En Rosario, los femicidios de Débora Bordón y Bárbara Aragón volvieron a poner en el centro la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales.
A esos crímenes se suman 18 crímenes de género registrados este año y un episodio reciente en Lima y 3 de Febrero, donde una trabajadora llamó al 911 tras una agresión.
Myriam Auyeros, referenta histórica de Ammar en Rosario, denunció la inacción de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, y exigió el reconocimiento de derechos laborales para evitar nuevas muertes.
En el caso de Bárbara Aragón, la familia y el entorno tuvieron que encabezar la búsqueda. La madre se presentó en la Fiscalía acompañada por compañeras y no la atendieron; recién días después la recibieron para declarar.
La reconstrucción hecha por las compañeras a través de redes sociales fue determinante: un remisero reconoció la foto de Bárbara e indicó la dirección a la que la había trasladado. Cuando la familia ingresó al lugar, el desenlace ya era trágico.
Las primeras informaciones apuntan a un ex policía de Reconquista, exonerado por causas vinculadas con el narcotráfico y con condena previa, como principal sospechoso. Auyeros sostuvo que la inoperancia policial y la demora en tomar denuncias son constantes.
A diferencia del trabajo en la vía pública, Débora y Bárbara se desempeñaban en departamentos privados y servicios a domicilio, contactadas a través de plataformas digitales. No estaban organizadas en el sindicato, una realidad que refleja la dispersión y el aislamiento al que la crisis económica empuja a muchas jóvenes en la ciudad.
“Nuestra actividad no está reconocida y eso hace que quedemos tapadas, sin apoyo de nadie. La clandestinidad es lo que nos mata”, afirma Auyeros, quien a sus 63 años combina la militancia con un puesto en una feria popular.
La referenta describe que hoy la mayoría de las chicas son jefas de familia con tres a cinco hijos a cargo. La falta de trabajo y el aumento de los alquileres las obliga a hacer domicilios, expuestas a cualquier situación, porque los clientes en los hoteles ya no consumen o pagan miseria. En la desesperación por llenar la olla, se aceptan riesgos enormes.
Auyeros remarca que la brecha social se profundizó con el desmantelamiento de herramientas públicas de asistencia: secretarías, subsidios de emergencia para alquileres y áreas de atención a la violencia. Las compañeras más pobres terminan en situación de calle o en comedores comunitarios. Cuando decimos que somos trabajadoras sexuales se nos cierran todas las puertas.
Aunque la legislación vigente prohíbe que la policía detenga a personas por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual, la presencia de uniformados en el territorio mantiene una lógica de hostigamiento sistemático. Siguen dando vueltas, pidiendo documentos veinte veces a las chicas de la zona de la Terminal o cruzando el patrullero para ahuyentar la actividad. Pero cuando hay una emergencia o una compañera desaparece, no están.
Con información de: El Ciudadano, El Ciudadano.
Comentarios (8)
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Lamento lo de Débora y Bárbara. La clandestinidad las deja expuestas y la falta de derechos es una bomba de tiempo.
No me parece que sea solo clandestinidad. Si la Justicia y la policía no actúan rápido, cualquier trabajo se vuelve riesgoso.
¿Y vos qué proponés? Que las dejen trabajar sin derechos? La precariedad económica también mata.
La policía no puede hostigar y después no estar cuando hay una emergencia. Eso es inaceptable.
Coincido. La demora en la Fiscalía es gravísima y la familia tuvo que buscarla sola.
Con tres o cinco hijos a cargo y alquileres caros, no queda otra que arriesgarse. El Estado las abandona.
Lo del remisero que reconoció la foto muestra lo frágil que está la búsqueda. Ojalá haya justicia.
Ojalá se reconozcan derechos laborales y haya más presencia real en emergencias, no solo para ahuyentar.