El diputado nacional Eduardo Valdés lanzó una denuncia contra el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por una supuesta venta de tierras con información privilegiada.
Según el legislador, el país atraviesa un limbo jurídico y la sensación de que Argentina es una zona liberada. Valdés afirmó que la sociedad no aguanta más el DNU 60, al que calificó de vergüenza.
El punto central de la denuncia fue la actividad de una inmobiliaria llamada Loma Alta Propiedades. Según Valdés, dos días antes del fallo, la firma ofrecía 3.000 hectáreas de tierra con un lago en un aviso en inglés y español.
El diputado pidió saber quiénes compraron tierras en esos nueve días con información privilegiada. Cuestionó que la Corte tuvo el expediente dos años y seis meses y luego liberó la venta de tierras el 29 de septiembre.
Para Valdés, ese vacío legal fue aprovechado deliberadamente: «Durante nueve días en Argentina hubo un festín». También preguntó cuál es el valor de los protocolos de escribanos que permanecieron abiertos para concretar esas operaciones.
El congresista exigió la derogación inmediata del decreto presidencial y señaló que la Corte Suprema debería haberlo derogado al leer el artículo I. A su criterio, la emergencia solo puede ser declarada por el Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Más allá de la cuestión territorial, Valdés reclamó soluciones urgentes para la renovación de la emergencia del colectivo de personas con discapacidad y para el financiamiento de las universidades públicas. Afirmó que existen fallos judiciales que exigen al Gobierno cumplir la ley universitaria.
La denuncia vuelve a poner el foco en la seguridad jurídica, la transparencia de las operaciones inmobiliarias y el uso de decretos de emergencia. En un contexto de crisis institucional, el caso obliga a revisar quién accede a información sensible y cómo se protegen los derechos de propiedad.
El legislador insistió en que el proceso judicial no fue transparente y que la temporalidad del fallo generó un vacío legal. A su entender, ese período habilitó operaciones que ahora deben ser revisadas con los protocolos de escribanos y la trazabilidad de los compradores.
La denuncia también remarcó que el Gobierno no puede sostenerse en resoluciones judiciales momentáneas para eludir el cumplimiento de la ley. Valdés sostuvo que la administración actual «lo que quiere es no cumplir las leyes» mientras, a su criterio, se avanza en la venta de la Argentina.
El caso quedó en el centro del debate por la seguridad jurídica y la propiedad privada.
Comentarios (9)
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La seguridad jurídica es clave. Si una inmobiliaria anticipó el fallo, hay que revisar los protocolos de escribanos.
Otro festín de la casta. El Estado genera incertidumbre y los que saben se llevan las tierras.
No es solo casta. El DNU 60 dejó un vacío legal y la emergencia solo puede hacerla el Congreso.
Bancado, pero la Corte también tardó dos años y seis meses. No es solo el decreto.
Me preocupa el limbo jurídico. Hay que ver quiénes compraron en esos nueve días.
Que investiguen a Loma Alta Propiedades. No puede ser que ofrezcan 3.000 hectáreas con lago antes del fallo.
También hay que resolver universidades y discapacidad, no solo tierras.
Esperanza: si se revisan los protocolos, se puede frenar el festín.