La privatización de AySA se convirtió en un tema de interés nacional por la estructura societaria y el precio de la operación.
El Gobierno adjudicó el 90% de AySA, que presta agua y cloacas a 14 millones de personas, por US$340,2 millones.
El 13 de noviembre es la fecha máxima para firmar el contrato de compraventa.
El consorcio ganador integra PHX Aqua AR, Transclor, Rowing y Arcos, con participaciones del 55%, 10%, 20% y 15%.
La participación de Mauricio Filiberti llega por Transclor y por sociedades en Londres y Ámsterdam que pertenecen a un fondo de Curaçao.
Según registros citados, PHX Aqua Limited se creó en Londres con una acción de una libra no pagada.
Al día siguiente, Transclor amplió su objeto social para invertir en prestadoras de servicios públicos, señaló Pablo Pirovano, socio de Pasbba Abogados.
El 24 de agosto se inscribió en Ámsterdam PHX Aqua AR, con un capital de un euro no integrado y ningún empleado.
Un día después, el Ministerio de Economía postergó la apertura de ofertas del 27 de agosto al 15 de septiembre.
El 2 de septiembre, Walter Román constituyó PHX Holding Argentina, una inversora en la que tiene el 95% y comparte directorio y sede con Rowing.
El último eslabón es Phoenix Global Investment Fund, constituido en 2016 en Curaçao, cuyo registro declara que no tiene una matriz conocida.
En ningún eslabón aparece una persona física. Cerca del consorcio no precisaron qué parte de PHX tiene cada empresario ni si hay otros inversores.
Con la operación, Filiberti pasaría de ser proveedor de AySA a ser uno de sus dueños. Transclor le provee desde 2009 policloruro de aluminio y cloro líquido.
Filiberti también participa, junto a José Luis Manzano y Daniel Vila, en el control de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica, que tiene a AySA como principal cliente.
Edenor acordó comprarle a YPF el 70% de Metrogas por US$780 millones. Si se concretan ambas operaciones, Filiberti tendría participación en electricidad, gas y agua en buena parte del AMBA.
El peronismo prepara una objeción y cuestiona el precio. Guillermo Michel consideró que la empresa fue mal vendida y que el Gobierno nunca explicó cómo realizó la cotización de la empresa.
El diputado explicó que, según el último balance, la utilidad operativa de AySA fue de aproximadamente 270 millones de dólares y el 90% se vendió en 340 millones, lo que implicaría recuperar la inversión en 1,3 años.
También señaló que las acciones podrían usarse como garantía para salir a buscar crédito y pagar lo que la empresa supuestamente vale.
Otro cálculo del peronismo estima que AySA tiene 4 millones de usuarios que pagan un promedio de 30 dólares por mes, y que la empresa se vendió a un estimado de 85 dólares por usuario.
El Gobierno además concedió un aumento de tarifas que, según La Política Online, impactaría en casi dos millones de usuarios residenciales, el 60% del total, con subas promedio del 22,6%.
Cerca del consorcio explicaron que la estructura permite acceder a inversores y financiamiento, y que las decisiones quedarían en Rowing, Transclor, Arcos y el programa de propiedad participada de los trabajadores.
El pliego exigía un patrimonio neto de US$300 millones o US$1000 millones en activos bajo gestión. El Estado dio por cumplido el requisito, pero la resolución no explica cómo.
La Nación consultó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, pero no tuvo respuesta.
Con información de: La Nación, La Política Online.
Comentarios (3)
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Me preocupa que no se explique cómo se cumplió el requisito de patrimonio.
Ojalá se aclare el rol del fondo de Curaçao.
Esperemos que las tarifas no sigan subiendo.