La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Con esa decisión, se eliminó el obstáculo judicial que mantenía vigente el régimen que limita la propiedad extranjera de tierras rurales.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo por falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
Según explican fuentes judiciales, el alcance de la sentencia está expresamente limitado. No declara constitucional el artículo 154, no valida en términos constitucionales la derogación de la Ley de Tierras ni resuelve qué ocurre con los actos jurídicos realizados desde la entrada en vigencia del decreto.
Hay una precisión clave: el propio tribunal dejó a salvo la intervención del Poder Legislativo prevista en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución. En otras palabras, la pelota vuelve al Congreso.
Esa pelota ya estuvo allí hace apenas unas semanas. El Gobierno intentó durante meses modificar el régimen de tierras a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Federico Sturzenegger. La iniciativa encontró fuertes resistencias, incluso entre sectores que habitualmente acompañan a La Libertad Avanza.
La negociación obligó al oficialismo a retroceder. En lugar de eliminar las restricciones, aceptó mantenerlas y elevar del 15% al 25% el límite de titularidad extranjera en cada provincia. Ni siquiera esa concesión alcanzó para reunir los votos.
El proyecto atravesó más de 16 modificaciones y en cuatro oportunidades el oficialismo intentó llevarlo al recinto sin conseguir los números. Finalmente, el 6 de agosto, Patricia Bullrich tuvo que resignar el capítulo referido a la Ley de Tierras para poder aprobar el resto de la iniciativa.
El Senado terminó dando media sanción al proyecto por 37 votos contra 33, pero sin tocar el régimen de tierras rurales. Fue una derrota política para el Gobierno porque dejó expuestos los límites de la mayoría oficialista cuando los intereses nacionales se cruzan con los provinciales.
Las resistencias fueron especialmente fuertes entre representantes de las provincias patagónicas. Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz tienen en la tierra, los recursos naturales y la propiedad de grandes extensiones un asunto particularmente sensible.
El decreto fue más lejos que la ley. Por efecto del fallo, el Gobierno obtiene hoy más de lo que estaba dispuesto a aceptar durante la negociación parlamentaria. En el Senado había aceptado preservar restricciones y llevar el límite de extranjerización del 15% al 25%; el artículo 154 del DNU 70 directamente derogó la Ley 26.737.
La Corte resolvió una cuestión procesal. No dijo que el Presidente tenga facultades para derogar esta ley mediante un DNU. Tampoco estableció que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros sean inconstitucionales. Esa diferencia ayuda a entender por qué el fallo probablemente no sea el último capítulo de la historia.
Con información de Rosario3, fuente principal.
Comentarios (10)
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Por fin se ve que la Corte no resuelve nada de fondo. La pelota sigue en el Congreso y ahí se va a pelear como siempre.
No es que la Corte no resuelva, es que no le dieron legitimación. Pero igual queda el DNU sin freno judicial y eso cambia todo.
Decís que cambia todo, pero si el Congreso no lo vota, queda en el aire. El problema es que el Gobierno no tiene mayoría para pasarla.
Milei quiso por decreto y no le salió. Ahora la Corte le abre la puerta y el Congreso la cierra otra vez. Un desastre.
Lo que pasa es que la tierra es de los argentinos, no de los fondos. Que no toquen la ley.
Me parece bien que se discuta en el Congreso. Ahí se puede debatir con las provincias y no por decreto.
Exacto, Laura. En el Senado ya se vio que las provincias patagónicas no se bancan que toquen la tierra. Ahí se negocia.
Lo que me preocupa es qué pasa con los actos jurídicos que ya se hicieron. La Corte no lo resuelve y eso genera incertidumbre.
Bullrich resignó el capítulo de tierras para aprobar el resto. Eso habla de la debilidad del oficialismo.
Al menos se ve que no es un tema para resolver por decreto. La Constitución manda y el Congreso tiene que intervenir.