El gobierno de Maximiliano Pullaro salió a defender el paquete de reformas de seguridad que debate la Legislatura santafesina, en medio de críticas de legisladores opositores, el pleno de la Corte Suprema, la defensa pública y la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.
La respuesta llegó por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien sostuvo que las iniciativas buscan consolidar el plan de seguridad y dotar de “más facultades y competencias a la Justicia, a la Fiscalía”, con herramientas para combatir el delito.
“Siempre hay mucho por hacer, hay un delito que seguir persiguiendo y lo vamos a sostener”, afirmó la funcionaria, y planteó la necesidad de avanzar sobre “toda la cadena de montaje del delito”.
La Asociación de Abogados Penalistas presentó un documento ante la Cámara de Diputados y advirtió que varios cambios podrían habilitar intervenciones estatales con controles judiciales insuficientes.
Entre otros puntos, cuestionó la posibilidad de que la policía interrogue a personas sospechadas antes de su imputación formal, que se realicen juicios en ausencia del acusado y que se admitan pruebas obtenidas ilegalmente bajo el argumento de la buena fe de los agentes.
También objetó la ampliación de los allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de que los fiscales dispongan determinadas medidas cautelares sin autorización previa de un juez. Para la entidad, esas modificaciones pueden afectar el derecho de defensa y garantías constitucionales.
Sin referirse puntualmente a esos cuestionamientos, Coudannes defendió la necesidad de sumar herramientas legales y presentó cifras de los operativos en el departamento La Capital. Según informó, en lo que va del año se realizaron más de 600 mil identificaciones de personas y más de 170 mil de vehículos.
Además, hubo 257 detenidos en 190 procedimientos vinculados con robos de cables, medidores y otros metales. La vocera destacó los controles en chatarrerías y desarmaderos y atribuyó al plan provincial una reducción del 63 por ciento de los homicidios respecto de 2022 y 2023, sin precisar el período de comparación.
La iniciativa está prevista para ser debatida el próximo jueves en la Cámara de Diputados. El debate pone en tensión la seguridad pública y las garantías constitucionales, con un Ejecutivo que insiste en más herramientas y opositores que reclaman límites al poder estatal.
El documento de los penalistas señala que las modificaciones podrían afectar garantías constitucionales, mientras el Ejecutivo provincial insiste en que la seguridad requiere más capacidad operativa. La discusión llega cuando la Legislatura santafesina debe definir el rumbo de la política de seguridad en Rosario.
Con informacion de: El Ciudadano, reforma penal.
Comentarios (10)
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Apoyo que se le den más facultades a la Fiscalía y a la Justicia para perseguir el delito. En Rosario se necesita orden.
El problema es que la reforma permite que la policía interrogue antes de la imputación formal y que haya juicios en ausencia. Eso debilita la defensa.
Justo, y además admitir pruebas obtenidas ilegalmente por buena fe es abrir la puerta a abusos.
Ojo, todavía no está aprobada. La Cámara de Diputados la va a debatir el jueves, así que falta ver el texto final.
Me preocupa la ampliación de allanamientos sin orden judicial. En democracia no puede haber más policía que control.
Si bajaron 63% los homicidios respecto de 2022 y 2023, hay algo que funciona. Aunque falta saber el período exacto.
Concuerdo con las cifras de operativos: 600 mil identificaciones y 170 mil de vehículos en La Capital muestran que hay presencia.
Pero las cifras de la vocera no responden a los cuestionamientos de la Asociación de Abogados Penalistas. Eso es lo que hay que discutir.
Exacto, no alcanza con hablar de resultados si se tocan garantías constitucionales. Hay que frenar lo que no está bien.
Yo no quiero más facultades para la policía sin control judicial. En Rosario ya se sabe cómo termina.