"El que nada teme nada oculta". Con esa frase, la familia de Pablo Grillo lanzó un desafío directo a las autoridades este viernes, mientras la causa por la represión frente al Congreso Nacional acumula más de un año de investigación y, según denuncian, más sombras que certezas.
El 12 de marzo de 2025, Grillo, fotorreportero de 40 años, cubría una manifestación de jubilados cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil le pegó en la parte frontal de la cabeza. El resultado: fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Las pericias médicas fueron contundentes: las lesiones pusieron "real y concretamente" en peligro su vida.
Grillo pasó casi tres meses en terapia intensiva. Hoy continúa en rehabilitación con pronóstico reservado y enfrenta posibles secuelas neurológicas permanentes. Su familia dice que está mejorando, que se aferran a la esperanza. Pero también están furiosos, y tienen razones.
Este viernes, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicaron documentos que detallan el estado actual de la causa que lleva la jueza María Servini de Cubría. El panorama que describen es preocupante: la Gendarmería Nacional habría omitido la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales. Para la familia, ese "error" no es casualidad. "¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?", preguntaron en su comunicado.
La investigación judicial sí tuvo un avance concreto: identificó al responsable material del disparo. Se trata del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina. Las pericias balísticas y audiovisuales determinaron que Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica terminantemente prohibida por los protocolos nacionales e internacionales. También quedó descartada la versión oficial del rebote: el proyectil que impactó a Grillo viajó a 280 km/h en trayectoria recta.
El CELS reconstruyó el contexto en su documento. Ese día no fue un hecho aislado: fue la quinta movilización de jubilados en 2025, todas marcadas por operativos violentos de las fuerzas de seguridad. Ese miércoles de marzo, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo masivo que dejó más de cien detenidos y un centenar de heridos. La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes.
Todo esto se amparó bajo el llamado "Protocolo anti-piquetes" (resolución 943/23), cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su presunta inconstitucionalidad y por habilitar la dispersión de manifestaciones y la criminalización de la protesta social.
La familia Grillo se presentó como querellante con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS. Piden transparencia total: que se entreguen las comunicaciones internas, que no se omitan datos en los informes oficiales, que la justicia pueda hacer su trabajo sin obstáculos. No parece un pedido descabellado. Parece lo mínimo.
Más de un año después, con un hombre que todavía se recupera de una herida que pudo matarlo, con un gendarme identificado y con pruebas técnicas que contradicen la versión oficial, la pregunta que flota es incómoda: ¿por qué la investigación administrativa no avanzó al mismo ritmo que la judicial? Esa respuesta, por ahora, también parece estar oculta detrás de un informe con la hora en blanco.
Comentarios (15)
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Un año y pico después y el gendarme sigue sin estar preso. Identificaron al tipo, tienen las pericias, tienen el video, tienen todo. ¿Qué más necesitan para actuar? Esto es una vergüenza.
Hay que esperar que la Justicia haga su trabajo. No todo es tan simple como parece desde afuera. Servini lleva la causa y algo se avanzó: al menos se identificó al responsable.
¿Esperar? El hombre perdió masa encefálica, estuvo tres meses en terapia intensiva. ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Que se muera?
No dije que está bien la demora, dije que hay que dejar que la Justicia termine. Son cosas distintas. Pero entiendo la bronca, no la comparto con esa agresividad.
Lo que me parece gravísimo es que la Gendarmería haya omitido la hora del ataque en sus propios informes. Eso no es un error administrativo, eso es encubrimiento. Punto.
Eran jubilados protestando. JUBILADOS. Y los reprimieron antes de que empezara la marcha. Esto no puede normalizarse.
El protocolo antipiquetes fue diseñado exactamente para esto: criminalizar la protesta y darle cobertura legal a la represión. Lo dijeron las organizaciones de DDHH desde el primer día y nadie les dio bola.
Che, ¿alguien sabe cómo está Grillo ahora? La nota dice que sigue en rehabilitación pero no da muchos detalles.
La nota dice que tiene pronóstico reservado y posibles secuelas neurológicas permanentes. O sea, muy mal todavía.
280 km/h en trayectoria recta. Eso no es un accidente, eso es un disparo intencional a la cabeza de una persona. Llamen a las cosas por su nombre.
y el gobierno que dice? silencio total como siempre. mientras tanto el gendarme en su casa tranquilo
La frase de la familia me llegó al alma: 'El que nada teme nada oculta'. Ojalá la Justicia esté a la altura. Esta familia merece respuestas.
Yo cubrí marchas de jubilados en Rosario y vi cómo se militarizaron los operativos en los últimos años. Lo que pasó en Buenos Aires era previsible. Nadie hizo nada para evitarlo.
El CELS hace un trabajo enorme en estos casos. Sin ellos, esto ya estaría cajoneado. Hay que apoyar a las organizaciones de DDHH aunque no te gusten todos sus posicionamientos.
Totalmente de acuerdo. Y encima la familia tuvo que salir a publicar documentos ellos mismos porque la información no fluye sola. Eso dice todo sobre cómo funciona esto.