A casi diez años del crimen que conmovió a San Justo, la causa por la muerte de Roque Zanutigh empezó a destrabar sus tramas más oscuras.
En una audiencia realizada en los tribunales santafesinos, la fiscal Laura Urquiza imputó formalmente a cuatro personas: el presunto autor material del homicidio y tres integrantes de su familia.
El principal señalado es José Carlos Fossatti, un hombre que actualmente cumple una condena de cinco años de prisión por narcotráfico. Según la atribución fiscal, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de enero de 2016, Fossatti ingresó con fines de robo a la vivienda de Zanutigh.
Al advertir la presencia del propietario en su dormitorio, lo atacó brutalmente a puñaladas para asegurarle la muerte y sustraerle un morral con 30 mil pesos, dos teléfonos celulares y una navaja. Por este hecho, fue imputado como autor de robo y homicidio calificado criminis causa.
Sin embargo, el accionar delictivo de la banda no finalizó con aquel trágico suceso. La Fiscalía detalló que Fossatti lideraba desde la cárcel una estructura dedicada a la compra, fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana. Su madre, Dora D.I., y su pareja, Viviana B., recibían las directivas para retirar las sustancias, fraccionarlas e ingresarlas a la unidad penitenciaria, además de comercializarlas al menudeo en sus domicilios y administrar las ganancias a través de billeteras virtuales.
En la maniobra también participaba su hermano, Juan Pablo Fossatti, a quien se le atribuye la venta en la vía pública y la tenencia ilegítima de una escopeta secuestrada durante los allanamientos.
El inicio de la audiencia estuvo marcado por el reclamo vertido a través de videoconferencia por los hijos de la víctima, constitutivos como querellantes con el patrocinio del abogado Néstor Oroño: «Necesitamos ponerle nombre a un fantasma que nos persigue hace diez años», manifestaron ante el juez penal Martín Torres.
La defensa del principal imputado está a cargo del abogado Valentín Alfonso, mientras que sus familiares son asistidos por las defensoras públicas Silvina Corvalán y Leticia Feraudo. El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia para definir si los cuatro acusados permanecerán bajo prisión preventiva.
La imputación no se limita al homicidio: la fiscalía sostiene que la red de comercialización de estupefacientes operaba tanto en las calles de la ciudad como en el interior del penal de Coronda. Ese dato amplía el peso de la causa y muestra que el homicidio se enmarca en una estructura que movía droga desde adentro de la cárcel.
Con información de: El Ciudadano. La nota se basa en la audiencia y los datos de la fiscalía.
Comentarios (9)
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Diez años para imputar es una vergüenza. Los hijos de la víctima merecían justicia antes.
No es solo la demora, es que el tipo ya estaba preso por narcotráfico y igual se le atribuye el crimen. Hay que ver cómo se controla eso.
No todo el que está preso es culpable de todo. Hay que esperar la audiencia de prisión preventiva.
Lo que más me preocupa es que la red de droga operaba desde la cárcel. Eso habla de un problema serio en los penales.
Que al menos se impute a cuatro y se nombre a los responsables es un paso. Ahora que no se caiga la causa.
Paso, pero recién empieza. Si no hay prueba, se vuelve a perder tiempo.
Me quedo con la frase de los hijos: ponerle nombre a un fantasma. Duele leer eso.
Que la madre y la pareja hayan recibido directivas desde la cárcel me parece inaudito. Hay que investigar cómo entraba la droga.