La violencia narcocriminal volvió a golpear en el corazón de la vida cotidiana rosarina: dos escuelas del Gran Rosario y un colectivo del transporte urbano de pasajeros recibieron mensajes intimidantes vinculados a personas presas o señaladas por su participación en el asesinato de un joven de 19 años. Los hechos generaron alarma entre docentes, familias y trabajadores del transporte, sectores que desde hace años conviven con una tensión que no debería ser parte de su rutina.
Según la información disponible, los mensajes fueron dirigidos a transmitir advertencias relacionadas con imputados o sospechosos de un homicidio reciente. La elección de los blancos no es casual: las escuelas y el transporte público son espacios de alta circulación popular, y su intimidación tiene un efecto multiplicador sobre el miedo comunitario. Es una táctica conocida en la lógica del crimen organizado: cuando se quiere presionar, se elige donde más duele a la gente común.
Este tipo de amenazas sobre instituciones educativas ya tiene antecedentes en Rosario. En los últimos años, docentes, directivos y familias han sido blanco de mensajes que buscan condicionar testimonios, proteger a integrantes de bandas o simplemente demostrar poder territorial. La escuela, que debería ser un refugio, se convierte así en un escenario más de la disputa narco.
El transporte público, por su parte, también ha sido utilizado en reiteradas ocasiones como soporte de mensajes intimidantes. Los colectiveros —trabajadores que sostienen la movilidad de miles de rosarinos cada día— quedan expuestos a una violencia que no eligieron y que el Estado tiene la obligación de erradicar. Los gremios del transporte han reclamado históricamente mayores garantías de seguridad para sus afiliados.
El contexto es el de una ciudad que lleva años en el centro de la crisis de seguridad más grave de su historia reciente. Rosario acumula una tasa de homicidios que la ubica entre las más altas del país, con bandas narcocriminales que disputan territorios y utilizan la violencia —o la amenaza de ella— como herramienta de control. Las fuerzas de seguridad y la Justicia trabajan en la investigación de estos hechos, aunque la sensación de impunidad sigue siendo una preocupación central para los vecinos.
Desde el municipio, la gestión de Pablo Monteverde ha insistido en la necesidad de articular políticas de seguridad con el gobierno provincial y nacional, entendiendo que la violencia narco no se resuelve solo con más patrullaje sino con inversión social, presencia del Estado en los barrios y fortalecimiento de las instituciones comunitarias. Las escuelas amenazadas son, precisamente, parte de esa red institucional que el crimen organizado busca debilitar.
La investigación de los mensajes intimidantes quedó en manos de las autoridades competentes. Mientras tanto, docentes, choferes y vecinos siguen esperando respuestas concretas que les permitan recuperar la tranquilidad en los espacios que son, por definición, de todos.

Comentarios (14)
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Soy docente y esto me parte el alma. Uno va a trabajar con miedo, los chicos van a la escuela con miedo, los padres mandan a sus hijos con miedo. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar esto?
La escuela es sagrada. Que se metan con una escuela para mandar mensajes dice todo de esta gente. Todo.
Y mientras tanto los políticos se pelean entre ellos. Provincia, municipio, nación... todos se tiran la pelota y los que pagamos somos los vecinos de siempre.
Monteverde habla mucho de articular con provincia y nación pero los resultados concretos no se ven. Las escuelas siguen siendo blanco, el transporte sigue siendo blanco. ¿Cuándo cambia algo?
Con todo el respeto, el municipio solo no puede resolver el narco. Eso requiere política nacional, reforma judicial, trabajo social de largo plazo. No es justo cargarle todo a Monteverde.
Sí, entiendo eso Lucas, pero algo más se puede hacer. No pido milagros, pido que no normalicemos que amenacen escuelas como si fuera algo de todos los días.
Los colectiveros son laburantes que se levantan a las 4 de la mañana para que vos puedas ir al trabajo. Que los usen para mandar mensajes de amenaza es una vergüenza total.
Mi hijo va a una de las escuelas del Gran Rosario y aunque no sé si es una de las afectadas, igual me genera angustia. Uno ya no sabe si mandarlos o no.
paren de culpar a los vecinos del barrio, no todos somos narcos, la mayoría somos laburantes que también sufrimos esto
La nota dice que hay detenidos vinculados al asesinato del pibe de 19 años. Algo está funcionando en la investigación. Eso hay que reconocerlo también, no todo es catastrofismo.
¿Funcionando? ¿Funcionando decís? Hay detenidos y aun así mandan amenazas a escuelas. Eso no es que funciona, eso es que el problema es mucho más grande que unos pocos presos.
No dije que está resuelto, dije que algo funciona. Hay diferencia entre reconocer avances y decir que todo está bien. Pero bueno, entiendo la bronca.
Que triste que tengamos que hablar de esto. Yo soy abuela, mis nietos van a la escuela pública y cada vez que escucho estas noticias el corazón se me aprieta. Rosario merece mucho más.
Los pibes del barrio también son víctimas de esto. Nadie elige nacer donde nace. El Estado tiene que estar presente antes de que el narco llegue, no después.