El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, tomó posición pública en el caso que sacude a la fuerza policial provincial: la muerte de Mauro Daniel González, un hombre de 35 años que falleció en un calabozo horas después de ser trasladado durante una crisis vinculada al consumo de sustancias. Lejos de distanciarse de los imputados, el funcionario reclamó que se respeten sus garantías constitucionales y advirtió sobre los riesgos de los juicios mediáticos anticipados.
"El policía también es una persona y tiene los mismos derechos humanos y los mismos derechos como ciudadano que usted, que sus compañeros, que todos nosotros. Tiene derecho a contar con los medios adecuados para defenderse", afirmó Cococcioni en declaraciones que generaron debate en la opinión pública.
La Fiscalía imputó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I por el delito de tortura seguida de muerte, mientras que un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado por vejaciones. Se trata de una causa de alto impacto institucional que involucra directamente al personal de la fuerza de seguridad que conduce el gobierno de Maximiliano Pullaro.
El ministro fue claro en señalar que el Ejecutivo provincial no interferirá en la investigación judicial: "Vamos a respetar la investigación, no vamos a interferir, vamos a colaborar en todo lo que nos pidan". Sin embargo, aclaró que hasta el momento el Ministerio de Seguridad tuvo escasa participación en la pesquisa: "No nos han pedido mucho porque ha investigado el fiscal solo, por lo menos sin nosotros".
El argumento central de Cococcioni apunta a un fenómeno que, según él, se repite en el sistema judicial argentino: la brecha entre la espectacularidad de las imputaciones iniciales y lo que finalmente puede probarse en juicio. "Seis, siete, ocho años después salen todos absueltos", sostuvo, y describió el costo humano de ese proceso: carreras policiales paralizadas, perjuicios familiares y personales, y reparaciones que casi nunca llegan.
"Uno puede ver a lo largo de los años cuántos casos ha habido de funcionarios policiales que resultan imputados, se los detiene de manera muy escandalosa, es exhibido el caso, queda paralizada su carrera, con enormes perjuicios personales y familiares que raramente tienen una reparación adecuada", señaló el funcionario. Y agregó con crudeza: "Algunos de los imputados ya se murieron en el camino, otros están con alguna enfermedad".
El ministro también planteó el valor institucional de una defensa sólida dentro del proceso penal, en una afirmación que resume su postura: "Una defensa adecuada es la mejor forma de controlar la actividad de la Fiscalía". La frase no es menor en un contexto donde el Ministerio Público Fiscal tiene cada vez más protagonismo en la agenda de seguridad provincial.
Las declaraciones de Cococcioni se alinean con la posición del gobernador Pullaro, quien también había expresado que el gobierno respetará la investigación sin condicionarla. La tensión entre la demanda de justicia por la muerte de González y el respeto al debido proceso de los acusados marca el eje del debate que se abre en Santa Fe.
Comentarios (13)
Deja tu comentario
Un hombre murió en un calabozo y el ministro sale a defender a los policías. ¿En qué país vivimos? La familia de González merece justicia, no discursos sobre el debido proceso.
Cococcioni tiene razón en algo: el debido proceso existe para todos, también para los policías. Eso no significa que sean inocentes, significa que hay que probarlo. Así funciona el Estado de derecho.
Che, pero el tipo MURIÓ en un calabozo. No se cayó solo. Hablar de garantías cuando hay una víctima concreta me parece una falta de respeto enorme.
Nadie dice que no pasó nada. Digo que hay que probarlo en juicio. Si los policías son culpables, que los condenen con pruebas. Si no, que no arruinen vidas de inocentes. ¿Eso te parece mal?
Lo que dice Cococcioni sobre los casos que terminan en absolución años después es real. Conozco un caso así de cerca. No todo lo que parece en la imputación inicial es lo que termina siendo. Igual, acá hay una muerte, eso es gravísimo.
Pullaro y Cococcioni cuidan a los suyos, como siempre. La política de seguridad de esta provincia es un desastre y cuando pasa algo así salen a proteger a los uniformados.
Discrepo con El Tano. Garantizar el debido proceso no es 'cuidar a los suyos', es cumplir con la Constitución. Si empezamos a saltarnos garantías para los que nos caen mal, después no nos quejemos cuando se las saltan para los que nos caen bien.
Pobrecita la familia de ese hombre. Mientras debaten garantías, ellos están llorando a un muerto. No se olviden de eso.
Tortura seguida de muerte tiene pena de prisión perpetua. Si se prueba, que paguen. Pero si no se prueba, que no destruyan vidas. El sistema tiene que funcionar para todos.
Lo de 'seis o siete años después salen absueltos' que dijo el ministro es una crítica al Poder Judicial más que una defensa de los policías. El sistema judicial argentino es lentísimo y eso tiene un costo humano enorme.
Soy abogada y lo que plantea Cococcioni sobre la defensa adecuada como control de la Fiscalía es técnicamente correcto. El sistema acusatorio funciona así: la defensa fuerte es garantía de un proceso justo. Eso no tiene ideología.
¿Y la familia de González quién la defiende? ¿Quién sale a hablar por ellos con la misma energía?