La femicidio-en-san-juan-el-dolor-y-un.html" class="auto-link">Justicia rosarina le puso un número a años de terror en el noroeste de la ciudad: 33 años de prisión para Jonatan Ezequiel "Peco" Almada, el narco de barrio Ludueña que organizó una estructura criminal responsable de decenas de balaceras, intimidaciones a vecinos y hasta amenazas directas a fiscales. El veredicto fue dictado este miércoles 16 de septiembre por los jueces Fernando Sosa, Agustín Valdés Tietjen y Mariano Aliau.
Almada, de 34 años, llevaba detenido desde agosto de 2022, cuando el fiscal Pablo Socca impulsó su captura en plena ola de violencia que azotaba los sectores más postergados de Ludueña, Empalme Graneros e Industrial. Esos barrios del noroeste rosarino, históricamente relegados en términos de inversión pública y presencia estatal, se convirtieron en el escenario de una guerra entre bandas que dejó una marca imborrable: 29 homicidios solo en los primeros seis meses de 2022.
La investigación reconstruyó cómo, en 2021, Almada —hijo de un policía retirado y transa barrial de larga data— tejió una alianza con internos de la cárcel de Piñero que respondían a la marca Los Monos. El cerebro detrás del esquema era Matías "Pino" César, narco de Tablada y hombre de esa organización, quien desde el encierro planificó una avanzada sobre el noroeste para controlar el narcomenudeo. El descontrol carcelario fue el lubricante que hizo posible ese plan: César mantenía contacto permanente con el exterior y designó como "jefes" en la calle a dos presos que conocían bien el territorio, Andy Benítez y Julián Aguirre, quienes recibirán 20 años de prisión cada uno.
En ese esquema, Almada actuó como organizador operativo, el eslabón que traducía las órdenes carcelarias en violencia concreta sobre el territorio. A su lado, Mauro Gerez —ya condenado a 9 años— cumplía el rol de "jefe de sicarios", encargado de reclutar gatilleros, incluso menores de edad. Otra figura clave fue Cristian Fernández, alias "Larva", quien murió acribillado en abril de 2022 en plena guerra con la banda rival de Francisco Riquelme, apadrinada por el capo narco Esteban Alvarado.
Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la complicidad institucional que rodeó a la banda. Entre los condenados figuran el padre de Almada —policía retirado—, la agente Analía Francia —madre de uno de los tiratiros del grupo— y el ex policía José Protti. Además, dos efectivos del Comando Radioeléctrico fueron sentenciados por cobrar coimas y permitir que Almada circulara libremente pese a tener pedido de captura vigente. La trama policial no es un detalle menor: revela cómo el narcomenudeo barrial no prospera en el vacío, sino apoyado en redes de connivencia que erosionan la confianza de los vecinos en las instituciones.
En el juicio, la acusación estuvo a cargo de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone. El proceso tuvo un traspié en julio pasado, cuando el debate oral quedó trunco por el apartamiento de una jueza, lo que obligó a recomenzar con un nuevo tribunal.
El propio fiscal Socca había advertido, hace cuatro años, sobre los límites estructurales de la persecución penal. "Las detenciones que hacemos, el trabajo que hacemos con tanto esfuerzo, creo que no sirven de mucho. Sí creo que se debilita la banda, se le quitan recursos y gente de confianza de la calle. Pero ayer metí presas a casi 30 personas. Hoy ya hay 30 pibes llevando su currículum a Mauro Gerez para entrar a la banda, deseosos de ser narcos", dijo tras uno de los allanamientos. La frase, pronunciada en Radio 2, sigue siendo una radiografía brutal de la situación: mientras no se ataquen las causas profundas —la pobreza, la falta de oportunidades, el abandono estatal de estos barrios— el sistema judicial solo puede achicar el daño, no resolverlo.
La condena a Almada cierra en primera instancia un capítulo oscuro para el noroeste rosarino. Pero los vecinos de Ludueña, Empalme Graneros e Industrial saben mejor que nadie que una sentencia, por más contundente que sea, no alcanza para devolver la tranquilidad a las calles donde sus hijos crecen.
Comentarios (15)
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33 años está bien, pero lo que dice el fiscal Socca es la verdad más dura: mañana hay 30 pibes haciendo fila para ocupar el lugar. Mientras no haya trabajo real en estos barrios, esto no para.
Lo que más me impacta es que reclutaban menores. Pibes que podrían estar en una escuela o aprendiendo un oficio, y los mandan a matar. Eso es lo que hay que atacar de raíz.
Totalmente de acuerdo con Graciela. La condena es necesaria pero no alcanza. Ludueña necesita inversión, centros culturales, trabajo. No solo fiscales y jueces.
Uy sí, inversión en Ludueña... y mientras tanto los narcos llenan el vacío del Estado. Qué novedad. Llevamos 20 años escuchando lo mismo y el barrio sigue igual.
Che, ¿y los dos canas del Comando Radioeléctrico cuánto les dieron? Eso me interesa saber. Porque el narco sin la cobertura policial no llega a ningún lado.
Lo de los policías metidos en la banda me revuelve el estómago. El padre del narco era policía, la madre de otro tiratiro era policía... ¿Cómo se supone que los vecinos confíen en la fuerza?
Bien por la condena, pero que el tipo sea hijo de un policía retirado y que haya más uniformados metidos en la causa dice todo. El problema es sistémico, no individual.
Yo vivo acá y les juro que los años que duró esta banda fueron un infierno. No podías salir a la noche, los chicos no podían ir a la escuela tranquilos. Ojalá esto sirva de algo.
33 años es una condena importante, hay que reconocerlo. Pero el tipo va a seguir manejando cosas desde adentro, como hizo César desde Piñero. La cárcel no corta el negocio.
Discrepo con los que dicen que la condena no sirve. Claro que sirve: saca a un organizador de la calle, debilita la estructura, manda un mensaje. No es la solución total pero tampoco es nada.
Mensaje para Diego: el propio fiscal dijo que no sirve de mucho. ¿Le vas a discutir al tipo que investigó el caso? Jajaja.
buen fallo. ojalá no salga en 10 por buena conducta
Y el Riquelme ese que se enfrentaba con Almada, ¿está preso? ¿O sigue suelto haciendo lo mismo? Porque si es así, el problema no se resolvió ni un poco.
Me alegra que haya justicia pero no puedo dejar de pensar en los 29 muertos de ese primer semestre de 2022. Familias destruidas. Una condena no les devuelve nada.