En Santa Fe se dio media sanción al proyecto de Ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, una iniciativa que busca modificar el tratamiento del robo de celulares y el comercio de equipos usados.
El senador Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad e impulsor del proyecto, explicó que hoy la víctima rastrea su celular, sabe dónde está, llama a la policía y no puede actuar porque no hay un marco legal claro.
El dato de escala es fuerte: solo en Rosario se roban aproximadamente 200 celulares por día, y entre el 70 y el 80% de los casos no se denuncia.
La norma ataca el problema desde dos frentes: uno procesal y otro económico. El primero modifica la forma en que la policía puede intervenir cuando el equipo ya fue localizado.
La ley incorpora la geolocalización como supuesto de flagrancia. Si el dueño rastrea su equipo, la policía actúa de inmediato.
El segundo frente es económico: crea un Registro Provincial obligatorio para todos los comercios que compren, vendan o reparen celulares usados. Cada operación deberá registrar el IMEI y los datos del vendedor.
Sin trazabilidad, la ley prevé inspección, inmovilización y clausura. El objetivo es cortar la cadena de negocios, talleres y revendedores que vive del robo.
«El robo de celulares dejó de ser un delito aislado. Hay una cadena entera detrás: negocios, talleres, revendedores que vive de eso», agregó Seisas.
Para el senador, si no hay dónde vender lo que se roba, el delito pierde buena parte de su incentivo. La ley también incorpora una reforma al Código de Faltas y mecanismos de cooperación con el Ministerio Público y ENACOM.
La medida apunta a una situación concreta: la víctima ya tiene la información, pero el sistema no le da una salida rápida. Con la geolocalización como flagrancia, la policía puede intervenir en el momento en que el equipo es localizado.
El Registro Provincial no se limita a anotar un número: obliga a dejar constancia del IMEI y de los datos del vendedor en cada operación. Esa trazabilidad es la herramienta para distinguir un comercio formal de un punto de reventa.
La sanción no es solo administrativa: la inspección, la inmovilización y la clausura buscan que el comercio no pueda operar sin dejar rastro. Si el equipo no tiene historia, el local queda expuesto a un control directo.
La iniciativa también incorpora mecanismos de cooperación con el Ministerio Público y ENACOM, además de la reforma al Código de Faltas.
Comentarios (11)
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Por fin algo concreto. En Rosario se roban 200 celulares por día y la policía no podía actuar si no había marco legal.
El registro de IMEI va a ser clave. Los talleres que compran sin factura van a tener que mostrar papeles.
Con 70 y 80% sin denunciar, la ley no sirve si la gente sigue sin ir a la comisaría.
No es solo denunciar. Si el dueño localiza y la policía puede actuar de inmediato, cambia el juego.
Suena lindo, pero ¿quién va a controlar todos los comercios? La inspección y la clausura no pueden quedar en el papel.
Bueno que se mencione a ENACOM. Si hay cooperación, la trazabilidad puede funcionar.
Me preocupa que clausuren un comercio por no tener trazabilidad. ¿Qué pasa con el empleado que no sabía?
La ley habla de inmovilización y clausura. Si no hay registro, el local no puede operar.
Ojalá no quede en el papel. La inspección y la clausura tienen que aplicarse.
El dato de 200 celulares por día en Rosario es alarmante. Hay que bancar la ley.
La reforma al Código de Faltas y la cooperación con el Ministerio Público son importantes para que no sea solo una ley de buenas intenciones.