La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una decisión que representa un revés judicial para la administración de Javier Milei en materia educativa. Según informó rosario3, el tribunal confirmó que el Gobierno nacional debe ejecutar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y proceder con la recomposición salarial del sector docente.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán no solo rechazaron la apelación presentada por el Poder Ejecutivo, sino que fueron contundentes al calificar los argumentos gubernamentales como "poco serios". Esta decisión judicial se enmarca en una disputa más amplia sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior pública, un tema que ha generado tensiones desde el inicio de la gestión libertaria.
El fallo obliga al cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización retroactiva de salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Esta medida cautelar había sido originalmente dictada por el juez federal Enrique Cormick tras una acción de amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, celebró la decisión como "una excelente noticia para la comunidad universitaria en un contexto extremadamente delicado". La UNR, fundada en 1968 y una de las principales casas de estudios del país con más de 80.000 estudiantes, había sido una de las instituciones que respaldó la medida cautelar.
El tribunal destacó que la medida tiene un "impacto fiscal bajo" y no compromete significativamente el interés público, mientras protege un derecho fundamental consagrado constitucionalmente. Esta argumentación contrasta con la posición del Gobierno, que había sostenido que el cumplimiento de la ley requería primero definir las fuentes de financiamiento y su incorporación al Presupuesto nacional.
La controversia se originó cuando el Ejecutivo emitió el Decreto 759/2025, suspendiendo la ejecución de la ley y condicionando su aplicación a la disponibilidad de recursos. El juez Cormick había considerado esta medida como una muestra de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", señalando una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico".
Comentarios (11)
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Por fin una buena noticia para la educación pública. Los docentes universitarios no pueden seguir cobrando sueldos de miseria mientras este gobierno se la pasa hablando de eficiencia.
Perfecto, que paguen con qué plata? Siempre es fácil obligar a gastar lo que no se tiene. Este país se fundió por estas decisiones populistas.
Como estudiante de la UBA, esto me da esperanza. Las becas congeladas hace meses nos tienen al límite, muchos compañeros tuvieron que dejar la carrera.
La justicia haciendo su trabajo. Milei pensó que podía pasar por encima de las leyes como si fuera un rey, pero acá tenemos división de poderes.
Argumentos 'poco serios' dice la Cámara. Así está este gobierno, puro show mediático pero cuando tienen que fundamentar en serio, quedan en evidencia.
Ojalá esto se cumpla realmente y no quede en otra promesa vacía. Los docentes universitarios son clave para el futuro del país.
¿Y de dónde van a sacar la plata? Fácil es firmar fallos, difícil es encontrar los recursos sin generar más inflación.
Mi viejo es profesor en la UTN y no le alcanza ni para los remedios. Era hora de que alguien le pusiera límites a este desastre.
La educación pública es un derecho, no un gasto. Que lo entiendan de una vez por todas.
Veremos si Milei acata o se hace el rebelde. Con la justicia no se jode, aunque él crea que puede con todo.
Mientras tanto, los pibes siguen sin poder estudiar tranquilos. Espero que esto se resuelva rápido y no se eternice en chicanas políticas.