Rosario: familia en terreno del Puerto teme desalojo y que peligrue la tenencia

Una familia de Rosario vive en una casilla construida con tarimas y nylon, donados por los vecinos, en un terreno baldío de Ayolas y Circunvalación, propiedad del Enapro, y teme ser desalojada.

Rocío, mamá de tres niños de 9, 5 y 3 años, se ganaba la vida vendiendo pan casero en las afueras del Puerto de Rosario, pero hace varios días no puede salir a trabajar por el temor a que la policía les desmantele la precaria vivienda.

La situación comenzó hace un año y medio, cuando la familia corría riesgo de quedar en situación de calle. Ayudada por vecinos del barrio Los Bretes, colectó varios materiales y armó una casilla en un pequeño terreno baldío que es propiedad del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), un organismo que en los últimos días reclamó el predio.

“Estaba en situación de calle y los vecinos me ayudaron a armar esta casita con tarimas y nylon. El primer día se inundó todo, se mojó la cama de los chicos, pero lo pudimos recuperar. Sin embargo, estoy recibiendo hostigamiento por parte del Enapro, me dicen que no hay ninguna ley que me ampare y que voy a perder las asignaciones”, denunció la joven en declaraciones a Conclusión.

Como le reclaman el terreno, Rocío teme abandonar su vivienda: “Si me muevo de acá van a tirar todo abajo. Yo trabajaba, hacía pan casero y vendía frente al puerto, a los camiones que entraban y salían, pero a raíz de esto no puedo hacer más nada”.

La mujer remarcó que si derriban su casa la familia quedaría en la calle y, en ese caso, peligraría la tenencia de sus hijos. Ante este contexto recurrió a la Defensoría de la Niñez y a la Municipalidad de Rosario, pero no obtuvo respuestas positivas. “Supuestamente están trabadas las ayudas económicas y los subsidios de alquiler”, detalló.

“Los vecinos me ayudan con mercadería y me orientan. El lugar donde estoy es muy chiquito, yo quería una piecita, una cocinita y un baño, nada más”, contó la joven, quien expresó que necesita materiales para terminar de cerrar el baño, que quedó inconcluso y obliga a la familia a concurrir a los sanitarios de los vecinos.

“Los chicos no están yendo a la escuela por el miedo que nos genera esta situación. Vino personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y nos amenazó con armas, los mismos vecinos le dijeron que bajen las pistolas porque había menores, pero ellos argumentaron que era un protocolo que tenían que cumplir. Por temor les dije que el lunes me iba”, concluyó Rocío, quien además sostuvo que los uniformados se paran en la ruta y le sacan fotos tanto a la vivienda como a los menores.

Al momento de realizar esta entrevista, en inmediaciones de la casilla había vehículos de la Policía y del Enapro.

El caso muestra la fragilidad de una familia que depende de la solidaridad vecinal y de un trabajo frente al puerto, mientras espera una respuesta institucional.