Imputaron en Santa Fe al detenido por presunto plan contra Pullaro

La causa que nació por una llamada anónima al 911 dio un paso concreto este miércoles: el fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola, imputó a Pablo Américo Pinedo, alias Pantera, por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La audiencia se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal, ante la jueza Cecilia Alamo. Allí, la Fiscalía formalizó la imputación, pero no cerró la situación procesal del imputado, que quedó detenido al menos hasta el jueves.

Pinedo, de 67 años y domiciliado en Ceres, fue detenido el 31 de octubre durante un allanamiento en una vivienda de Matheu, entre Santiago del Estero y Pasaje Público. La intervención se activó por una llamada anónima a la central de emergencias 911, en la que se advertía sobre una supuesta trama para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante la requisa, la Policía de Investigaciones secuestró un revólver marca Dos Leones calibre 32, con cuatro cartuchos intactos en el tambor y en condiciones operativas de disparo. Ese hallazgo fue el que disparó la apertura inmediata de la causa penal.

El dato no es menor: el imputado ya había pasado por una investigación con fuerte repercusión pública. Siete años atrás, estuvo procesado en la causa por la desaparición del menor Maximiliano Sosa, visto por última vez en 2015 en Ceres. Esa resolución no fue confirmada en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, y terminó en su desvinculación formal.

Ahora, la pregunta que queda en el aire es otra: ¿qué relación concreta tenía Pinedo con la advertencia que llegó al 911? La imputación actual no alcanza a acreditar el plan contra el gobernador, pero sí fija una base penal sobre la que la investigación puede seguir avanzando.

El abogado defensor Carlos Farías Demalde acompañó al imputado en la audiencia. El jueves se resolverá su situación procesal y la eventual imposición de medidas cautelares. Hasta entonces, la causa avanza con un dato duro: un arma cargada, una llamada anónima y un nombre que vuelve a estar en el radar judicial.

La diferencia entre la detención y la imputación es importante. El allanamiento se hizo por la advertencia de una posible amenaza contra el mandatario provincial. La imputación, en cambio, se apoya en el arma secuestrada y en la condición de uso civil del revólver. Es decir, la Justicia ya tiene un delito concreto para sostener la privación de libertad, aunque la investigación sobre el supuesto plan siga abierta.

El antecedente de Pinedo agrega otra capa a la historia. No se trata de una primera aparición en una causa sensible: el ceresino ya había estado procesado por la desaparición de Sosa, aunque la Cámara Federal de Rosario lo desvinculó. Ese dato no lo condena hoy, pero sí explica por qué su nombre vuelve a generar ruido en el entorno judicial.

La llamada anónima sigue siendo el punto débil y el punto fuerte de la investigación. Nadie la firmó, pero bastó para mover a la PDI hasta una vivienda de Ceres. La pregunta que la Justicia deberá responder no es solo quién habló, sino qué vínculo real existía entre esa advertencia, el arma encontrada y la figura del gobernador.

Por ahora, la causa no puede confundirse con una acusación de atentado contra el gobernador. La imputación es por tenencia ilegítima de arma. Pero el escenario es delicado: un arma cargada, una amenaza anónima y un imputado con pasado judicial. Si la investigación logra conectar esos hilos, la historia puede cambiar de escala.