El camarista rosarino Javier Beltramone hizo lugar a la apelación de Ar Zinc, ex Sulfacid, y desactivó la resolución que ordenaba iniciar de inmediato tareas de saneamiento en el predio de Fray Luis Beltrán.
El predio tiene 50 hectáreas, queda entre la Ruta Nacional 11 y el Paraná, y allí la empresa dejó unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos, entre ellos jarosita, plomo, cadmio y arsénico.
La medida revocada fue dictada el 25 de septiembre por el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, quien ordenó a Ar Zinc estabilizar la barranca y contener los depósitos de jarosita en un plazo máximo de ocho meses.
Beltramone sostuvo que la Justicia Penal no puede fijar cronogramas técnicos ni anticipar soluciones ambientales y devolvió el expediente al fuero civil y administrativo. Para el camarista, la cautelar impuso “una estructura de prestaciones de significativa complejidad” que desborda la competencia penal.
El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, había pedido una medida cautelar por el riesgo de desmoronamiento de la barranca lindera al río y por la filtración de jarosita. Argumentó que el fenómeno El Niño aumentaba el peligro por lluvias intensas y suba del nivel del río.
La empresa, con patrocinio del abogado Jorge Resegue, apeló alegando que el fuero penal invadía competencias técnicas, modificaba plazos de contratos y exigía soluciones no definidas por el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Beltramone aceptó ese criterio.
El pasivo fue generado bajo la órbita de Glencore, dueña de Ar Zinc desde 2005 hasta el cierre en 2016.
En 2021, la empresa pasó a manos de Integra Capital, grupo de José Luis Manzano, con inversiones en petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica.
Desde el municipio de Fray Luis Beltrán y la querella advierten que Glencore mantiene responsabilidad solidaria en los ámbitos civil y penal, aunque ninguna de las dos empresas quiere hacerse cargo de las obras.
La decisión judicial deja sin medidas preventivas inmediatas un pasivo que, según alertaron especialistas, es severo. El expediente vuelve a un fuero donde la remediación puede demorarse mientras los residuos siguen filtrándose a las napas y drenando hacia el río.
La remediación se complica por la reticencia empresaria a asumir el compromiso fijado por ley. Nadie quiere hacerse cargo de las millonarias obras necesarias.
El grupo Vila-Manzano nuclea inversiones en petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica a través de la distribuidora Edenor. Manzano tuvo relevantes adquisiciones bajo la gestión del presidente Javier Milei.
Hasta hace diez años, el predio elaboraba lingotes de zinc electrolítico y ácido sulfúrico. Allí quedaron sin medidas preventivas los depósitos que hoy filtran a las napas y drenan hacia el río.
Comentarios (10)
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Que la Justicia Penal no pueda fijar plazos es una excusa para que la contaminación siga. Ocho meses era poco, pero al menos era algo.
Exacto. Si ahora lo mandan al fuero civil, van a pasar años y el Paraná sigue recibiendo jarosita.
Manzano con adquisiciones bajo Milei y nadie quiere hacerse cargo de la basura tóxica. El Estado no puede ser el que pague por los negocios.
No todo es el Estado. La empresa tiene que responder por el daño, pero también falta control ambiental serio.
Control ambiental serio? En Santa Fe siempre aparece cuando ya pasó la catástrofe. Ojalá no sea tarde.
Lo que me preocupa es que el expediente vuelva al fuero civil. En estos temas, los plazos se estiran hasta que la causa se enfríe.
Por eso. Con el fuero civil, la empresa tiene tiempo para apelar, pedir pericias y seguir contaminando.
No hay que quedarse mirando. La presión de la comunidad y de la querella es la única que puede acelerar la remediación.
Lo que falta es que el fuero civil no se quede esperando pericias eternas. Ocho meses era un plazo ajustado, pero al menos obligaba a moverse.
Ojalá la querella y el municipio no bajen la presión. Si el expediente se enfría, el Paraná paga la cuenta.