A menos de tres semanas de la quiebra de Algodonera Avellaneda, cinco empresas manifestaron interés en los activos de la histórica fábrica textil ubicada en Reconquista, Santa Fe.
Entre las firmas preinscriptas figuran Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti SATIC, ENOD SA y Bolton SA.
El juez Fabián Lorenzini, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, autorizó visitas a las instalaciones para que los posibles compradores evalúen su estado y analicen una eventual adquisición.
La decisión quedó plasmada en una resolución firmada el martes 3 de noviembre, en la que Lorenzini tomó conocimiento de las cinco empresas informadas por la sindicatura, en el marco del proceso de preinscripción dispuesto el 23 de octubre.
Según estableció el magistrado, las visitas deberán coordinarse bajo el control y la supervisión de la sindicatura. Los potenciales compradores podrán acceder a información técnica y recorrer las plantas industriales para conocer las condiciones de los activos.
La aparición de estas firmas representa un avance en la búsqueda de alternativas para el futuro de la compañía, aunque todavía no implica la presentación de ofertas económicas concretas ni garantiza una operación de compra. El plazo para la preinscripción permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre de 2026, a las 12.45.
El objetivo de la Justicia es identificar inversores que puedan hacerse cargo de las unidades productivas vinculadas con la cadena del algodón, desde el procesamiento de la fibra hasta la fabricación de hilo y tela. Lorenzini concedió una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales para profundizar el análisis de la situación de los establecimientos.
La decisión se fundamentó en la complejidad técnica, operativa y económica de las distintas plantas y en la necesidad de evaluar su continuidad como unidades productivas antes de avanzar con la liquidación de los bienes. La búsqueda de posibles compradores se inició luego de que fracasara el proceso de salvataje de la empresa.
Al no presentarse interesados en esa instancia, el magistrado decretó la quiebra el 14 de octubre y abrió una nueva etapa para determinar el destino de los activos. Durante una audiencia con trabajadores, representantes sindicales y acreedores, el juez había anticipado su intención de convocar a inversores antes de fin de año.
La prioridad es encontrar alternativas que permitan mantener las instalaciones operativas y preservar las fuentes laborales. Además de las plantas industriales, la Justicia busca acelerar la venta de bienes no esenciales u ociosos para generar liquidez y afrontar salarios e indemnizaciones.
Entre ellos se encuentra un inmueble ubicado en Sáenz Peña al 1074, en la Ciudad de Buenos Aires, por el que también se recibirán ofertas hasta el 11 de noviembre. El magistrado aclaró que tanto la preinscripción como las propuestas por los bienes tienen carácter preliminar.
Por lo tanto, la presentación de una oferta no otorga automáticamente derechos de compra, ya que cualquier operación deberá contar con autorización judicial y podrá estar sujeta a mejoras de las propuestas. Uno de los principales obstáculos para sostener la actividad de Algodonera Avellaneda es su delicada situación financiera.
La empresa acumula compromisos por más de US$260 millones y una deuda superior a los $4.600 millones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe. La empresa recibió una intimación de pago el 26 de octubre, con un plazo que vencía el 5 de noviembre y la advertencia de un posible corte del suministro eléctrico.
Frente a ese escenario, Lorenzini solicitó a la sindicatura que informe cuáles serían las consecuencias de una eventual interrupción del servicio para el funcionamiento de las plantas.
Comentarios (10)
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Que al menos haya cinco firmas mirando los activos. Si no se mueve la Justicia, los 300 puestos se caen en la primera semana.
De acuerdo, pero que no sea solo preinscripción. Que presenten números y plazos.
Con $4.600 millones de deuda con EPE, cualquier inversor va a mirar dos veces. El Estado provincial no puede seguir dejando que se paralice la planta.
Otra vez la casta sindical quiere que el Estado pague. Que compren los activos o que cierren, pero no más subsidios.
No es casta, son 300 familias que necesitan trabajar. Si la planta se vende, que garanticen empleo, no que despidan a mitad de año.
Garantizar empleo es un cuento. Si la empresa está en quiebra, el que compra va a ajustar costos. Mejor que se vayan con indemnización.
Que se venda el inmueble de Sáenz Peña 1074 para pagar salarios e indemnizaciones. Eso sí es urgente.
De acuerdo con vender el inmueble, pero el juez hizo bien en pedir informe sobre el corte de luz. Sin energía, la planta no funciona.
Ojalá no sea Vicentin la que se lleve todo. Con la historia que tienen, me da miedo que sea solo una operación financiera.
Lo importante es que la preinscripción siga abierta hasta el 11 de noviembre. Ojalá haya ofertas reales y no solo nombres.