Un nuevo informe sobre salud sexual y reproductiva en el centro-norte de Santa Fe encendió las alarmas: el 80% de las personas encuestadas no sabe dónde acudir si necesita acceder a una interrupción del embarazo, pese a que la práctica es legal en Argentina desde 2021. Los datos fueron presentados este miércoles en la librería Mal de Archivo, en Urquiza 1613, Rosario.
El estudio es el resultado del Segundo Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados de Salud Sexual, impulsado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Rosario y la organización Multipalabras, alianza entre la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras. Se encuestó a 400 personas —394 mujeres cis y 1 varón trans— de entre 14 y 51 años, en salas de espera de hospitales públicos de segundo y tercer nivel de complejidad.
El relevamiento abarcó 10 departamentos distribuidos en los cuatro nodos sanitarios del centro-norte provincial: Reconquista, Rafaela, Santa Fe y Ceres, con presencia en más de 25 localidades que van desde Villa Ocampo hasta San Javier, pasando por Sunchales, San Jorge, Esperanza y Gálvez, entre otras.
El dato más llamativo es la brecha entre el marco legal vigente y el conocimiento real en terreno. Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un porcentaje similar al 80% tampoco sabe si el efector al que concurre habitualmente brinda información sobre IVE/ILE. Esto revela una falla estructural en la comunicación institucional del sistema de salud pública provincial, que no logra traducir el derecho formal en acceso concreto.
El desconocimiento se extiende a los canales de información disponibles. El 86,6% de los encuestados —unas 330 personas— ignora la existencia de la Línea Gratuita 0800 222 3 444 de Salud Sexual, un recurso financiado con fondos públicos que debería ser de amplia difusión. Solo el 16,4% dijo conocerla, lo que pone en evidencia la ineficiencia del Estado para comunicar los servicios que él mismo financia.
La situación se agrava cuando se analiza la disponibilidad de insumos en los propios establecimientos de salud. El 47,3% de las personas relevadas indicó que no hay dispenser de preservativos en las salas de espera, y apenas el 16,5% reportó la presencia de folletería sobre salud sexual y reproductiva. En cuanto a afiches sobre IVE/ILE, aparecen en apenas el 3,3% de los casos, una cifra que habla de una ausencia casi total del tema en los espacios donde más se lo necesita.
En materia de conductas preventivas frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), los datos también generan preocupación: solo la mitad de las encuestadas menciona el uso del preservativo como método de prevención. En el grupo de 41 a 55 años, el 44% señala la «confianza en la pareja» como su principal estrategia preventiva, mientras que los testeos periódicos apenas alcanzan al 9% de las usuarias.
Hay, sin embargo, un punto donde el sistema muestra mejor desempeño: el acceso a métodos anticonceptivos (MAC). El 82,2% de las encuestadas afirmó haber recibido asesoramiento sobre el tema, dos tercios utilizan algún método, y de ellas el 66,7% lo obtiene de forma gratuita. Cerca del 90% no tuvo dificultades para conseguir su MAC durante el último año en el ámbito hospitalario. El método más utilizado son las pastillas anticonceptivas (105 usuarias), seguidas por el preservativo (53) y el implante subdérmico (49), con fuerte concentración de este último en jóvenes de 14 a 21 años.
El contraste es elocuente: el sistema funciona relativamente bien cuando se trata de anticonceptivos de rutina, pero falla de manera sistemática en todo lo que refiere a información sobre aborto legal y prevención de ITS. Esa selectividad en la eficiencia del gasto y la comunicación pública es, precisamente, lo que el informe pone sobre la mesa. Conocer los derechos no debería depender de la suerte geográfica ni del acceso a redes militantes: es una responsabilidad del Estado que, según estos datos, sigue sin cumplirse en buena parte del territorio santafesino.
Comentarios (14)
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Esto es vergonzoso. Cinco años de ley y la gente sigue sin saber dónde ir. El Estado cobra impuestos para financiar servicios que después no comunica. ¿Para qué sirve una ley si nadie sabe que existe?
Hay que ver también el contexto: muchas de esas localidades son muy chicas, con un solo médico que a veces es objetor de conciencia. No es solo un problema de comunicación, es de infraestructura sanitaria.
Y encima el 86% no conoce la línea gratuita. Plata del Estado tirada para un servicio que nadie usa porque nadie sabe que existe. Genial la gestión.
Lo que me llama la atención es que con anticonceptivos el sistema funciona bien, el 90% no tuvo problemas para conseguirlos. Entonces la falla es específica en el tema aborto. Eso no es casualidad.
Claro que no es casualidad, hay médicos que directamente se niegan a dar información sobre IVE. La objeción de conciencia se usa como excusa para no cumplir la ley.
Discrepo. La objeción de conciencia es un derecho reconocido. El problema es que el Estado no garantiza que haya siempre otro profesional disponible. Son dos cosas distintas.
El dato del 44% que confía en la pareja como método preventivo contra ITS me parece el más preocupante de todos. Eso no es un problema de política pública, es un problema cultural profundo.
Trabajo en salud pública y puedo confirmar que en muchos hospitales del interior ni siquiera tienen el material para dar. No es que no quieran informar, es que no tienen folletería, no tienen preservativos, no tienen nada.
Y mientras tanto se gastan millones en campañas de imagen del gobierno provincial. Prioridades.
Buen informe el de las organizaciones. Esto es lo que debería hacer el Estado y no lo hace, así que lo hacen las ONG. Paradójico.
Me alegra que al menos los anticonceptivos lleguen bien. Eso es un avance real. Pero claro, falta mucho todavía en el resto.
igual che, si el 80% no sabe donde ir es porque nadie les explica. no es que la gente no quiere saber. el sistema falla desde adentro
Qué bueno que organizaciones civiles hagan este trabajo de monitoreo. Sin esto ni sabríamos la magnitud del problema. Ojalá el gobierno provincial tome nota.