Lo que se juega en el sistema vial no es solo una cifra: es la diferencia entre asfalto, mantenimiento y financiamiento. El STVyARA salió a denunciar que más de $1 billón permanece sin ejecutarse, mientras el Ejecutivo avanza con un nuevo esquema de concesiones privadas.
Según documentación oficial reconstruida por el gremio, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial. De ese monto, el sindicato sostiene que solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras.
El dato más incómodo aparece al 31 de mayo: más de un billón de pesos estaba colocado en plazos fijos y títulos públicos. El Gobierno reconoció previamente que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA. La frase condensa la bronca del gremio: hay dinero, pero no llega al pavimento.
La denuncia llega en medio de otro frente: el Ejecutivo evalúa incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Desde el sindicato calificaron ese proceso como un “ruticidio” y cuestionaron lo que consideran un debilitamiento de Vialidad Nacional.
La discusión no es nueva. En agosto, el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos del SisVial, que se financia con una porción del impuesto a los combustibles, es administrada por Economía para contribuir al equilibrio fiscal. Sostuvo que una parte va a Vialidad Nacional y otra queda a disposición del Ministerio.
El problema, según el gremio, es que Vialidad Nacional conservaría responsabilidades de auditoría y control sobre miles de kilómetros, mientras se implementan medidas para reducir su dotación de personal. “No se puede exigir más control con menos Vialidad”, advirtió Aleñá. Para el sindicato, esa reducción técnica puede usarse como argumento para profundizar la participación de empresas privadas.
En septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó un proyecto para otorgar beneficios impositivos a nuevas inversiones en rutas. El esquema apunta a atraer capital privado para el desarrollo de infraestructura. Ahí se cruza el debate: cuánto se invierte en obras, cuánto queda en instrumentos financieros y qué rol le queda al Estado.
La pelea por los fondos viales ya no es solo técnica. Es política: involucra el nivel de inversión pública, el rol de Vialidad Nacional y el avance de las concesiones privadas. Y deja una pregunta incómoda: si hay plata, ¿por qué no está en las rutas?
Con información de Rosario3.
Comentarios (10)
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Me parece bien que se exija transparencia. Si hay $1 billón en plazos fijos, hay que saber a dónde fue.
Mientras tanto, las rutas están destruidas. Es la misma historia de siempre: plata para el fisco, nada para el asfalto.
No es la misma historia, es que el Estado administra recursos. No todo es corrupción.
Si el Estado administra y no ejecuta, la pregunta es por qué. No es lo mismo administrar que construir.
Ojalá se publiquen los números por tramo. Sin eso, es solo una denuncia más.
Lo que me preocupa es que con menos Vialidad y más concesiones, después nos cobren peaje y siga todo mal.
Bien que Caputo anuncie beneficios impositivos, pero primero que se ejecuten los fondos que ya están.
¿Alguien sabe qué tramos son los 26? Eso es lo que falta para entender el impacto.
No, todavía no se detallan en la nota. Hay que esperar el proyecto.