A partir de la medianoche de este sábado 6 de septiembre de 2026, entró en vigencia en todo el territorio nacional el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma más significativa al sistema de justicia para adolescentes en décadas. La norma, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, reduce la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años: desde ahora, cualquier adolescente que haya cumplido esa edad al momento de cometer un delito puede ser juzgado y penado bajo un régimen especialmente diseñado para menores de 18.
En Santa Fe, la implementación estará a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, conducido por Pablo Cococcioni, quien salió a explicar en detalle cómo se aplicará la normativa en la provincia y a poner paños fríos sobre las expectativas de impacto inmediato. El funcionario fue claro en Radio 2: "el efecto de la ley sobre la inseguridad no será automático", sino que dependerá de su implementación práctica en el territorio.
"El principal disuasivo se va a ver cuando se empiece a aplicar y cuando veamos que en delitos de mediana gravedad para arriba, a lo mejor una persona de 14 o 15 años que estaba acostumbrada o que socialmente estaba instalado que se la llevaba de arriba, empieza a ser detenida, procesada y enjuiciada", precisó Cococcioni. La advertencia es relevante en un contexto donde Rosario acumula años de debate sobre el rol de los menores en la cadena del crimen organizado.
Consultado sobre si la provincia está en condiciones de alojar a los adolescentes separados de los adultos —una exigencia central del nuevo régimen—, el ministro transmitió tranquilidad. Según afirmó, "la mayoría de las cuestiones Santa Fe ya las tenía prácticamente resueltas". Y no es una afirmación sin respaldo: la provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil estructurado bajo los principios del sistema acusatorio, el mismo que ya funciona para adultos. A eso se suma una ley de ejecución de la pena sancionada en diciembre de ese año, con disposiciones aplicables de manera supletoria a menores, y los institutos juveniles que ya están en funcionamiento.
El nuevo régimen plantea dos grandes ramas de medidas: las alternativas a la privación de libertad —no muy distintas a las que ya implementa la Secretaría de la Niñez— y las medidas privativas de la libertad, que quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Dentro de las medidas privativas, el esquema santafesino contempla tres niveles escalonados según la gravedad del delito. El primero y menos restrictivo es la prisión domiciliaria, para la cual Cococcioni anticipó que se solicitará el uso de tobilleras electrónicas. El segundo escalón son los Establecimientos de Puertas Abiertas (ESPA), una institucionalización intermedia que no replica el régimen penitenciario sino que funciona con personal civil en un marco de mayor contención. El tercer nivel, reservado para los delitos más graves y violentos con perfiles criminológicos más complejos, son los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ): establecimientos de puertas cerradas, con un régimen similar al penitenciario, pero en instalaciones específicas para que los menores no compartan espacio con adultos.
La reforma llega en un momento de alta tensión en materia de seguridad en la región. Rosario fue durante años el laboratorio donde se hizo evidente que el sistema anterior tenía grietas: menores utilizados como mano de obra por el crimen organizado, sabiendo que la inimputabilidad los blindaba de consecuencias penales reales. Si la nueva ley logrará modificar esa lógica dependerá, como advirtió el propio Cococcioni, no de la norma en sí sino de cómo se aplique en el territorio.
Con informacion de: Rosario3, La Capital.
Comentarios (15)
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Ya era hora. En Rosario hace años que se veía pibes de 14 y 15 años manejando bandas enteras sabiendo que no les podía pasar nada. Ojalá esto cambie algo, aunque sea un poco.
¿Y los jueces van a aplicar esto o va a ser letra muerta como siempre? Porque leyes tenemos montones y la inseguridad sigue igual.
Algo es algo, amigo. Antes ni siquiera había herramienta legal. Ahora al menos existe.
Sí, claro, 'algo es algo'. Con ese argumento llevamos 20 años de 'algo'. Mientras tanto mi barrio parece zona de guerra.
Soy trabajadora social y esto me preocupa mucho. Un pibe de 14 años en un CERPJ de puertas cerradas no sale rehabilitado, sale peor. El Estado tiene que invertir en prevención, no solo en encierro.
Señora Silvia, con todo respeto, dígale eso a las familias de las víctimas de esos 'pibes'. La prevención está muy bien pero alguien tiene que hacerse cargo de los delitos que cometen.
Nadie dice que no haya consecuencias. Digo que el encierro solo no funciona, hay décadas de evidencia. Se puede tener consecuencias Y rehabilitación al mismo tiempo.
Lo que dice Cococcioni de que el efecto no va a ser inmediato es honesto al menos. Otros funcionarios te venden que la ley sola resuelve todo. La implementación es lo que importa.
Que Santa Fe ya tuviera el código procesal juvenil desde 2023 es un dato importante que no se menciona casi nunca. Pullaro armó esto antes de que saliera la ley nacional. Eso es gestión.
jajaja gestión dicen, si en rosario seguimos con los mismos problemas de siempre. que me vengan a hablar de gestión
Me parece bien que haya tobilleras para los casos más leves. No tiene sentido meter a un chico de 14 en un instituto si el delito no fue grave. Hay que ser inteligentes con esto.
y quien paga las tobilleras? el estado? porque si no hay presupuesto esto no funciona ni en pedo
Lo que me preocupa es si hay suficientes CERPJ en la provincia para alojar a todos los que van a caer. Espero que Cococcioni tenga eso resuelto de verdad y no sea solo palabras.
En mi barrio hay familias que tienen miedo de denunciar porque saben que al menor lo sueltan al otro día. Si esto cambia esa lógica, bienvenido sea.
El problema no es la edad de imputabilidad, el problema es la pobreza y el narco que recluta pibes. Esto es parche sobre parche.