El proyecto de reforma penal que impulsa la gestión provincial de Unidos volvió a ser blanco de críticas en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos rechazó la iniciativa y la calificó de retroceso penal.
La objeción se formalizó durante una audiencia y plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En esa instancia, distintas entidades civiles, organizaciones sociales, colegios profesionales e instituciones públicas coincidieron en señalar inconstitucionalidad.
Entre los puntos más polémicos, el documento advierte sobre reformas al Código Procesal Penal que habilitarían interrogatorios policiales sin defensa técnica, allanamientos sin orden judicial previa y la extensión a 48 horas de la detención por averiguación de antecedentes.
También cuestiona la posible validez probatoria de procedimientos ilegales y la ampliación de facultades para realizar tareas de inteligencia policial sin fiscalización adecuada. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sumó sus objeciones sobre el alcance de las facultades policiales propuestas.
El pronunciamiento hace especial foco en las “Zonas de Intervención Policial Especial”. Según la organización, esa figura permitiría limitar la circulación en la vía pública, establecer controles de acceso y disponer restricciones horarias, un esquema que compararon con un estado de sitio prescindiendo de sus resguardos institucionales.
Desde la agrupación subrayaron que la iniciativa colisiona con la Constitución Provincial reformada recientemente. “Lo sorprendente y paradójico es que todas estas antidemocráticas propuestas violentan la mismísima Constitución Provincial sancionada durante su mandato”, expresaron, al tiempo que llamaron a los legisladores a no aprobar un esquema que asocian con prácticas autoritarias.
La discusión continúa en el ámbito parlamentario, en medio del debate sobre el balance entre las herramientas de la gestión de Maximiliano Pullaro contra el delito y el resguardo de las garantías individuales. La pregunta queda instalada: ¿hasta dónde pueden llegar las medidas de seguridad pública sin debilitar el marco constitucional?
El comunicado se emitió durante el debate de la iniciativa en la Cámara de Diputados de Santa Fe y recogió las observaciones técnicas presentadas en la audiencia. Allí, las entidades coincidieron en que la propuesta contiene medidas incompatibles con los marcos garantistas de la Constitución Nacional y de la propia carta magna santafesina.
La advertencia no se limita a una lectura política. El documento también pone el dedo en la posibilidad de validar pruebas obtenidas en procedimientos irregulares y en la expansión de tareas de inteligencia sin controles suficientes. Para la organización, ese conjunto de cambios modificaría el equilibrio entre la acción policial y la protección de derechos.
En ese contexto, la mención a las “Zonas de Intervención Policial Especial” encendió la alerta. La organización describió un dispositivo que podría restringir el tránsito en la vía pública, aplicar controles de acceso y fijar horarios, una combinación que, según su lectura, se parecería a un estado de sitio prescindiendo de sus resguardos institucionales.
El reclamo final apunta a los legisladores: no aprobar un esquema que, según la agrupación, asocia la gestión de seguridad con prácticas de etapas autoritarias de la historia argentina. La discusión sigue abierta en el recinto, donde se cruza la promesa de fortalecer la seguridad con la necesidad de sostener las garantías individuales.
Comentarios (10)
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Me preocupa sobre todo la parte de las zonas de intervención. Si se aprueba así, puede ser un problema para los barrios.
Respuesta a Marcelo: yo también me quedo con la duda de cómo se controla eso en la práctica.
A Marce: no es solo duda, es que sin fiscalización clara puede volverse un control arbitrario.
Coincido. 48 horas de detención por averiguación de antecedentes es demasiado si no hay orden judicial.
A Silvia: justo, por eso hay que exigir que el plenario deje claro el alcance de cada artículo.
Ojo, no es que no haya que combatir el delito, pero la reforma tiene que respetar la Constitución.
Lo que más me llamó la atención es que lo critican hasta colegios profesionales e instituciones públicas. No es solo una postura de un sector.
Pullaro tiene que dar explicaciones si la propia Constitución Provincial es la que se estaría violando.
Respuesta a Diego: sí, porque el comunicado dice que colisiona con la reforma constitucional reciente.
Espero que los diputados lean el plenario completo antes de votar. La seguridad no puede ser una excusa para saltarse garantías.