La Municipalidad de Rosario logró un acuerdo clave con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe y el Colegio de Ingenieros de Rosario para destrabar uno de los conflictos más prolongados del sector de la construcción local: la exigencia de aportes previsionales al día como requisito para tramitar permisos de obra. El entendimiento, alcanzado este miércoles y comunicado oficialmente este jueves, reordena responsabilidades y busca agilizar una burocracia que venía frenando proyectos en toda la ciudad.
El eje del convenio es claro: la Municipalidad compartirá información de los trámites y de los profesionales intervinientes, mientras que los colegios asumen expresamente el control de matrícula, incumbencias y fiscalización de aportes. De esta forma, el municipio deja de ser el gendarme previsional del sector y cada organismo cumple el rol que le corresponde. También se creó una mesa técnica para implementar el certificado de matrícula habilitante del decreto 804, y se destraban los expedientes que habían quedado rechazados durante el conflicto, otorgándoles plazo para completar la documentación pendiente.
Un punto no menor del acuerdo es el judicial: ambas partes desisten de los procesos en curso, con costas por su orden y sin reconocimiento de responsabilidad. Una salida ordenada que evita un desgaste mayor para ambos lados.
Sebastián Chale, secretario de Gobierno Municipal, fue directo al explicar la lógica detrás de la medida: "La idea fuerza de la Municipalidad es simplificar y no eliminar controles ni aportes. Era ordenar responsabilidades y hacer más ágiles los trámites. El acuerdo con el propio Colegio termina confirmando esa lógica". La frase resume bien el espíritu de una gestión que apostó a desregular el proceso sin desmantelar el sistema.
El respaldo del sector privado no tardó en llegar. La Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda celebraron la medida, señalando que agilizar la obtención de permisos y finales de obra es fundamental para que la actividad fluya. En un contexto donde la construcción privada en Rosario viene mostrando señales de recuperación tras años de retracción, cualquier reducción de trabas administrativas tiene impacto directo en el mercado.
Sin embargo, el acuerdo no es unánime. La Caja Previsional de Ingenieros —que nuclea a ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obras— mantiene su rechazo y advierte que la medida desfinancia el sistema jubilatorio y la obra social del sector. Hasta ahora, la exigencia municipal de aportes al día era una garantía de cobro casi automática. Sin ese mecanismo de presión, la Caja teme que muchos profesionales dejen de cumplir.
El frente profesional, que en un principio estaba unido detrás de la Caja, se fue fracturando a medida que avanzaron las negociaciones. El único colegio que se mantuvo junto a la Caja fue el Colegio de Arquitectos de Rosario, alineado políticamente con la oposición al gobierno municipal, lo que le da a su postura un tinte que va más allá de lo técnico.
El Colegio de Ingenieros, en cambio, fue más allá del acuerdo y emitió un comunicado interno con duras críticas a la Caja por haber difundido que el sistema previsional estaba en riesgo. En el texto, el colegio recordó que desde el 16 de mayo, cuando el intendente promulgó el decreto 804, ya se venía revisando la liquidación de honorarios de cada expediente y confirmando que los aportes se hubieran realizado antes de emitir el certificado habilitante. "Nada cambió en lo que se refiere al cumplimiento de las leyes de honorarios y aportes", afirmaron, y cuestionaron abiertamente que la Caja haya generado alarma entre sus afiliados sobre jubilaciones y obra social.
El episodio deja una enseñanza sobre cómo funcionan ciertos organismos corporativos: cuando el Estado deja de ser el recaudador forzoso de una entidad privada, esa entidad entra en pánico. La pregunta que queda flotando —y que el propio Colegio de Ingenieros sugiere— es si la Caja realmente estaba en riesgo o si simplemente perdía un mecanismo de coerción cómodo que le evitaba tener que gestionar el cobro por sus propios medios.
Con informacion de: Rosario3
Comentarios (13)
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Por fin alguien le pone orden a este quilombo. Hace años que los permisos de obra en Rosario son un calvario. Si el colegio puede controlar los aportes sin trabar todo el trámite municipal, bienvenido sea.
Trabajo en el sector hace 15 años y la Caja siempre usó la municipalidad como recaudador gratis. Que ahora tengan que gestionar el cobro ellos solos les parece el fin del mundo. Lógico.
Ojo con esto. La Caja no es una empresa privada, es el sistema jubilatorio de miles de profesionales. Si se desfinancia, los que pierden son los jubilados, no los burócratas de turno.
Roberto, el propio Colegio de Ingenieros dice que nada cambió en el cobro de aportes. La Caja generó pánico innecesario. ¿O preferís que la municipalidad siga siendo el patovica de una entidad privada?
Claro que lo prefiero si eso garantiza que los jubilados cobren. El problema no es quién controla, es si el sistema funciona. Esperemos que en 5 años no estemos lamentando esto.
Yo solo quiero que mi permiso de ampliación salga rápido. Llevo 8 meses esperando y nadie me da una respuesta clara. Si este acuerdo destrabó expedientes, me parece perfecto.
El Colegio de Arquitectos de Rosario que se quedó con la Caja... ¿casualidad que sea el que está con la oposición política? Todo tiene color acá.
Gustavo, no todo es política. Hay colegas que genuinamente creen que esto pone en riesgo el sistema. Yo no lo comparto, pero no los tires a todos en la misma bolsa.
mi viejo es maestro mayor de obras y siempre se quejó de que la caja le cobraba pero cuando necesitó la obra social era un desastre. que se arreglen entre ellos
Lo que me parece bien es que se destraben los expedientes rechazados. Hay constructoras chicas que tienen obras paradas por esta pelea entre organismos. El que paga siempre es el mismo.
Chale dijo que simplificaron sin eliminar controles. Ojalá sea verdad y no sea solo marketing municipal. Hay que ver cómo funciona en la práctica.
Me parece bien que cada organismo haga lo suyo. El municipio no tiene por qué ser el cobrador de la Caja. Si la Caja no puede cobrar sola, el problema es de gestión interna, no del decreto.
¿Y los expedientes que quedaron rechazados durante el conflicto? ¿Cuánto tiempo tienen para completar la documentación? La nota no lo aclara y es lo que más me importa.