La teniente que dijo no: cómo una denuncia destapó una red de corrupción en la Armada por $1.600 millones

Lo que empezó con una negativa terminó en los tribunales federales de Comodoro Py. Una teniente de fragata identificada como Acuña, contadora pública de profesión, recibió una oferta que muchos en su lugar habrían aceptado: un suplemento salarial irregular a cambio de entregar la mitad a quienes se lo ofrecían. Ella dijo que no. Y ese no cambió todo.

La negativa de la oficial desencadenó una cadena de presiones, una investigación interna y, finalmente, una denuncia judicial que hoy tiene en la mira a unas 25 personas —entre oficiales y civiles— por fraudes estimados en el equivalente a 1.600 millones de pesos cometidos desde 2022. El expediente quedó radicado en el juzgado federal del juez Sebastián Ramos, y fue presentado por el propio jefe del servicio contable de la Armada, el capitán de navío Castro Maggio.

El esquema era sofisticado y tenía varias patas. Por un lado, se liquidaban viáticos en el exterior por gastos que nunca habían ocurrido. Cuando los oficiales nombrados en esos documentos —cómplices también ellos— regresaban al país, los pagos continuaban como si la comisión siguiera vigente. Por otro lado, se falsificaban recibos de sueldo a personal ya retirado, desviando el dinero a cuentas de terceros. En algunos casos, las maniobras se hacían en dólares, aprovechando que la Armada mantiene unos 35 oficiales en misiones estables en el exterior a través de agregadurías navales y de defensa.

El reparto era casi matemático: 50% para quien ponía el nombre como receptor ficticio, y el resto a dividir entre los demás integrantes de la red. Una fuente con conocimiento directo de los hechos describió el mecanismo con crudeza: «Están involucrados desde un almirante para abajo. Desde 2022, se realizaban falsas liquidaciones de códigos, de personal retirado y códigos que le liquidan a oficiales en actividad que no les correspondían. Todo, obviamente, con retorno incluido».

Otro engranaje del fraude funcionaba con el personal que se iba de baja. «Una de las cosas que hacían era que aquellos que se iban de baja o retirados elevaban el número de CUIL a Defensa solicitando, por ejemplo, 40.000 dólares para pagar comisiones en el exterior cuando en realidad eran 30.000, ya que 10.000 se habían ido de baja», explicó una fuente de la misma fuerza. El mecanismo se sostenía en una falla estructural: nadie controlaba en tiempo real cuándo un oficial pasaba a retiro.

Cuando Acuña rechazó la oferta y resistió también el dinero para callarse, las presiones no tardaron en llegar. «Ahí empezaron las presiones de los capitanes que están metidos en esto. Querían que la teniente agarrara, ya que se convirtió en un riesgo. Su negación y denuncia interna originaron todo lo que ahora se sabe», relató una fuente cercana al caso. La oficial comunicó las irregularidades a la cadena de mando y eso disparó la investigación interna que derivó en la presentación judicial.

¿Cuánto tiempo más podría haber seguido funcionando esta maquinaria si Acuña no se plantaba? La pregunta no es retórica: el esquema llevaba al menos cuatro años activo, con civiles del área de liquidación de sueldos fraguando los suplementos y jefes militares firmando los documentos. Una fuente de la fuerza fue directa: «Son una banda a la que deberían echarlos a todos. Creemos que van a intentar detener la sangría en estas quince personas señaladas, pero hay muchos más».

El caso llega en un momento de fuerte escrutinio sobre las Fuerzas Armadas argentinas y su manejo presupuestario. Lo que esta investigación pone sobre la mesa no es solo la corrupción de algunos individuos: es la pregunta sobre qué controles internos fallaron durante años para que nadie viera —o quisiera ver— lo que estaba pasando. Una teniente contadora tuvo que decir que no para que el sistema reaccionara. Eso, en sí mismo, ya es una condena.