Lo que parecía una operación logística de rutina se convirtió en una disputa política con olor a pólvora y a soberanía. El amarre del buque petrolero de bandera británica VS Promise en el puerto de Ushuaia encendió esta semana una pelea entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego que va mucho más allá de un simple trámite portuario.
La polémica estalló el lunes cuando se confirmó la presencia de la embarcación en la terminal marítima de la capital fueguina. El Ejecutivo provincial no tardó en reaccionar: en un comunicado oficial expresó su «repudio y rechazo enérgico» y calificó la situación de «inadmisible». El argumento es contundente y tiene historia: la provincia de Tierra del Fuego cuenta con una normativa vigente que prohíbe de forma explícita la permanencia, el abastecimiento y el amarre de navíos con insignia del Reino Unido en sus puertos, como parte del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Pero hay un dato que complica el cuadro: el puerto de Ushuaia, si bien es propiedad provincial, está intervenido por el Gobierno nacional desde enero de 2026 a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Esa intervención, que además está bajo un proceso judicial todavía no resuelto, es el nudo central del conflicto. Para la provincia, si la Nación controla el puerto, la Nación es responsable de lo que entra y lo que sale.
La respuesta del Ejecutivo nacional llegó este martes por boca del vocero presidencial Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa habitual salió a desestimar los reclamos fueguinos con una defensa técnica y una contraacusación directa. «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse», leyó el portavoz en un descargo oficial.
El argumento de Ravier tiene dos patas. La primera: el buque no venía de operar en la cuenca Malvinas, sino de trabajar en territorio argentino continental, por lo que la ley provincial —conocida como Ley Guacho Rivero— no aplicaría en este caso. Según explicó, esa norma alcanza únicamente a embarcaciones vinculadas a la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. La segunda pata es más picante: la monoboya por la que operó el VS Promise es de jurisdicción provincial, lo que significa que el propio gobierno fueguino debió autorizar el ingreso. «Fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar», remató Ravier, devolviendo el guante.
Desde la provincia, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, reconoció que el VS Promise estuvo cargando crudo en la zona norte pero admitió desconocer el destino final de la carga y qué petrolera lo contrató. «Lo vamos a averiguar», prometió. Mientras tanto, la plataforma de seguimiento Marine Traffic confirmó el paso previo de la embarcación por la terminal Río Cullen, en el norte de la provincia.
El trasfondo político es imposible de ignorar. La provincia de Tierra del Fuego incluye en su territorio a las Islas Malvinas según la legislación argentina, lo que convierte cada movimiento en ese puerto en un gesto simbólico cargado de significado. Que un buque con bandera del Reino Unido —el mismo país que mantiene la ocupación del archipiélago— opere en la capital de la provincia que reclama esas islas como propias es, cuanto menos, una imagen que incomoda. El gobernador Gustavo Melella lo entendió así y le exigió a Javier Milei que informe «de manera inmediata y pública» bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación.
¿Quién tiene razón en esta disputa? La respuesta no es sencilla. La Nación tiene argumentos técnicos para sostener que no se violó ninguna ley. Pero la imagen de un petrolero británico amarrado en Ushuaia, en el contexto de la intervención nacional de ese puerto y en pleno debate por la soberanía malvinense, es difícil de explicar con un comunicado de prensa. A veces la política no se juega en los juzgados sino en los símbolos. Y este símbolo, guste o no, tiene mucho peso.
Con información de: Rosario3, El Ciudadano, La Capital, El Ciudadano.
Comentarios (13)
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Esto es una vergüenza. No importa si la ley aplica o no aplica: un buque con bandera inglesa amarrado en Ushuaia es una imagen que no debería existir nunca. Hay cosas que van más allá de los tecnicismos legales.
Entiendo la indignación pero hay que leer bien: si el buque no vino de Malvinas sino de Cullen, la ley provincial no aplica. No me gusta pero es lo que dice la norma. La política de soberanía no puede basarse en ignorar el texto de las propias leyes.
Che Romina, y entonces para qué existe la ley si con un tecnicismo la saltean? Mañana viene un destructor de la Royal Navy a cargar combustible y nos dicen que tampoco aplica?
Pipa, un destructor de guerra no es lo mismo que un petrolero comercial. Pero entiendo tu punto, el problema es que la ley debería ser más clara y amplia. Eso es un problema del legislador, no del barco.
Lo que me parece increíble es que Ravier salga a decir que fue Tierra del Fuego quien autorizó el ingreso. O sea, la Nación interviene el puerto, saca a la provincia del manejo, y después cuando hay un problema le tiran la pelota a la provincia. Genios.
Exacto Pereyra. Clásico de este gobierno: cuando conviene, todo es jurisdicción nacional. Cuando hay quilombo, de repente es problema provincial. La intervención del puerto la hicieron ellos.
Yo trabajo en logística marítima y esto pasa más seguido de lo que la gente cree. Los puertos del sur tienen un tráfico enorme de embarcaciones de distintas banderas. El problema acá es político, no operativo.
Melella tiene razón en reclamar pero que explique también por qué la monoboya provincial autorizó el ingreso. Algo no cierra en el relato fueguino.
Me parece que acá todos tienen algo de culpa y ninguno quiere agarrar el problema. Mientras tanto el barco inglés entró, cargó y se va. Soberanía de cartón.
El tema de fondo es que Milei tiene una relación muy cómoda con el Reino Unido y eso se nota en cada decisión que toma respecto a Malvinas. No es casualidad, es política exterior.
Fede, o sea que antes con Cristina todo era soberanía pura? Por favor. Todos los gobiernos negocian con el Reino Unido de alguna forma. No te hagas el sorprendido.
lo q me pregunto es quien contrató al barco ese. alguna petrolera argentina le pagó para que cargue crudo en Cullen. eso también hay que investigar
El secretario Dachary dijo que no sabe qué petrolera lo contrató pero que lo va a averiguar. Ojalá lo digan públicamente cuando lo sepan y no lo dejen caer en el olvido como tantas otras cosas.