Lo que comenzó como una denuncia por amenazas terminó siendo el hilo que llevó a desarticular una organización narcocriminal en San Lorenzo, la ciudad industrial del sur del Gran Rosario. Una mujer se presentó ante las autoridades para relatar que un hombre intentó atropellarla con un automóvil y luego la amenazó de muerte apuntándole con un arma de fuego. Ese testimonio fue el punto de partida de una investigación que derivó en una operación de gran envergadura.
La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, ejecutó cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad. El operativo coordinado, que requirió semanas de seguimiento e inteligencia previa, concluyó con siete personas detenidas, dos de las cuales contaban con pedidos de captura activos por causas anteriores.
El material secuestrado durante los procedimientos encendió todas las alarmas: armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y, en un hallazgo que llamó especialmente la atención de los investigadores, un uniforme de Prefectura Naval Argentina. La presencia de indumentaria oficial de una fuerza de seguridad federal en manos de una organización criminal abre interrogantes sobre posibles vínculos o al menos sobre el uso de esa vestimenta para facilitar actividades ilícitas.
San Lorenzo, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Rosario sobre la ribera del Paraná, es una ciudad con fuerte perfil industrial y portuario. Esa característica geográfica y logística la convierte históricamente en un punto sensible para el tráfico de sustancias, ya que la cercanía con el río y las rutas de acceso facilitan el movimiento de mercadería ilegal. Los operativos de este tipo en la zona no son aislados, aunque la magnitud de este —cinco allanamientos en simultáneo y siete capturas— lo ubica entre los más significativos de los últimos tiempos en el sur del cordón industrial santafesino.
La investigación pone en evidencia, una vez más, cómo las denuncias ciudadanas pueden convertirse en herramientas fundamentales para el desbaratamiento de estructuras criminales. En este caso, fue el coraje de una mujer que decidió no callar frente a una amenaza directa lo que permitió a las fuerzas de seguridad trazar el mapa de una organización que operaba en el territorio. El rol de la víctima como denunciante activa resultó determinante para el éxito del operativo.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia provincial, que deberá determinar los cargos formales y avanzar en la investigación sobre el origen de las armas, la procedencia de las drogas y el vínculo con el uniforme de Prefectura. La causa promete derivar en nuevas aristas a medida que los investigadores profundicen en las conexiones de la red.
Comentarios (13)
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Qué valiente esa mujer. Denunciar en San Lorenzo, sabiendo cómo están las cosas, no es fácil. Ojalá la cuiden y no quede expuesta.
Lo del uniforme de Prefectura es lo que más me preocupa. Eso no aparece solo en cualquier casa. Alguien tiene que explicar eso.
El uniforme de Prefectura me hace ruido. ¿Investigaron si hay algún efectivo involucrado o solo lo usaban para moverse sin levantar sospechas?
Exacto Lucho, eso es lo que nadie dice. Con ese uniforme podés parar un auto, entrar a un puerto, hacer lo que quieras. No es un detalle menor.
Buen operativo, pero cinco allanamientos para siete detenidos en San Lorenzo... ¿cuántos más quedan sueltos? Esto es la punta del iceberg.
Totalmente de acuerdo Roberto. Siempre caen los de abajo y los que manejan el negocio siguen libres y con sus propiedades intactas.
Pará, pará. Que caigan siete de una sola denuncia no es poca cosa. Dale crédito a la PDI cuando labura bien.
Acá en San Lo se sabe quiénes son. Todos los conocemos. Lo raro es que tardaron tanto en actuar.
Ojalá la Justicia no los largue a los dos días como pasa siempre. Que esta vez haya condenas reales.
Bien por la mujer que denunció. Eso es lo que necesita la sociedad, más gente que se anime a hablar.
Sí, pero después esa mujer queda expuesta y tiene que mudarse o bancarse las represalias. El Estado la tiene que proteger de verdad, no solo usarla como testigo y chau.
Lo que me llama la atención es que hayan podido hacer cinco allanamientos simultáneos. Eso requiere coordinación y recursos. Cuando quieren, pueden.