Una escuela de Rosario quedó bajo la lupa tras una grave denuncia de violencia digital presentada por familias de estudiantes del nivel secundario del colegio Verbo Encarnado.
Las familias se presentaron el miércoles por la tarde ante las autoridades y manifestaron que los derechos de sus hijas habían sido vulnerados por compañeros de la institución. La acusación activó un protocolo institucional que, a 48 horas de conocerse, sigue en pleno desarrollo.
La hermana Wanda, representante legal de la institución, señaló a La Capital que “Consideramos que hacemos un trabajo muy serio y prudente”. Su declaración busca dar cuenta de la forma en que la escuela está abordando la situación mientras avanza el protocolo.
El caso vuelve a poner en el centro el cuidado de los estudiantes en los entornos digitales, donde una agresión puede extenderse con rapidez y dejar marcas profundas en la vida escolar. En una institución educativa, la respuesta no solo implica contener a las familias, sino también revisar las dinámicas entre pares.
La presentación de las familias muestra que la comunidad educativa está buscando una salida formal frente a una situación que involucra a estudiantes del secundario. En ese marco, el protocolo se convierte en la herramienta para ordenar la investigación, proteger a las personas involucradas y definir los pasos siguientes.
Mientras el procedimiento continúa, la escuela sostiene que trabaja de manera seria y prudente. Esa afirmación aparece en un momento delicado, cuando las familias esperan respuestas claras y la institución debe equilibrar el criterio con la necesidad de dar cuenta de lo que se está haciendo.
La violencia digital no se limita a una pantalla: puede afectar la convivencia, la autoestima y el desempeño académico de quienes la sufren. Por eso, la respuesta de una escuela no puede quedarse en el silencio, sino que debe articular acciones concretas para prevenir nuevas agresiones y acompañar a las víctimas.
El caso del colegio Verbo Encarnado queda ahora en observación pública, con la expectativa de que el protocolo institucional permita esclarecer los hechos y restablecer un clima de respeto dentro de la comunidad escolar.
Para las familias, la vulneración de derechos no es un hecho menor: implica una afectación directa sobre sus hijas y sobre la confianza que depositan en la escuela. La presentación ante autoridades busca que la institución asuma un rol activo, no solo como espacio de enseñanza, sino también como garante de un entorno seguro.
A 48 horas, el proceso sigue abierto y la información disponible es limitada. En ese escenario, la prudencia institucional resulta clave para no anticipar conclusiones, pero también para que las familias perciban que la denuncia fue recibida con seriedad y que hay un camino institucional para resolverla.
Comentarios (8)
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Ojalá el protocolo sirva para que no quede en una reunión y se acompañe a las chicas.
Concuerdo, pero también hay que ver si la escuela tiene personal capacitado para esto.
Exacto, no alcanza con un protocolo en papel. Hay que capacitar a docentes y directivos.
Me preocupa que a las 48 horas todavía no haya más información. Las familias necesitan respuestas.
Cada vez más violencia digital en las escuelas y los adultos no saben cómo frenarla.
Lo que más me duele es que sean compañeras. La convivencia se rompe y después cuesta volver.
Sí, y también que no se expone a las víctimas. La prudencia es clave.
Espero que no minimicen la denuncia. Las chicas tienen derecho a que se investigue a fondo.