La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 394 “Francisco de Gurruchaga” volvió a ocupar el centro del debate en Rosario tras el ingreso de dos iniciativas en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Los proyectos, impulsados por Miguel Rabbia y Carlos del Frade, exigen al Ministerio de Educación que aclare la situación institucional y responda por las denuncias que pesan sobre el equipo interventor.
El conflicto se intensificó cuando los estudiantes empapelaron distintos sectores de la escuela para visibilizar acusaciones de violencia institucional, maltrato y acoso. Los testimonios, que también circularon en redes sociales, describen respuestas inapropiadas e indolentes ante situaciones críticas, y ahora deberán ser investigadas por las vías institucionales correspondientes.
Entre los relatos expuestos, una estudiante afirmó que un integrante de la intervención la miró fijamente al pecho mientras le exponía el maltrato de una docente. En otro caso, ante un planteo relacionado con la posibilidad de autolesionarse, la contestación de un interventor habría sido “ahí te paso las tijeras”. La gravedad de los señalamientos obliga a una verificación urgente y transparente.
La postura oficial fue ratificada por Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación. La funcionaria sostuvo que la intervención, iniciada en mayo de 2025 por fallas en la conducción previa, busca reorganizar la escuela en sus aspectos pedagógicos, administrativos y sociocomunitarios. Además, restó entidad a las protestas al señalar que los carteles “no tienen asidero” y que no constan denuncias formales sobre situaciones concretas.
En el ámbito legislativo, el proyecto de Miguel Rabbia requiere que el Poder Ejecutivo detalle el mapa completo de las escuelas intervenidas en toda la provincia, con motivos, fechas, actos administrativos y criterios de selección del personal designado. Para el caso de la Gurruchaga, solicita informes sobre el estado de las actuaciones sumariales, el plan de acción ejecutado y los mecanismos de evaluación implementados.
Por su parte, Carlos del Frade impulsó una propuesta de apertura comunitaria: que los motivos de la reorganización y los avances alcanzados sean explicados a la institución mediante asambleas participativas y abiertas. En sus fundamentos, el legislador dejó constancia de problemáticas cotidianas como baños clausurados, falta de respuestas a demandas sobre Educación Sexual Integral y desatención generalizada hacia las inquietudes del cuerpo docente y estudiantil.
El cruce entre la respuesta oficial y el reclamo legislativo muestra un punto sensible: la falta de un canal claro para que la comunidad educativa pueda acreditar sus denuncias. Mientras el Ministerio sostiene que no constan denuncias formales, los diputados piden que la información sobre la intervención sea pública, verificable y expuesta ante la escuela. En ese marco, la Gurruchaga se convierte en un caso de prueba para la gestión educativa provincial.
Comentarios (10)
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Ojalá la Legislatura no se quede en el pedido formal y exija datos duros. Si hay una intervención, la comunidad tiene derecho a saber qué se está haciendo.
El Ministerio dice que no hay denuncias formales, pero los chicos empapelaron la escuela. Eso no es nada?
Bueno que Del Frade proponga asambleas. Si la escuela está intervenida, que se explique cara a cara.
Me preocupa la frase de las tijeras. Si es cierta, no es una broma, es una señal de gravedad.
Lo de mirar al pecho mientras una chica cuenta un maltrato es inaceptable. Que se investigue con seriedad.
Si no hay denuncias formales, que el Ministerio explique cómo se reciben las denuncias. No puede ser un laberinto.
Me parece importante que se investigue, pero también que se proteja a los chicos que denunciaron.
Si la intervención busca orden, que no se convierta en opacidad. La escuela es de la comunidad.