La atención médica de los jubilados afiliados al PAMI podría quedar interrumpida esta semana. Cuatro entidades del sector privado anunciaron una suspensión de 48 horas en clínicas y sanatorios.
La medida fue impulsada por CAPRESS, ACAMI, Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia. El reclamo apunta a una recomposición de aranceles y a revisar contratos con cupos para prácticas.
Desde el sector sostienen que los ingresos no acompañan los gastos en salarios, medicamentos e insumos ni el mantenimiento. Por eso, advierten que el deterioro financiero compromete la atención de casi seis millones de afiliados a la obra social.
La suspensión está prevista para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Alcanzaría principalmente a consultas y prácticas programadas, mientras que las urgencias y emergencias críticas continuarían siendo atendidas.
El dato que enciende la discusión es la brecha entre inflación y aumentos de PAMI. Según el sector, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, la cápita del segundo nivel subió 447,47% contra una inflación minorista de 942,35%.
Con esos números, los prestadores estiman que los aranceles deberían incrementarse más de un 90% para equiparar la evolución de precios desde el inicio de 2023. Además, señalan que en 2026, con ajustes del 1,9% en junio y del 8% en julio para algunas prácticas, no alcanza para compensar el atraso.
A la discusión económica se suma la crítica al modelo de atención. El sector privado sostiene que los límites para prestaciones y la derivación a hospitales públicos generan dificultades para clínicas y afiliados que necesitan turnos, estudios o procedimientos especializados.
Desde PAMI señalaron que las conversaciones continúan y que se prevén reuniones de equipos técnicos para revisar valores. Según fuentes del organismo citadas por medios nacionales, ya hubo un entendimiento para incrementar aranceles de determinadas prácticas clínicas.
Sin embargo, las organizaciones prestadoras consideran que los ajustes ofrecidos no alcanzan. Por eso, la suspensión se mantenía en pie, aunque contemplaban consultar a las clínicas adheridas antes de definir si avanzaban con la protesta.
El conflicto también incluye un planteo sobre la situación impositiva de los establecimientos sanitarios. Las entidades solicitaron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la necesidad de una reforma tributaria y buscar alternativas.
El resultado de las negociaciones será determinante: o se interrumpe la atención programada durante las dos jornadas previstas, o se alcanza un acuerdo que permita dejar sin efecto la medida.
Con información de Conclusion y entidades prestadoras del sector.
Comentarios (10)
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Con 447,47% de aumento de la cápita contra 942,35% de inflación, no es un reclamo menor. El prestador está en números rojos.
Pero el que sufre es el jubilado. Si no hay consultas ni prácticas programadas, queda en el medio.
Lo que me parece grave es que se suspenda por 48 horas justo cuando muchos necesitan estudios o turnos.
Acá no es culpa del jubilado. Si el PAMI no ajusta lo suficiente, la clínica no puede sostener el servicio.
Al menos las urgencias críticas siguen. Eso es lo mínimo, pero no alcanza para un tratamiento programado.
Por eso digo que hay que revisar el modelo: derivar a hospitales públicos no siempre resuelve el problema.
Espero que la audiencia con Santilli sirva para destrabar el tema. Un jubilado no puede esperar meses.
Ojalá. Si los equipos técnicos ya tienen un entendimiento parcial, que se concrete antes del miércoles.
Me parece bien que consulten a las clínicas adheridas antes de avanzar. No todo el sector está igual.
Lo que falta es un acuerdo serio. Con ajustes del 1,9% y del 8%, no se compensa el atraso.