Lo que une a Joaquín Pérez y a Ariel Simoncini no es solo la brutalidad con la que murieron. Los une un nombre, un acusado, un hilo invisible que la Justicia de Rosario tardó en encontrar pero que este martes quedó expuesto en una sala de juicio oral.
Dos familias. Dos barrios. Dos años de diferencia. Y un mismo imputado sentado frente al tribunal, con dos pedidos de prisión perpetua sobre la mesa.
El debate oral comenzó este martes 22 de septiembre y reúne en un mismo proceso los asesinatos de dos hombres que no se conocían entre sí pero que compartieron la peor de las suertes: cruzarse con quien no debían, en el momento equivocado, en una ciudad que sigue contando sus muertos.
Joaquín Pérez era arquitecto. Vivía en Arroyito, uno de esos barrios rosarinos de casas bajas y vecinos que se conocen de vista. En 2021, volvía a su casa cuando un grupo de ladrones lo interceptó para robarle el auto. Le dispararon. No sobrevivió. Tenía toda una vida por delante y se la cortaron por un vehículo.
Ariel Simoncini era comisionista. En 2023, acordó por Marketplace la compra de una moto y fue a cerrar el trato a una esquina de Alberdi. Lo que parecía una transacción cotidiana —de esas que hacemos todos, que hacemos sin pensarlo— terminó en un asalto y en su muerte. Dos años después del crimen de Pérez, la misma lógica criminal, el mismo desprecio por la vida ajena.
¿Cuántas veces vamos a leer esta historia? ¿Cuántas familias más van a tener que sentarse en una sala de tribunales a revivir el peor día de su vida?
Lo que hace singular a este juicio es precisamente eso: que la fiscalía logró trazar el vínculo entre ambos casos. El nexo no es la modalidad —aunque el robo con homicidio es una constante que debería avergonzar a cualquier gestión de seguridad— sino un mismo implicado que aparece en los dos expedientes. Ese dato, que en la investigación fue la pieza que faltaba, ahora es el eje del debate.
El proceso también involucra testigos reservados, una figura que en Rosario se usa cada vez más en causas donde declarar en público puede costar la vida. No es un detalle menor: habla del nivel de miedo que todavía existe en esta ciudad, de la cultura del silencio que el crimen organizado —y también el crimen común— ha instalado en los barrios.
El acusado enfrenta la pena máxima que prevé el Código Penal argentino. Sus defensores tendrán que explicar qué hacía ese hombre en esos dos momentos, en esos dos lugares, con esas dos víctimas. La fiscalía, por su parte, deberá sostener una acusación que cruza dos causas y dos años de investigación.
Mientras tanto, las familias de Joaquín Pérez y de Ariel Simoncini esperan lo que toda familia en su lugar espera: que alguien responda. Que haya una condena. Que sirva de algo.
En Rosario, esa espera suele ser larga. Ojalá esta vez no lo sea.

Comentarios (13)
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Dos familias destruidas por la misma persona y recién ahora hay juicio. Cinco años después del primero de los crímenes. Eso también es una condena, pero para las víctimas.
Mi hijo me manda ubicación cada vez que va a cerrar una venta por Marketplace. Eso no debería ser necesario. Vivimos con miedo constante.
Ojalá salga perpetua de verdad y no algún beneficio a los 15 años. Acá siempre hay alguna vuelta legal.
Hay que reconocer que la investigación hizo bien su trabajo si logró unir dos causas de dos años distintos con el mismo acusado. Eso no es fácil.
Sí, muy bien la investigación, pero mientras tanto dos personas muertas y sus familias esperando justicia años. No me parece para aplaudir tanto.
No dije que hay que aplaudir, dije que hicieron su trabajo. Son cosas distintas. La demora judicial es otro problema, no de la investigación.
El tema de los testigos reservados me da escalofríos. Significa que hay gente que sabe cosas y tiene miedo de hablar en público. ¿En qué ciudad estamos viviendo?
Los testigos reservados existen en todo el mundo, no es exclusivo de Rosario. Es una herramienta legal para proteger a quienes colaboran con la Justicia.
Sé que existe en todo el mundo, Jorge. Pero acá se usa cada vez más seguido. Eso dice algo de cómo estamos.
El de Simoncini me partió el alma cuando pasó. Fue a comprar una moto y lo mataron. Podría haber sido cualquiera de nosotros.
Espero que las familias encuentren algo de paz con este juicio. No les devuelve nada, pero al menos es un reconocimiento de lo que vivieron.
¿Y el Estado qué? ¿Nadie responde por los años que estas familias estuvieron sin respuestas? La condena al acusado está bien, pero el sistema también falló.
Lo de Pérez en Arroyito lo recuerdo perfectamente. El barrio quedó en shock. Que haya juicio cinco años después es necesario, aunque llegue tarde.