según el fiscal, en lugar de llamar a personal sanitario —como exigen los protocolos para casos de crisis de salud mental—, los uniformados sujetaron a González violentamente, lo tiraron al piso y le colocaron esposas. Después llegaron los otros: Facundo Sebastián Amarillo, Sebastián Daniel Bandirali y Sabrina Petion. Entre todos lo golpearon mientras estaba en el suelo, indefenso.
Lo que siguió es todavía más grave. Un familiar presente en el lugar les advirtió a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal reciente. La respuesta, según Hernández, fue la contraria a la esperada: actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor. Lo arrojaron a la caja de una camioneta policial y siguieron golpeándolo durante el traslado. Dentro del vehículo, le dieron puñetazos y golpes con un bastón o escopeta.
"Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta", afirmó el fiscal. No es una frase retórica: González llegó a la comisaría con al menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, incluyendo la fractura de una costilla. Estaba prácticamente inconsciente.
¿Y qué hicieron los policías con un hombre en ese estado? En lugar de llevarlo a un hospital, pasaron primero por una estación de servicios, luego por la sede de Medicina Legal en 1° Junta al 2.800, y finalmente lo ingresaron a un calabozo de la comisaría Octava, en General Paz al 7.300. Lo dejaron solo, sin asistencia médica. Unas horas después, Mauro González estaba muerto.
El sexto imputado es Juan Cruz Barros, del Cuerpo Guardia de Infantería, acusado de vejaciones calificadas por el grave daño a la salud de la víctima. En tanto, el agente Amarillo enfrenta además cargos por un hecho separado: coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños, lo que sugiere que también habría intentado alterar documentación oficial vinculada al caso.
Los cinco del Comando fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, una figura del Código Penal que contempla penas de entre 15 y 25 años de prisión cuando el resultado es el fallecimiento de la víctima. No es homicidio culposo, no es exceso en el uso de la fuerza: es tortura. La Justicia lo llama por su nombre.
El caso pone sobre la mesa una pregunta que en Rosario y en toda la provincia se viene haciendo hace años: ¿cuántos controles reales existen sobre lo que pasa dentro de una comisaría? González no era un preso condenado. Era un hombre en crisis que pidió —o alguien pidió por él— ayuda del Estado. Lo que recibió fue lo opuesto.
La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares para los imputados quedó pendiente de fecha. Mientras tanto, los seis policías enfrentan cargos que podrían derivar en prisión preventiva.
Con información de: El Ciudadano, La Capital.
Comentarios (15)
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Esto es un crimen de Estado. Un hombre en crisis pidió ayuda y el Estado lo mató. No hay otra forma de llamarlo. Espero que no queden libres con una probation como pasa siempre.
35 años tenía. Tenía una cirugía reciente y aun así lo siguieron golpeando. Le avisaron y siguieron igual. Eso no es un exceso, eso es sadismo puro.
Y encima pasaron por una estación de servicio antes de llevarlo a la comisaría. Con el tipo agonizando en la caja de la camioneta. No tienen nombre.
Hay que esperar el juicio antes de condenarlos mediáticamente. La imputación no es condena. Puede haber cosas que no sabemos.
Marcelo, 20 lesiones visibles y una costilla fracturada no son 'cosas que no sabemos'. Eso está en el cuerpo del hombre. Qué más necesitás ver?
No digo que esté bien lo que pasó, digo que la Justicia tiene que hacer su trabajo sin que los medios ya los condenen. Eso también es un derecho.
Yo soy del barrio Yapeyú y acá todos sabíamos que algo había pasado ese día. Ver pasar la camioneta policial así... uno no imagina lo que estaba pasando adentro. Una vergüenza.
Lo que me parece gravísimo es la falsedad ideológica que le imputan a uno de los policías. Eso quiere decir que intentaron tapar lo que hicieron. Eso agrava todo.
Cuántos casos más tienen que pasar para que haya una reforma real de la policía? Esto no es el primero ni va a ser el último si no cambia algo estructural.
El fiscal hizo bien su trabajo, hay que reconocerlo. Describió todo con precisión y usó la figura correcta: tortura, no homicidio. Eso importa para la condena.
y los jefes de esos policías? nadie pregunta quién los mandó, quién los cubrió, quién firmó el parte esa noche? siempre los de abajo y los de arriba limpios
Braian tiene razón en algo: la cadena de mando es una pregunta válida. Si seis policías actúan así de coordinados, alguien sabía o miraba para otro lado.
Tres hombres y dos mujeres del Comando. Que sea mujer no te hace mejor persona ni mejor policía, evidentemente. Esto lo tiene que ver todo el mundo.
Pullaro tiene que salir a hablar de esto hoy, no mañana. Es el jefe político de la fuerza. El silencio también es una respuesta.
Que en paz descanse Mauro González. Y que su familia tenga la justicia que merece, aunque sé que eso no devuelve nada.