En el Centro de Justicia Penal comenzó el juicio oral contra Angel G. e Iván G., dos hombres señalados por un hecho de abuso sexual.
La causa se desarrolla a cargo de la jueza Dolores Aguirre Guarrochena, quien preside el debate por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado.
Según la imputación, Angel G. era el abuelo de la víctima y Iván G. su tío, lo que agrega una dimensión especialmente grave al vínculo de confianza roto.
La fiscal Sofía Cudos solicitó 12 años de prisión efectiva para Angel G. y 9 años para Iván G.
La prisión efectiva pedida por la fiscalía busca que la pena se cumpla en establecimiento penitenciario, sin que los imputados queden en libertad durante el cumplimiento.
El inicio del juicio oral marca una etapa decisiva porque la jueza deberá evaluar la prueba, los testimonios y las consecuencias del hecho sobre la niña.
En causas de este tipo, el vínculo familiar resulta central: la confianza que existía entre la niña y sus parientes fue la que permitió que el daño ocurriera.
La gravedad del delito se mide no solo por el acceso carnal, sino también por la agresión a la integridad de una menor en su propio entorno.
La fiscalía pidió una pena alta para Angel G. y otra considerable para Iván G., lo que muestra la magnitud de la responsabilidad que se les atribuye.
Ahora, la jueza Dolores Aguirre Guarrochena deberá definir si la prueba alcanza para condenar y qué pena corresponde a cada uno.
El debate también pone en el centro la protección de la víctima y la necesidad de que el proceso judicial no revictimice a la niña.
La sentencia aún no fue dictada, pero el inicio del juicio oral ya confirma que la justicia avanza sobre un caso de extrema gravedad.
El debate oral es la instancia en la que la justicia puede escuchar de manera directa a quienes aportan prueba sobre lo ocurrido.
La niña es la víctima del hecho y su protección debe acompañar todo el recorrido del proceso, desde la investigación hasta la sentencia.
Que los imputados fueran parientes de la niña hace más doloroso el daño y más urgente una respuesta judicial firme.
La fiscalía ya planteó la pena que considera adecuada, pero la decisión final corresponde a la jueza que preside el juicio.
En un caso de abuso sexual, el vínculo de parentesco y la confianza no son detalles menores: son parte del contexto que explica la vulnerabilidad de la víctima.
La prisión efectiva solicitada para Angel G. e Iván G. busca evitar que la libertad se convierta en un obstáculo para la reparación.
El Centro de Justicia Penal vuelve a ser escenario de un juicio que interpela a toda la comunidad por la gravedad del delito.
La sentencia deberá resolver no solo la culpabilidad de los imputados, sino también la pena que corresponde a cada uno.
Con información de: La Capital, fuente periodística.
Comentarios (10)
Deja tu comentario
Que el juicio avance rápido y que la justicia no vuelva a fallar en contra de la niña.
Me duele que el abuelo y el tío fueran parte de la familia. La confianza se rompe para siempre.
Igual, hay que esperar la sentencia. No podemos condenar antes del veredicto.
No es condenar, es exigir que no haya impunidad. La fiscal pidió 12 y 9 años, que se cumpla.
Es importante que la jueza y la fiscal estén al frente de un caso así. Que la niña tenga contención.
Contención es clave, sí. Pero también que el proceso no dure años.
12 años para el abuelo y 9 para el tío parecen poco si se piensa en el daño. Que sea prisión efectiva.
La fiscalía solo solicita; la sentencia la da la jueza. Por eso importa que el juicio oral sea transparente.
Esperemos que el Centro de Justicia Penal garantice el debido proceso y que la víctima no sea revictimizada.
Que la niña tenga acompañamiento y que la sentencia sea firme para que no haya revictimización.